Techo Digno: fiscales alientan acuerdos de reparación económica con empresarios imputados
Existió otro entendimiento, con suspensión de juicio a prueba, con un constructor acusado por los planes de viviendas de Sierra Grande. En Bariloche fue el primero y la obra se concretó.
En la audiencia, en Viedma, el empresario Gazzia planteó obras en Sierra Grande como reparación economica por su causa. Foto: Mauricio Martín.
El empresario acusado por incumplimientos en la construcción de viviendas en Sierra Grande, en el marco de la megacausa Techo Digno, aceptó realizar una obra en esa localidad como compensación del presunto perjuicio económico causado en el delito que se le imputa por defraudación a la administración pública, como “partícipe necesario”.
Este entendimiento es el segundo cerrado por el Ministerio Público con constructores y es la estrategia impulsada por los fiscales para las investigaciones de Techo Digno, que alcanzan a una docena de municipios y están repartidas en las cuatro circunscripciones.
Este mecanismo de resarcimiento económico comprende -exclusivamente- a los privados porque este “beneficio” y “derecho” no es aplicable a los funcionarios públicos.
En Sierra Grande, el constructor acusado prometió la reparación del techo del cine-teatro de la localidad. El costo de esa obra se estimó entre 32 y 40 millones.
El 2 de septiembre, en los tribunales cipoleños, en el expediente de Fernández Oro (que contiene la acusación para el exintendente Juan Reggioni), el fiscal Santiago Márquez Gauna alentó un acuerdo con el empresario Néstor Sarasola.
Esa solución -afirmó- “ha sido la directiva del Fiscal* General en todos los casos de imputados de Techo Digno que no sean funcionarios públicos”, esgrimió el fiscal jefe y remarcó que es una “política general” y “no exige -aclaró- la totalidad del monto que está determinado en la denuncia”. El empresario rechazó la opción.
El pasado martes, Márquez también planteó esa posibilidad al empresario Raúl Mendiberri, incluido en la investigación por los planes de viviendas de Cinco Saltos donde se acusan a los exjefes comunales Liliana Alvarado y Germán Epul. El constructor imputado evaluaría esa solución penal.
En Sierra Grande se cerró el segundo acuerdo de reparación
En Sierra Grande, el recurso de “resarcimiento económico” prosperó y, este jueves, el juez Juan Brussino avanzó en un acuerdo entre partes para proponer esta instancia de “suspensión de juicio a prueba”, considerando el hecho y la condición del imputado, que así se somete a reglas de pautas por un año, incluyendo la ejecución de obras acordadas con la intendente de Sierra Grande, Roxana Fernández.
Puntualmente, el expediente de Sierra Grande cuestiona el nivel de construcción de 40 viviendas, a partir de un convenio de financiamiento firmado en el 2014 con Nación, con el envío de la totalidad de lo pactado, aunque la ejecución rondó el 34%.
En la causa serrana están imputados los exintendentes Renzo Tamburrini (firmante y ejecutor) y Nelson Iribarren (pagó certificados finales), además del empresario Guillermo Gazzia por Construcciones Normalizadas.
La fiscalía ya elevó el trámite para el control de acusación, como instancia previa para el debate de enjuiciamiento, pero el empresario se apartó y ofreció un acuerdo de reparación económica, que aceptó el fiscal Juan Pedro Peralta y tuvo la participación de la intendenta Fernández.
En concreto, la obra propuesta consiste en el “aislamiento” del techo del cine-teatro de Sierra Grande, con reparación de casi 600 metros cuadrados y un costo estimado por el empresario entre 32 a 40 millones de pesos.
Expediente penal
- 7
- Años de trámite en Río Negro suma la causa de Techo Digno, que fue remitida en el 2018 por la Justicia Federal.
- 34%
- De ejecución se informó tenía el plan de Sierra Grande, pero los envíos completaron el valor acordado en el convenio.
En su participación en la audiencia, la jefa comunal explicó que ese salón es “emblemático” y de uso para diferentes actividades sociales en la localidad, pero, últimamente, no se está utilizando por el “estado deplorable” de su techo. Así, convalidó esa propuesta judicial y recordó que el municipio había solicitado el cambio del material de aislamiento. Pidió, además, que la construcción se cumpla en un plazo menor, ya que previamente el defensor de Gazzia, Santiago Guenomil, había encuadrado su ejecución en un año. Luego ajustó el período y lo prometió en el “corto posible”, calculando que los trabajos van entre una semana a 15 días.
Posteriormente, el fiscal Peralta remarcó la aceptación de la reparación al considerarla como “seria” y “razonable”, evaluando también que el empresario no tiene antecedentes penales y que la oferta tiene la conformidad del municipio.
El defensor y la acusación remarcaron que la figura de la suspensión de juicio a prueba no equivale al reconocimiento de culpabilidad del hecho por el que se lo acusa.
Peralta recordó que existe un antecedente en la megacausa Techo Digno en las investigaciones por los planes de Bariloche. Aludía a la situación del empresario Juan Castelli, que ofreció en diciembre pasado construir un salón comunitario en un barrio de esa ciudad, el cual, ya se concluyó y fue inaugurado por el intendente Walter Cortes.
La aceptación de acuerdos por parte de los privados desagrada a los exintendentes porque no favorece a sus estrategias centradas en el fuerte rechazo de las acusaciones.
(NdR) por un error involuntario en la nota originalmente en lugar de «Fiscal General» decía «Procurador General».
El antecedente de Bariloche: la obra se concretó
- Por Daniel Marzal
El centro comunitario del barrio 400 Viviendas, en Bariloche, quedó inaugurado hace pocos días y es el primer resultado tangible de la causa Digno, y que tiene imputados a varios exfuncionarios y empresarios de la construcción en toda la provincia.
En el acuerdo penal, Juan Castelli, titular de Oriente Construcciones, accedió en diciembre pasado a una suspensión del juicio a prueba con el compromiso de edificar un salón de 100 metros cuadrados en favor del municipio.
El corte de cintas fue encabezado hace quince días por el intendente Walter Cortés y el centro comunitario fue cedido en comodato a la junta vecinal del 400 Viviendas, que tiene previsto destinarlo a la realización de cursos de gimnasia, pastelería, talleres de fotografía y otras actividades.
El abogado defensor Juan Pablo Álvarez Guerrero explicó que la suspensión del juicio a prueba incluyó pautas de conducta, como la presentación mensual de Castelli ante el Servicio Penitenciario, y la prohibición de salir del país sin permisos especiales.
El presupuesto de la obra fue estimado en 180 millones de pesos y, según lo informado, representaba un 4% del perjuicio causado por la presunta defraudación.
Álvarez Guerrero dijo que esta salida fue rápidamente aceptada por la fiscalía, que intenta privilegiar acuerdos con los empresarios y concentrar la persecución penal sobre los exintendentes y otros exfuncionarios.
El abogado explicó que el destinatario del inmueble fue el municipio porque la fiscalía y el juzgado consideraron que era el damnificado directo de los hechos investigados.
Para Castelli y los otros empresarios, la suspensión del juicio a prueba es una salida satisfactoria porque desde un primer momento aspiraron a quedar desligados cuanto antes de la causa. Otro empresario de Bariloche cuya responsabilidad también se investigó, Alberto Usandizaga, fue desincriminado por razones de salud.
El empresario acusado por incumplimientos en la construcción de viviendas en Sierra Grande, en el marco de la megacausa Techo Digno, aceptó realizar una obra en esa localidad como compensación del presunto perjuicio económico causado en el delito que se le imputa por defraudación a la administración pública, como “partícipe necesario”.
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