Río Negro se comprometió a cumplir con el ordenamiento de bosques

Intimada por la Justicia, la subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro se comprometió a actualizar el mapa ordenador de bosques nativos en todo el territorio provincial a lo largo de un proceso que finalizaría en julio de 2027 con el envío del proyecto a la Legislatura, ya que la obligación por normativa nacional es tenerlo aprobado por ley.

Río Negro incumple ese mandato desde hace al menos 13 años, cuando suspendió las revisiones periódicas y también el funcionamiento del consejo consultivo mixto, que debería integrar representantes del Estado provincial, los municipios y organizaciones sociales y científicas con interés en el tema.

Luego de reclamar la actualización del mapa protector de bosques y topar con varias negativas y dilaciones, la asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables de Bariloche, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia con un mandamus, que fue acogido en junio pasado.

El STJ determinó que hubo una demora injustificada en confeccionar el ordenamiento del patrimonio forestal , a la que consideró “un rehusamiento notorio del deber legal”. Y otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar un cronograma de trabajo.

La sentencia firmada por los jueces del máximo tribunal descartó el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien se había pronunciado por el rechazo del mandamus. Los denunciantes destacaron la decisión judicial y advirtieron que la falta de un relevamiento y clasificación de los bosques pone en peligro el patrimonio natural, ante el avance de proyectos urbanísticos y otros emprendimientos que aprovechan el vacío legal.

En un escrito de cuatro páginas, la subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, informó el 1 de agosto que desde el inicio del nuevo gobierno, hace un año y medio, el área a su cargo inició acciones para resolver el incumplimiento, que por ahora están en fase de evaluación interna y que ya avanzaron con la definición de un “mapa tentativo”.

Según el cronograma expuesto, continuarán hasta noviembre con la “consolidación” del mapa dentro del equipo técnico, para abrir luego (entre diciembre y mayo) una mesa de análisis con los municipios, “que podrán realizar aportes”. Luego entre mayo y junio de 2026 se conformaría una “mesa técnica ampliada”, seguida del proceso participativo “por regiones” revisto en la ley, entre julio y octubre de ese año.

De noviembre hasta marzo de 2027, según lo propuso el gobierno provincial, se ajustaría el mapa “con la articulación de criterios técnicos” y aportes recibidos para llegar a un “mapa final”. La última etapa sería la de redacción del documento, marco normativo y “trabajo con legisladores”, para desembocar en el proyecto de ley, que esperan alumbrar en julio de 2027.

La participación es “fundamental”

Contreras afirmó que en su gestión considera “prioritario” trabajar en la actualización del ordenamiento territorial de bosques y destacó que el proceso fue “reactivado” con su llegada al cargo. Consideró “indispensable la apertura formal del proceso participativo”, pero no incluyó explicación alguna de por qué la aplicación de la ley se truncó en 2010.

Aseguró también que hay en marcha “medidas temporales eficaces para prevenir efectos negativos sobre el ambiente” mientras no haya ordenamiento, y que la subsecretaría realiza “diariamente” tareas de control.

Contreras enumeró entre otras acciones la entrega de aportes económicos a productores por 100 millones de pesos “en los últimos cuatro años” para incentivar “prácticas sustentables” en el manejo del bosque, la fiscalización del transporte de rollizos y otros productos forestales, el otorgamiento de “permisos de intervención” precedidos por inspecciones en el terreno y la aplicación de “fondos verdes del clima” procedentes de un financiamiento internacional, por 1.300.000 dólares.

Denuncian la “desidia” provincial

Las dos organizaciones que reclamaron la intervención judicial señalaron ahora que la respuesta de Contreras y el plan de trabajo que presentó “evidencia la desidia” con la cual el gobierno de Juntos Somos Rio Negro manejó la política de protección de bosques en los últimos trece años.

Subrayaron que la propuesta remitida al STJ “no plantea ninguna medida adicional de protección frente a la falta de actualización” del ordenamiento territorial, que se extenderá al menos por otros tres años. Señalaron también que hablar de “priorización” del tema por parte del gobierno “es una verdadera tomada de pelo”.

Según Árbol de Pie y la fundación Fadhs las irregularidades acumuladas comprometen también a la secretaría de Ambiente, que depende de la titular de Energía Andrea Confini, dado que muchos de los proyectos inmobiliarios o productivos que afectan a los bosques deberían tener “una resolución ambiental favorable” de esa cartera y contar con estudio de impacto ambiental y llamado a audiencia pública.

Pidieron que el ordenamiento de bosques nativos “sea actualizado en plazos perentorios” y que mientras tanto “se tomen los recaudos en conjunto con la autoridad ambiental para evitar mayores impactos negativos”.