Tiró residuos peligrosos en Centenario pero evitará el juicio si cumple tareas de remediación

Un empresario acusado de contaminar el ambiente en una zona de chacras de Centenario evitará ir a juicio si cumple con un programa de remediación ambiental, dona materiales a una organización civil y respeta una serie de pautas de conducta durante los próximos tres años.

Así lo resolvió la jueza de garantías Carina Álvarez, quien avaló un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, identificado como F.D.O. La causa está vinculada al vertido ilegal de residuos peligrosos, consistentes en agua con aceites e hidrocarburos, provenientes del lavado de maquinaria utilizada en la industria petrolera.

Según detalló la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, Julieta González, los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2024, en dos predios rurales donde antiguamente funcionaba una juguera.

Lavadero de maquinaria petrolera

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En ese lugar, el empresario operó un lavadero de maquinaria petrolera y, en lugar de enviar los residuos a una planta de tratamiento como indica la normativa, los arrojó en piletas sin las condiciones adecuadas de contención, y también a un canal de desagüe del sistema de riego de Centenario.

El accionar fue calificado como delito de contaminación dolosa del ambiente, previsto en los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051. Sin embargo, al no tener antecedentes penales y tratarse de un delito con pena de ejecución condicional, la jueza consideró que se reunían los requisitos para que el acusado acceda a una suspensión de juicio a prueba (probation).

Tareas de remediación

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Durante los tres años de la medida alternativa al juicio, F.D.O. deberá contratar a un profesional en ciencias ambientales matriculado, quien tendrá a su cargo la planificación y supervisión del saneamiento.

Las tareas incluyen la presentación de un programa de remediación ante la secretaría de Ambiente de la provincia, que deberá contemplar el vaciamiento y cauterización de piletas, limpieza de contenedores y tratamiento de los residuos existentes. La finalización de los trabajos deberá certificarse oficialmente.

Además, como parte del acuerdo, el empresario se comprometió a acreditar la compra de materiales de construcción por un valor de 300 mil pesos, que serán donados a una organización civil sin fines de lucro. También deberá fijar domicilio y estará bajo el control de la dirección provincial de Población Judicializada.

En caso de cumplir con todas las obligaciones, el imputado no será juzgado ni tendrá antecedentes penales.