Malvinas: por qué denuncian “trampas” detrás del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el Congreso

El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que envió el presidente Javier Milei al Congreso para revitalizar el reclamo sobre las Islas Malvinas, promete un debate complejo para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. La oposición denuncia que, detrás de sus 8 títulos y 133 artículos, la iniciativa esconde una serie de “trampas” al modificar el sistema de defensa, de seguridad y de inteligencia nacional, además de atentar contra la libertad de expresión.

El debate se pondrá en marcha una vez que Milei regrese de Estados Unidos, donde se espera que ratifique el compromiso con las Malvinas en el marco de la 81° Asamblea General de la ONU. El Gobierno pidió máxima prioridad para su proyecto, que fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Todas presididas por La Libertad Avanza.

En la oposición ya aparecieron duros cuestionamientos. Agustín Rossi (Unión por la Patria), quien será una de las voces protagónicas como exministro de Defensa, advirtió que de los 8 títulos del proyecto, solo el primero se refiere a la cuestión Malvinas: el resto, observó, son reformas de fondo que “concentran poder en el presidente” y abren la puerta a un accionar peligroso.

Asimismo, el diputado y excanciller Jorge Taiana, del mismo bloque, apuntó que el Gobierno da señales de “apartarse de la ONU” (que obliga a Argentina e Inglaterra a sentarse a dialogar para resolver el conflicto) y “buscar una mediación vía Estados Unidos”. En este contexto, dijo que se busca un “golpe de efecto” y calificó el proyecto como un “Caballo de Troya” por las modificaciones que esconde.

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Punto por punto

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Mientras se elevan penas por la exploración y explotación ilegal de recursos en el espacio marítimo circundante a las Malvinas, se crea un “Régimen de Desistimiento y Regularización” hecho, según el kirchnerismo, para “perdonar a las petroleras”. Este régimen les permitiría a las empresas responsables evadir la pena si cesan la actividad ilegal, si se comprometen a no repetirla, y si pagan la multa correspondiente o reconvierten sus inversiones hacia actividades lícitas en territorio argentino.

Asimismo, denuncian que hay un “gris” sobre las inhabilitaciones ya dictadas por operar en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina, como una que pesa sobre Premier Oil PLC (hoy Harbour Energy PLC). Según enfatizó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), esto ocurre porque se deroga por completo la actual Ley 26.659 “sin una sola cláusula de salvaguarda que preserve las inhabilitaciones ya dictadas”.

Otro de los puntos más criticados es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que será el órgano rector del nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Será encabezado por el presidente y tendrá amplias funciones: bajo este paraguas, Rossi denunció que podrían avanzar de manera dudosa con el derribo de aviones o el hundimiento de buques.

El legislador señaló que este organismo fue “armado a uso y semejanza de Estados Unidos”, donde “es lógico que exista de forma permanente como instituto porque es un país que está permanentemente en guerra”. Por el contrario, Argentina se encuentra en estado de paz y “no necesita una estructura burocrática más para garantizar su seguridad”.

El diputado recordó que hoy ya existe el CODENA (Consejo de Defensa Nacional), que está previsto en la Ley de Defensa Nacional y es convocado por el presidente solo cuando es necesario. Además, el CODENA cuenta con representación de diputados y senadores, que en el proyecto de Milei están ausentes.

Por otra parte, se amplía el rol de las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir en operaciones militares “no convencionales”, sin definir qué significa. Para la principal oposición, esto abre una ventana para que puedan actuar en cuestiones de seguridad interior, algo que rompería con el llamado “consenso democrático”.

El socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) también se expresó en contra de estos cambios. “El Ejecutivo utiliza este llamado a la unidad nacional como fachada para concentrar facultades extraordinarias y erosionar las instituciones democráticas. Intenta concentrar el poder en materia de seguridad pública, desdibujar el rol del Congreso e instalar un estado generalizado de sospecha sobre organizaciones y partidos políticos que habilita la persecución”, aseveró.

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¿Contra la libertad de expresión?

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En uno de sus puntos más controvertidos, el proyecto establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando para un Estado, organización o agente extranjero, “altere procesos electorales” o “manipule la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación”. La pena aumenta a 8 a 15 años si además existen amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

El artículo enfrenta varios problemas. El concepto de “desinformación”, que es abordado desde la teoría y tiene distintas aristas, no está definido en la ley, como tampoco quién lo determina. A su vez, abogados constitucionalistas advierten sobre riesgos de “censura previa”.

“Este nuevo tipo penal está inspirado en Putin, Orbán, Erdoğan, Maduro y Bukele. El objetivo Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”, lanzó el “lilito” Ferraro.

También hay preocupación por el artículo 106, que ya bautizaron en el peronismo como “artículo Gutiérrez-Rubí”. Antoni Gutiérrez-Rubi es el estratega comunicacional que colaboró con la campaña presidencial de Sergio Massa y con quien Milei tiene una inquina personal. El artículo en cuestión prohíbe a personas y empresas extranjeras financiar u organizar campañas electorales.