Narcotest a políticos y jueces en Neuquén: una diputada planteó que es una ley «moralista»

La discusión sobre el proyecto que obliga a políticos y jueces en Neuquén a realizarse un examen toxicológico periódico, para definir su permanencia en el cargo, tuvo la primera voz disidente. Julieta Ocampo, diputada de izquierda (FIT-Unidad), sostuvo que durante el análisis de la iniciativa nunca se invitó a profesionales de la salud para legislar en esta materia y saber, por ejemplo, cuánto tiempo dura una sustancia psicoativa en el cuerpo. Dijo que la ley que se intenta aprobar es «moralista», ya que el consumo no está penado en Argentina.

«¿Qué me importa si un funcionario se fumó un porro en su casa?», manifestó la legisladora ayer en la comisión de Hacienda de la Legislatura. Remarcó que esto no va a solucionar los problemas de la política, y mucho menos combatir el narcotráfico. Al ver que sus compañeros se reían sobre su postura pidió respeto.

El proyecto fija un «control antidoping» sorpresivo a integrantes de los tres poderes del Estado. Lo que se busca es detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas: metabolitos de opioides, de cannabinoides y de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra que la autoridad de aplicación determine.

Primero se practicará un test rápido. Si es positivo se hará un examen toxicológico. En caso de que persista el mismo resultado la persona tendrá derecho a una contraprueba en otro laboratorio. Parte del debate ayer era determinar si esta tercera instancia debía ser dentro de las 24 o 48 horas, por que si se pasaba de este tiempo probablemente no quedaran restos en el organismo. «Así no enganchas a nadie», afirmó con preocupación el diputado Marcelo Bermúdez (PRO).

Hay aspectos importantes que quedarán para la reglamentación, por ejemplo, quienes serán los proveedores de estos test, si se harán bajo la supervisión del sistema público de salud, o se derivará en privados.

El objetivo es punitivo: el resultado positivo habilitará los mecanismos de sanción.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) planteó que si el resto de los trabajadores estaban sometidos a estos tests, ellos también debían estar alcanzados. Claudio Domínguez, legislador del MPN, señaló que no se está persiguiendo el consumo, sino que quienes ejercen la función pública tienen que cumplir determinados controles: «a mayor responsabilidad, mayor obligación».

«El hombre de a pie nos acusa de tener privilegios», remarcó el jefe de la bancada oficialista, Ernesto Novoa, a la hora de defender el proyecto.

El radical César Gass tampoco se mostró muy convencido del texto final y cuestionó que se dejara a criterio del Poder Ejecutivo la autoridad de aplicación.

La propuesta logró el último despacho que le faltaba y se votará la semana próxima en el recinto.