Río Negro compró 2.000 gorras, pero hay dudas de su entrega y el Tribunal de Cuentas condenó a dos exfuncionarios

El Tribunal de Cuentas de Río Negro no confirmó la recepción por parte del Estado provincial de una partida de 2.000 gorras adquiridas y abonadas, por lo cual, avanzó en un juicio administrativo y condenó a los dos hoy exfuncionarios responsables a la restitución de un monto cercano a los 13 millones de pesos.

Ese fallo fue cuestionado en la Justicia provincial, pero, en principio, el juez Contencioso Administrativo, Julian Fernández Eguia, convalidó la decisión del órgano de control externo.

Puntualmente, en febrero pasado, el Tribunal declaró “no comprobado” el gasto por la “adquisición de indumentaria para los encuentros Culturales del 2022”, de parte de la Secretaría de Cultura, y estableció como «funcionarios intervinientes” al exsecretario Ariel Avalos y al exsubsecretario administrativo, Alcides Contreras, exigiéndoles la devolución de $ 8.163.698, a partir de $ 2.450.000 en concepto de capital y de $ 5.713.698 por intereses devengados hasta noviembre del 2024. Su actualización lleva el monto a casi 13 millones de pesos.

El Tribunal sostiene su decisión en la “falta de constancia fehaciente de la entrega de la mercadería adjudicada” y recuerda que los funcionarios tienen la “carga de acreditar en forma documentada el destino de los fondos bajo su responsabilidad”.

El subsecretario fue a la Justicia y fundamentó su reclamo por la entrega posterior del remito solicitado, planteando que el mismo no fue “valorado”.

El juez en lo Contencioso Administrativo, Julián Fernández Eguía, se ajustó al análisis del Tribunal de que la documentación acompañada en el proceso no era “suficiente para subsanar el reparo formulado” porque no existía “remito o documento equivalente que acredite de forma fehaciente la recepción de los bienes adquiridos”.

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Al final, en febrero, el órgano de control resuelve en forma condenatoria y, en mayo, aparece el remito que -según el Tribunal- ese “tipo de documentación es imposible que falte en el expediente, ya que son requisitos ineludibles” para su aprobación.

Fernández Eguía, entre otras consideraciones, consideró “extemporaneidad la prueba documental” porque fue presentada después de la resolución del Tribunal y, por eso, entendió que el proceso estuvo “ajustado a derecho” y que la “decisión no se vislumbra como arbitraria”, rechazando la apelación.

La operación en cuestión se corresponde con la licitación 128/2022 para la compra de 2.000 «remeras de jersey spum» e igual «cantidad de gorras tipo trucker». El costo oficial del primer ítem fue de $ 5.800.000 y el valor del segundo de $ 2.450.000. Tepuel SRL fue contratado por las remeras con una propuesta de $ 5.000.000 y Santos Cesar Dario para la provisión de las gorras por el monto oficial.

La tramitación continúa y, en marzo del 2023, los proveedores cobran, aunque enseguida se advierte de la ausencia de constancia de la recepción de los bienes que debía entregar Santos, reafirmándose que esa carga recaía en el subsecretario Contreras. En ocasión del reclamo, el exfuncionario -se indica- facilitó la orden de compra, que obviamente se consideró insuficiente.

Como conclusión, el Tribunal -con las firmas de Natalia Falugi y Maximiliano Suárez- consideró la “evidente responsabilidad de Ávalos y Contreras”, quienes “debidamente notificados del reparo, no acompañaron las constancias documentales» que «permitan tener por comprobada la erogación realizada”. Así, los exfuncionarios no cumplieron con “las obligaciones a su cargo” en referencia a las gorras abonadas por el Estado provincial.