Primer paso legislativo para regular la contratación local en las inversiones

El Plenario de Comisiones de la Legislatura dictaminó a favor de dos proyectos gubernamentales donde se pretenden que las futuras inversiones prioricen contrataciones mínimas de trabajadores y de Pymes rionegrinas en el desarrollo de sus actividades.

Estas iniciativas fueron respaldadas por la ya constituida coalición oficialista, integrada por Juntos, la UCR y el ARI, mientras que los bloques peronistas, del PRO y Primero Río Negro optaron por esperar 48 horas para resolver su posicionamiento definitivo.

El tratamiento en el recinto se prevé para este jueves, conjuntamente con otros expedientes del Poder Ejecutivo, como la ratificación de Maximiliano Suárez en el Tribunal de Cuentas y también el nombramiento de Julio Ortiz como tercer vocal de ese órgano de control, cargo hoy vacante.

El debate mayor se concentró en el proyecto que exigirá un 80% de mano de obra rionegrina en los proyectos que el Poder Ejecutivo declare de “interés provincial”.

La oposición parlamentaria -especialmente, las bancadas peronistas- exhibió dudas sobre su constitucionalidad y, además, que se avanzaban sobre regulaciones o cargas que no permite el RIGI nacional, al cual, Río Negro adhirió.

El oficialismo defendió que la Provincia tiene margen para establecer criterios de prioridades y aclaró que “no hay exclusividad”.

La iniciativa de “mano de obra social” determina  la prioridad para trabajadores de nacionalidad argentina, con residencia en Río Negro de un mínimo de dos años antes de la contratación y un radio de 20 kilómetros de la obra.

Además se fijan  “criterios de equidad de género y diversidad, con un cupo mínimo del 20% por  mujeres y disidencias”. La regulación crea  un registro “Provincial de Trabajadores/as Desempleados/as”, en el ámbito de Trabajo, con “el propósito para facilitar la contratación”.

En el Plenario, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez explicó la propuesta gubernamental pero también postergó ciertas precisiones a la espera de  la futura reglamentación. Por caso, cuando se la consultó cuál sería el criterio para declarar de interés a un proyecto y, en consiguiente, ingresarlo en las exigencias de ocupaciones locales.

Gobierno se ocupará del “control y articulación de programas de formación y reconversión laboral, junto con municipios, sindicatos y cámaras empresariales”.

Participó una delegación de la UOCRA, con fuerte respaldo a la política provincial. Su representante de la rama femenina, Romina Razzari, aportó un número de trabajadores actuales en el proyecto VMOS que derivó en un cruce entre Avilez y el legislador peronista Luciano Delgado Sempe.

El parlamentario requirió precisiones de esa ocupación ya que el legislador oficialista Lucas Pica habló de 1.700 puestos y Razzari aseguró de la certificación de 2.500, incluyendo a 130 mujeres.  Avilez contestó que el  número lo daría por nota. “No lo tiene”, cargó Delgado Sempé. “Vos después haces denuncias pavas”, contrarrestó la funcionaria.

El plan gubernamental para las empresas

---

El proyecto para Pymes fija la contratación de un 60% de firmas rionegrinas para “favorecer el arraigo productivo, la generación de empleo local y la diversificación económica”.

La autoridad de aplicación  será el área de Energía entonces participaron el secretario Mario Figueroa (Relaciones Institucionales) y el subsecretario Andrés Vera (Minería).

Según explicaron, la iniciativa intenta la “incorporación de proveedores locales en las distintas etapas de ejecución” de “actividades estratégicas vinculadas a hidrocarburos, minería y energía”.