Río Negro ultima el envío de 140 intimaciones de cobro a las obras sociales por atenciones en los hospitales

Salud ultima la documentación para la puesta en marcha del régimen de acciones judiciales a las obras sociales por la atención de sus afiliados, aprobado por la Legislatura, hace cinco meses.

El primer paso consistirá en el envío de cartas documentos a esas entidades de servicios que informen sus domicilios. El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, adelantó estar “pronto” al inicio de “ los reclamos judiciales a las obras sociales por sus deudas con el sistema público». “Saldrán 140 cartas documentos desde la Fiscalía de Estado en las próximas dos semanas”, agregó.

Desde ese órgano de control se aclaró que la etapa administrativa todavía se mantiene en el ministerio, incluyendo la consolidación de la deuda de cada entidad prestadora y la intimación del pago para su posterior intervención si no se cumple con el correspondiente pago.

A fines de octubre, la Legislatura habilitó al Ejecutivo para accionar judicialmente para el cobro de los servicios otorgados a los “pacientes con cobertura de seguro de salud”, alcanzando a “todas aquellas prestaciones brindadas que no hayan sido canceladas y que correspondan a períodos no prescritos”. La legislación de respaldo es la ley N° 5754 y su decreto reglamentario N° 98, de marzo.

En el análisis, el gobierno incorporó al nuevo régimen aquella deuda vencida, considerando aquellas de los últimos cinco años. El monto supera los 5.000 millones, según el número informado por Thalasselis. Ese número excluye a las prestaciones de las estatales del Ipross y el PAMI.

La obra social del personal Rural y Estibadores (Osprera) es la mayor deudora, que concentra un 16% del monto registrado por Salud.

Las otras grandes deudoras son las entidades de los mercantiles (Osecac), de los trabajadores de la construcción (Ospecon), de hoteleros y gastronómicos (Osuthgra), de los obreros empacadores (Osoefryn), de los petroleros Ospe), de estatales (Osupcn), y de los camioneros.

Figuran también prepagas como Osde, Swiss Medical, Galeno y, entre otras, Aca Salud.

La recaudación se distribuirá del siguiente modo: el 40 % se destinará a “proveer al mejor funcionamiento y/o equipamiento” del hospital de las prestaciones pagadas; y otro 40 % se asignará al “desarrollo y estímulo de los recursos humanos” de esa unidad, según “pautas y modalidades que determine la reglamentación dictada” por sus Consejos locales de Salud. El 20% restante se “integrará a un fondo común de redistribución, que será asignado a los distintos efectores por el Consejo Provincial de Salud Pública”.

En ocasión del decreto, el gobierno reafirmó que el objetivo es “recuperar los costos de atención de pacientes que fueran atendidos en las reparticiones públicas y cuyo gasto deba de ser asumido por un tercero obligado”.

Se busca “garantizar la sostenibilidad financiera de los establecimientos hospitalarios” y “el acceso a la salud, sin afectar el derecho de acceso gratuito a la atención de la salud, ni la ausencia de todo tipo de arancelamiento por la utilización de los servicios que brinda a la población”.

La reglamentación establece que, a los “fines de la facturación y determinación del Régimen de Recupero de Fondos se diferenciará entre prestaciones ambulatorias, internaciones y traslados/derivaciones”.

Además, se determinó que “desde la fecha de la mora, se incluirán en la certificación intereses, conforme las tasas vigentes por doctrina legal del STJ rionegrino para los períodos correspondientes”.

Inicialmente, Salud exigirá “en forma inicial y por medio fehaciente la constitución de un domicilio electrónico a los terceros pagadores”, el cual, permitirá “el cumplimiento de sus obligaciones y para la entrega o recepción de comunicaciones”.