Techo Digno: otro revés para las causas y se abren conflictos procesales en la Justicia
El Tribunal de Impugnación ratificó su rechazo a las acusaciones y a la intervención del STJ. Pero, el Ministerio Público irá directamente a la Corte provincial. El órgano fiscal acusa al TI que “vulnera e invade” sus facultades y lo “más grave” es que se trata de “un caso de corrupción”.
Las ejecuciones de las viviendas de Techo Digno en Bariloche fueron algunas de las cuestionadas.
El Tribunal de Impugnación ratificó su postura contraria a las acusaciones fiscales contra ex intendentes y empresarios en la megacausa de Techo Digno al rechazar que esos expedientes sean analizados por el Superior Tribunal de Justicia. En respuesta, el Ministerio Público confirmó que presentará sus recursos directamente al máximo cuerpo judicial rionegrino.
El nuevo fallo del TI avanza en el cierre de esas investigaciones penales y, simultáneamente, abre un conflicto serio en la Justicia porque el proceso de Techo Digno exterioriza la controversia en el Poder de los límites y las facultades del órgano acusador (Ministerio Público)
Esta crisis se evidenció en esta investigación y no es casual por su directa incidencia política, empezando porque los mayores involucrados son ex intendentes, que hoy varios son parlamentarios.
El MPF dice que “vulnera e invade facultades” de los fiscales, “reviste gravedad institucional porque afecta la persecución penal” y lo que es “más grave” es que se trata de un caso de corrupción”. En su respuesta, el TI afirma que se llega a esta “situación única y exclusivamente” por los actos procesales de los fiscales.
Las investigaciones de Techo Digno se concentran en la utilización de los municipios de los fondos del programa de viviendas Techo Digno, acordado con la Nación, entre el 2013 y 2015.
Lo último: el Tribunal de Impugnación declaró “inadmisibles las impugnaciones planteadas por el Ministerio Público” y le niega llegar al Superior Tribunal de Justicia en la pretensión fiscal de reactivar las imputaciones anuladas en diciembre por aquel cuerpo penal.
El TI sostuvo el rechazo en su resolución de inadmisibilidad y, simultáneamente, el Ministerio Público confirmó que el martes recurrirá en quejas al STJ para solicitarle que se ocupe de la crisis suscitada en las investigaciones de Techo Digno.
Estas causas, iniciadas hace seis años, tuvieron un paso por los juzgados federales y, en el 2018, volvieron a la Justicia provincial.
En cada circunscripción judicial, las distintas fiscalías imputaron por inconsistencias entre los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de los barrios, con irregularidades como que los municipios presentaron certificación de ejecuciones irreales -con firma apócrifas de los jefes comunales- para lograr las transferencias nacionales.
Ante esas imputaciones, una docena de jueces opinaron en los distintos expedientes, de los cuales, nueve aceptaron continuar con las investigaciones por tratarse de instancias preliminares. De los otros tres, dos plantearon revisiones y sólo un magistrado concluyó con nulidades y sobreseimientos.
Luego, el Tribunal de Impugnación -con dos votos, Carlos Mussi y Adrián Zimermann, y con la abstención de Miguel Cardella- resolvió las nulidades y ratificó los sobreseimientos, entendiendo que no existió una “correcta imputación en los hechos” y no “aparece precisado, con la claridad necesaria, el nexo de causalidad entre el resultado enunciado y la conducta atribuida a los imputados”.
En respuesta, el MPF elevó un recurso para concurrir al STJ, pero el TI lo rechazó pero se sabe que el Fiscal General, Fabricio Brogna presentará el martes sus recursos de queja frente al máximo cuerpo judicial de Río Negro.
Además del proceso de Techo Digno, el STJ tendrá que ordenar esta pugna procesal entre el MPF y el Tribunal de Impugnación.
Ese conflicto no está oculto. El órgano acusador advirtió que el fallo del TI “vulnera e invade” sus facultades y ese hecho “reviste gravedad institucional porque afecta la persecución penal”. Resalta que “lo que es más grave” es que se trata de “un caso de corrupción” y no permite “el control” en la administración pública.
En cambio, el TI que se llega a esta “situación única y exclusivamente” por los actos procesales de los fiscales y “pretende que, con la excusa de negar a la sociedad respuestas”, este cuerpo “convalide insanables violaciones a derechos y garantías constitucionales de los imputados”.
El contrapunto procesal de la investigación y su derivación
Los escritos exponen el conflicto abierto en la Justicia. El Ministerio Público afirmó que el fallo de nulidad del TI “vulnera e invade facultades “de los fiscales que “reviste gravedad institucional porque afecta la persecución penal”. “Implica una grave afectación a la autonomía del MPF como órgano acusador independiente por cuanto se nos está diciendo que tenemos que imputar, como lo tenemos que hacer”.
Resalta, además, que “lo que es más grave” es que se trata de un caso de corrupción” se “viola el control de convencionalidad en la solución adoptada al hacer pasible de sanciones por vedar la investigación de delitos contra la administración pública”.Se defiende que la “presente la etapa” se caracteriza por “ser primigenia, provisoria, mutable…” En esta instancia, “¿debe el MPF precisar todas las preguntas que formulan los jueces del Tribunal de Impugnación? Entendemos que no”.“El sobreseimiento claramente prematuro están vedando al MP y toda la sociedad de responder algunas preguntas” formuladas en relación a lo ocurrido.
Destaca “la complejidad propia de los actos de corrupción” y entiende debe considerarse “para que el Estado pueda encarar una política punitiva eficiente en la lucha contra la corrupción”.
El Tribunal de Impugnación acusó al MPF de soslayar el “análisis” de sus actos y “desconocer que se llegó a esta situación única y exclusivamente por sus actos procesales y pretende que, con la excusa de negar a la sociedad respuestas”, este cuerpo “convalide insanables violaciones a derechos y garantías constitucionales de los imputados”.
Niega la admisibilidad del recurso ante el STJ porque “bajo el ropaje de arbitrariedad solo exponen discrepancias con aspectos de hecho y prueba que no configuran el supuestos que habilita el control extraordinario”.El TI ratifica que su cuestionamiento es que “la descripción de las conductas reprochadas a los imputados incumple las exigencias constitucionales, convencionales y legales que la tornan inviable como acto jurídico de acusación”.
Los involucrados por sus gestiones locales
Con las iniciales imputaciones fiscales, las causas de Techo Digno involucran a los hoy intendentes Luis Ivancich (Godoy) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes comunales Daniel Belloso (Choele Choel), María Martini (Bariloche) y Alejandra Mas (Conesa), actuales legisladores rionegrinos. El diputado nacional Pedro Dantas está involucrado por su gestión en Campo Grande mientras que también figuran los ex intendentes Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), Javier Iud (San Antonio), y Juan Reggioni (Fernández Oro).
Las últimas resoluciones también favorecen a una decena de constructores de los distintos barrios.
Comentarios