Aguiar anticipó cortes de ruta de ATE en rechazo al Pacto de Mayo: «No van llegar a Córdoba»
Aguiar confirmó medidas de protestas para los próximos días en rechazo a la Ley Bases que se abrirá camino en el Senado. Ademas, argumentó que habrá cortes de ruta de cara al Pacto de Mayo en Córdoba. Qué dijo el secretario general de ATE.
El secretario general de ATE Nacional convocó a la movilización y la resistencia activa contra de Ley Bases, destacando la importancia de la acción sindical en la defensa de los derechos laborales. Aguiar anunció planes de protesta, incluyendo movilizaciones a Techint y a Córdoba en la previa al Pacto de Mayo, como una forma de expresar el rechazo de los trabajadores a las políticas que vulneran sus derechos. «No los vamos a dejar llegar a Córdoba», dijo el líder gremial.
«Quiero anticipar acá que estamos construyendo una movilización a Techint, nos vamos a movilizar porque ahí ahí está la mayor parte del gobierno», argumentó el gremialista y reforzó «si quieren mejorar las cuentas públicas, las pueden mejorar sin destrozar la vida de la gente».
Por otra parte, destacó el rol del sindicalismo en la marcha por el Día del Trabajador y le envió un fuerte mensaje al Ejecutivo nacional. Consideró que, las movilizaciones empiezan a transformar la incertidumbre y la angustia, en enojo y en bronca. «Tenemos el desafío, los sindicatos, de seguir organizando nuestro rechazo esta Ley Bases», aclaró.
Respecto a la firma del denominado Pacto de Mayo, Aguiar ratificó que los estatales se movilizarán el próximo 25 a Córdoba y no dejarán llegar a los gobernadores. «No los vamos a dejar llegar, vamos a intentar bloquear todas las rutas a ese contrato de la entrega a al pacto de la entrega«, dijo e insistió en que, «hay que hacer un contrato de defensa de la patria».
«Cuando el presidente les dijo los voy a fundir, voy a desfinanciar a las provincias, es efectivamente lo que está ocurriendo en este momento», cerró.
«El fraude laboral más grande de la historia», dijo Aguiar tras los despidos de marzo y el inminente cese de junio
En una entrevista con C5N, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expuso su oposición hacia la reciente media sanción en Diputados de la Ley Bases. Habló de la emergencia laboral, catalogándola como un «ataque al trabajo y la dignidad». Además, destacó que esta legislación representa un retroceso significativo en materia de derechos laborales y advirtió sobre las consecuencias negativas que traerá consigo para los trabajadores argentinos.
El líder de ATE manifestó su preocupación por las disposiciones de la ley, que, según él, «vulneran gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores». Aguiar denunció la precarización laboral y la pérdida de protecciones legales que esta normativa implica, afirmando que «nos están poniendo frente a un escenario de eutanasia social».
Enfatizó que la Ley de Emergencia Laboral debilitará la protección del trabajo en un momento de crisis económica y social, y criticó duramente la falta de diálogo por parte del gobierno. «El gobierno no está dispuesto a negociar ni a modificar sus acciones», dijo y argumentó que la movilización «será la única vía para defender los derechos de los trabajadores».
«La cifra exacta el dato oficial se conoció anoche: hay 13.253 trabajadores cesanteados en el Estado Nacional. Van por los 70.000 y lo vamos a evitar», respondió Aguiar, en medio del conflicto por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado.
Y completó que, de aprobarse la Ley Bases en el Senado, sería la «precarización de los trabajadores y el fraude laboral más grande de la historia en la Administración Pública. Con este gobierno, reprecarizaron a los trabajadores no despedidos que los volvieron contratar por 90 días».
Ley Bases y una reforma laboral que llena de incertidumbre la estabilidad de 100 mil estatales
El gobierno dio un paso significativo hacia lo que denomina una futura «reestructuración del empleo público» con la obtención de la media sanción del proyecto de Ley Bases por parte de Diputados. Más de 100.000 empleados públicos de planta permanente podrían estar en la mira de esta iniciativa, que busca reducir el sobredimensionamiento del sector estatal y dotar al Ejecutivo de mayores facultades para reorganizar la administración nacional.
Las medidas propuestas, que incluyen la posibilidad de disponibilidad y despido, ya generan preocupación y cuestionamientos sobre el impacto social y laboral de esta reforma en los organismos del Estado.
En una sesión que reflejó tensiones y debates acalorados, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Bases, que incluye un capítulo específico sobre el empleo público. Con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención, se allanó el camino para una potencial reestructuración del sector estatal.
Cabe destacar que, pese a obtener un resultado favorable en el recinto de la Cámara Baja, el Ejecutivo deberá esperar la votación que se realice en el Senado.
El proyecto, según lo establecido en su capítulo IV sobre «empleo público», flexibilizará las condiciones de estabilidad laboral fijadas en la ley marco de regulación de empleo público de 1999. Esto implica que el personal de planta permanente podría ser afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o funciones asignadas, o por una reducción de dotación considerada excesiva.
Una de las principales novedades del proyecto es la posibilidad de que el personal en situación de disponibilidad sea despedido automáticamente luego de un periodo máximo de hasta doce meses, en caso de no formalizar una nueva relación laboral.
Esto marca un cambio significativo en la gestión del empleo público, ya que hasta ahora el régimen de disponibilidad existente desde 1999 no se había utilizado en la práctica.
Según fuentes cercanas al gobierno, más de 100.000 empleados públicos podrían ser alcanzados por estas medidas de reestructuración, una cifra que refleja la magnitud del ajuste propuesto.
Aunque, según la nota que publicó Clarín, aseguraron que «no se echará a ningún empleado de carrera del Estado y que serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios», continúan las dudas sobre la implementación efectiva de esta promesa.
El proyecto también otorga al Ejecutivo la facultad de modificar o eliminar competencias y funciones de organismos de la administración central y descentralizados, así como reorganizar, centralizar, fusionar, escindir o disolver entidades estatales. Esta amplia gama de poderes generó preocupación entre diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los trabajadores del sector público.
Además de las medidas de disponibilidad y despido, el proyecto endurece el régimen disciplinario, limitando los días de apercibimiento o suspensión por incumplimiento del horario e inasistencias injustificadas. Esto podría afectar la estabilidad laboral de muchos empleados públicos, quienes se enfrentarían a sanciones más severas por faltas consideradas leves en el pasado.
A pesar de las críticas y cuestionamientos, el oficialismo sostiene que estas medidas «son necesarias para adecuar el sector público a las demandas y necesidades actuales». Argumentaron que la reforma «permitirá una administración más eficiente y ágil, capaz de enfrentar los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país».
Según datos oficiales a marzo, la administración nacional emplea 330.000 personas. De ese total, hay 108.000 en empresas públicas y sociedades del Estado, 15.000 en otros entes, 22.000 en AFIP y unos 60.000 con contratos transitorios. Así, si se excluyeran esos sectores, el personal de planta permanente que podría ser alcanzado por las medidas de reestructuración rondaría en torno a los 125.000, según fuentes cercanas al gobierno.
Con información de Clarín
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