Facundo Jones Huala fue imputado por apología del delito y lo trasladan al penal de Rawson

La Justicia Federal acogió hoy la formulación de cargos contra el referente mapuche Facundo Jones Huala, quien fue detenido el domingo en El Bolsón y enfrenta una acusación por apología del delito y participación de una organización dedicada a “imponer sus ideas por la fuerza”, debido a los dichos que formuló meses atrás en la presentación de su libro de poesía, y que fueron divulgados en un video de amplia circulación.

La audiencia se realizó en el juzgado federal de Bariloche, donde se montó un vallado y un férreo control de acceso, con Gendarmería y Policía Federal, aunque no se presentaron manifestantes. Jones Huala participó en forma remota desde dependencias de la Policía, y se abstuvo de declarar.

El juez actuante, Ezequiel Andreani, aceptó la acusación formulada por la fiscal Ángela Pagano, resolvió imponerle a Jones Huala 90 días de prisión preventiva y ordenó su alojamiento en el penal de Rawson. Concedió también un plazo de 180 para completar la investigación. En ambos casos prorrogables.

Jones Huala ya cumplió una pena de seis años de prisión en Chile por el incendio de una vivienda y portación de armas de fuego de confección casera. Fue liberado hace un año y volvió a radicarse en la Argentina. Según le dijo al juez, tiene domicilio fijado en la comunidad Leleque, pero con residencias temporales en otros sitios porque realiza “tareas de campo”.

En febrero pasado presentó en la biblioteca Aimé Paine, del barrio Virgen Misionera en Bariloche, su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”. Allí habló de su pertenencia al grupo Resistencia Ancestral Mapuche,, se presentó como “revolucionario, anticapitalista, antisistema” y defendió la práctica del “sabotaje, la resistencia, la autodefensa y la rebelión frente a la opresión”.

Dijo sin rodeos que reivindicaba “los atentados incendiarios y sabotajes contra el enemigo capitalista, con un objetivo político”, Se declaró partidario de “la liberación nacional e incluso la lucha armada”.

Aclaró que esto último no significaba “agarrar los fierros” en lo inmediato, pero que su organización sí estaba dispuesta a apelar a esa vía. “Cuando se dice que todas las formas de lucha son válidas para nuestro pueblo significa que si tenemos que agarrar los fierros los vamos a agarrar”, completó.

De esos dichos se tomó el ministerio de Seguridad de la Nación para abrir una investigación en su contra. El abogado de Jones Huala, Gustavo Franquet, dijo que habían sido notificados de esa causa embrionaria hace un mes y medio pero aclaró que su defendido siempre atendió las citaciones y que “no había orden de detención”.

Señaló que en aquel momento quisieron conocer los detalles de la investigación y les dijeron que por disposición del juez estaba “bajo reserva” hasta el 12 de junio.

Aun así el último domingo a las 21,30 fue interceptado por “inteligencia de la policía federal” en El Bolsón, cuando circulaba por la vía pública, y privado de la libertad sin que nadie le informe las razones. Hasta que “el lunes a la madrugada, y a las apuradas, consiguieron la orden firmada por el juez”, relató Franquet.

A juicio del abogado, “la orden no partió de ningún juez, sino del ministerio de Patricia Bullrich y de la policía”. Dijo que la detención fue irregular porque “no se puede hacer algo así sin orden judicial”. El código solo permite una “aprehensión” ante delito in fraganti.

Discusión jurídica

Franquet opinó que “aplicado de esta forma el nuevo Código Procesal Penal Federal en los hechos no es un código contradictorio y adversarial” porque dispone “un sinnúmero de herramientas de discreción y arbitrariedad en manos de la fiscalía”.

Los cargos contra Jones Huala, según la información disponible, remiten a los artículos 213 del Código Penal (apología del delito), el 213 bis (organizar o tomar parte en agrupaciones que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor), y también el 210 y 210 bis (distintas formas de asociación ilícita, en el segundo caso cuando está orientada a poner en peligro la vigencia de la Constitución).

Franquet se quejó de que “la fiscalía está improvisando”, forzada por una acción del ministerio de Seguridad, que practicó la detención sin orden previa y luego obligó a confeccionar la acusación. Reconoció que el principal elemento del que se vale la fiscalía es “el famoso video de la biblioteca”, pero consideró grave que “los tiempos se los marque el ministerio y la policía”.

Aclaró que “lo que él dijo (por Jones Huala) puede ser imputado de delito, pero son delitos en el marco e la libertad de expresión, y no pueden ser motivo de prisión preventiva”. La fiscalía incluyó en la acusación supuestos actos atribuidos a Resistencia Ancestral Mapuche y presentó fotos de incendios. El abogado defensor dijo que se trata de casos ya investigados, que nunca se pudo probar que la RAM exista y que algunos de ellos ocurrieron cuando Jones Huala estaba detenido en Chile”.