Río Negro financia a 106 escuelas privadas y su aporte anual llegará a los $ 70.000 millones

El Estado provincial asiste a un poco más de un centenar de establecimientos privados y sociales, con aportes focalizados en el pago de los salarios de sus docentes.

Esa cobertura privada alcanza a unos 47.000 alumnos, en sus diferentes niveles educativos. Igual, el Primario concentra casi la mitad de esa matrícula.

Este año, la bancada del PRO requirió información al ministerio de Educación por iniciativa de la legisladora Gabriela Picotti, a partir de la inquietud de las escuelas técnicas de Villa Regina que plantearon problemas de funcionamiento por los costos de los servicios públicos.

En la respuesta gubernamental, la cartera educativa entregó la nómina de los establecimientos, con datos de localidades y matrículas. No hay precisiones sobre las asignaciones.

El análisis presupuestario aporta datos. La partida 515 -denominada transferencias a “instituciones de enseñanza”- indicó a octubre que los desembolsos fueron de casi 54.172 millones (equivale a lo recaudado totalmente por el impuesto Automotor) y proyectan 70.000 millones para el año. Esa nomenclatura de ejecución corresponde a los montos abonados por el Estado provincial a escuelas privadas.

Los colegios con transferencias ascienden a 106, aunque el número es mayor cuando se considera por nivel educativo. Suman, entonces, 233, distribuidos en 93 en Inicial, 76 en Primaria, 58 en Secundaria, y 6 en Adultos.

El alumnado que cursa en esos establecimientos ronda los 46.700, que representa casi el 22% del total de la matrícula escolar de Río Negro.

La mayoría de los convenios “de cooperación” -85%- asigna el 100% del subsidio estatal, es decir, abona totalmente sus haberes al personal. Esas escuelas pueden cobrar entre los 79.121 pesos en Inicial y Primario, y los 93.605 pesos en Secundario.

Los límites de cobro fijados por Educación ascienden cuando los aportes estatales se reducen. Así, la categoría menor de asistencia (25%) permite cuotas con topes de $ 197.800 en los niveles inferiores y de $ 234.015 en el Medio.

Los topes son laxos porque los mismos se encuadran en el cumplimiento de la currícula, liberando de costos adicionales si los establecimientos incorporan materias o actividades extracurriculares.

En su informe a la Legislatura, Educación explica que el “seguimiento y control administrativo contable de los establecimientos subvencionados es ejercido por la secretaría de Administración” y, además, se precisa que los aportes son otorgados a las escuelas de “Gestión Social” y “Públicas de Gestión Privada”. Las primeras son “totalmente gratuitas y destinadas a población de vulnerabilidad social-económica”, con fuerte impronta comunitaria” y “proyectos que garanticen igualdad de oportunidades”.

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Educación fija topes del cobro de cuotas a las escuelas que reciben aportes. Son límites laxos porque aparecen adicionales por tareas extra-curriculares.

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Las segundas son “gratuitas, sin fines de lucro”, pero pueden “percibir de los padres o alumnos aportes o cuotas para solventar su funcionamiento”, con regulación estatal. En este caso, los fondos públicos “solo incluyen la erogación de los salarios de la Planta Orgánica Funcional, con referencia los salarios de docentes públicos” mientras que las denominadas Social se transfieren para haberes y, también, sus convenios pueden fijar envíos para “gastos de mantenimiento del edificio, consumo de energía y combustible, requerimientos de alimentación y seguro del alumnado”.

En cambio, los establecimientos “privados arancelados” no perciben aportes del Estado, por lo cual, solventan “su funcionamiento por el cobro de aranceles u otras fuentes de financiación, los que estarán regulados por la normativa vigente para su funcionamiento, nacional, provincial o municipal”.

En su pedido legislativo, el PRO valora el régimen de escuelas “de gestión privada”, con asistencias de recursos públicos, ya que “cumple un rol social porque el Estado “no logra cubrir toda la demanda”. Luego, alude a la problemática del costo de los servicios básicos y su impacto en las escuelas técnicas, con mayor consumo energético.

El análisis destaca la función de esos establecimientos en el Alto Valle por sus opciones formativas, y entienden que “los costos se disparan y los apoyos resultan insuficientes”.

Así, la bancada del PRO requiere información desagregada de las transferencias por localidad, establecimiento, tipo de gestión y fuente de financiamiento (provincial, nacional, municipal u otros).