Un delicado caso de invasión de la privacidad enfrenta a jueces, fiscales y policías de Neuquén

La investigación aún no comenzó pero ya intervinieron cinco fiscales (incluido el jefe de todos, José Gerez) y siete jueces (contando dos vocales del Tribunal Superior). Está en juego un asunto tan delicado como la invasión de la privacidad, y tal como fueron planteados los hechos, la exfiscal de Cutral Co (ya jubilada) Marisa Czajka tramitó irregularmente ante una empresa de telefonía un listado de llamadas de un policía de Taquimilán a pedido de un comisario de Chos Malal, Cristian Marcelo Vázquez.

La exfiscal y el comisario fueron denunciados en enero del 2023 por el policía afectado, Octavio Olave, con el patrocinio de la abogada (exjueza) Graciela Rossi, pero la fiscalía insistió una y otra vez en estos casi dos años en que Czjaka no cometió ningún delito.

A cada negativa de la fiscalía, se dictó un fallo -de un juez o de un Tribunal de Impugnación- que apartó al fiscal, ordenó que lo reemplace otro y que reabra la investigación.

Esta sucesión de episodios expuso como nunca antes una zona gris del Código Procesal Penal: ¿hasta qué punto los jueces pueden apartar fiscales cuando no coinciden con su criterio? ¿Pueden ordenarles que mantengan abierta una investigación, e incluso direccionarla y sugerirle qué prueba tienen que producir?

Opiniones contrapuestas

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Consultado para esta nota, uno de los que intervino en el proceso, Andrés Repetto -juez del Tribunal de Impugnación- dijo que «hay dos cuestiones importantes: una es si los jueces pueden obligar a los fiscales a acusar, eso ya fue resuelto por la Corte hace muchos años en el fallo Quiroga de 2004. La otra es quién controla la no acusación de los fiscales, esa es una discusión sin saldar«.

«El juez no puede decirle al fiscal que acuse, pero puede decirle que cumpla con la ley», agregó. En una de sus resoluciones, Repetto afirmó que hay un claro abuso de autoridad que debe investigarse.

En su opinión «esto requiere una solución política. La Legislatura debería tomar nota. No saben que este problema existe. ¿Quién controla que la fiscalía no judicializa el 90% de las denuncias?» se preguntó.

Por su parte otro de los protagonistas, el fiscal jefe Fernando Fuentes, dijo que «tres fiscales llegaron a la conclusión de que no hay delito. No es un problema de falta de pruebas, es que no hay delito. No se está encubriendo a nadie. A lo sumo puede discutirse si cometió una falta administrativa». Aseguró además que «no hubo invasión a la privacidad. Se pidió el listado de llamadas, Czjaka entendió que estaba facultada para hacerlo. No fue una intervención telefónica, no hubo geolocalización».

Añadió que «en ninguna parte del Código dice que el juez puede apartar al fiscal. Y es por lo menos raro que la orden sea investigar una acción que para la fiscalía no es delito».

Una pelea en la comisaría

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El caso en cuestión comenzó con un incidente entre dos suboficiales de la policía de Neuquén, Olave y Soto, en la puerta de la comisaría de Taquimilán, una pequeña localidad 15 kilómetros al sur de Chos Malal.

Les iniciaron un sumario, y el comisario Vázquez asumió como defensor de Soto. En ese carácter, le pidió a la entonces fiscal Czajka -con quien al parecer mantenía una relación de amistad- que le consiga el listado de llamadas entrantes y salientes de los últimos seis meses del teléfono de Olave.

A pesar de que no era competente ni por el territorio ni por la materia, Czajka le consiguió el listado. Cuando se enteró, el suboficial Olave lo consideró una violación a su intimidad y la denunció a ella y a Vázquez por presunto abuso de autoridad, patrocinado por la abogada Rossi. Fue el 7 de enero del 2023.

Primera desestimación

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La denuncia recayó en la fiscalía de Natalia Rivera (Chos Malal) quien el 14 de agosto de ese año la desestimó: consideró que no había un delito para investigar.

En el Código Procesal Penal de Neuquén, el titular de la acción pública es el fiscal. Cuando una víctima está en desacuerdo con una decisión de estas características, puede recurrir al fiscal jefe y ante una nueva negativa, puede presentarse ante un juez. Son los mecanismos de control que prevé el Código, aunque conducen a una encrucijada: ¿el juez le puede ordenar al fiscal lo que tiene que hacer?

La jueza Bibiana Ojeda ratificó la decisión de la fiscal Natalia Rivera. Entonces el policía Olave fue al Tribunal de Impugnación que en un fallo dictado el 6 de noviembre del 2023 marcó un quiebre importante en el legajo.

«Hubo abuso de autoridad»

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Con el voto del juez Andrés Repetto, y la adhesión de Nazareno Eulogio y Florencia Martini, apartó a la fiscal Rivera y ordenó que continúe la investigación. Fue más allá, y expresó tras reseñar los antecedentes del caso: «Todo este marco da cuenta con claridad de que hubo un abuso de la aplicación de la ley, hubo un abuso de autoridad o por lo menos se dan los requisitos del tipo para que la investigación continúe y prospere. La fiscal que ha intervenido hasta ahora no ha demostrado interés en llevar adelante esta investigación».

El fiscal general José Gerez y el fiscal jefe Fernando Fuentes presentaron un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia que fue declarado inadmisible.

Segunda y tercera desestimación

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El nuevo fiscal del caso, Adrián De Lillo, llegó a la misma conclusión que su colega Natalia Rivera: el 28 de agosto del 2024 dijo que no había delito. El policía Olave y su abogada Rossi recurrieron a un juez, en este caso Eduardo Daniel Egea, quien el 2 de septiembre apartó a De Lillo y ordenó continuar con la investigación.

El tercer fiscal (quinto si se tiene en cuenta a los que recurrieron al TSJ) fue Hernán Scordo, quien mantuvo la misma línea que los anteriores. Dijo que no existe delito porque no se violó la intimidad de Olave al pedir el listado sábana de sus llamadas, ya que no se solicitó ni el informe de impacto en las antenas, ni los titulares de las líneas con las que se comunicó, ni el contenido de las llamadas (porque no fue una intervención telefónica).

La misma postura sostuvieron el defensor de la exfiscal Czajka y del comisario Vázquez, el abogado Juan Coto, y el fiscal jefe Fernando Fuentes.

Sin embargo el juez Egea ordenó que se continúe con la investigación, una vez más, y sugirió como medida de prueba que se entreviste a la víctima.

Otra vez al Tribunal de Impugnación

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El caso llegó otra vez al Tribunal de Impugnación -el 26 de diciembre- mediante un recurso del defensor Juan Coto quien recusó a Repetto-Martini-Eulogio por haber anticipado opinión, pero no le hicieron lugar.

Otra vez Repetto fue la voz principal del fallo. Y recordó que «hace un año este tribunal ordenó la continuidad de la investigación con un fiscal distinto» (en aquella ocasión apartó a Natalia Rivera, la primera fiscal que intervino).

«Esa orden quedó firme. Ahora se pretende reinstalar una discusión que ya quedó zanjada. No podemos reinstalar cada año esta discusión sobre si un juez puede decirle o no a un fiscal qué debe hacer o dejar de hacer, cuando en este caso puntual pueden estar las partes o no de acuerdo, pero los jueces ya dimos una orden, quedó firme y debe ser cumplida».

Repetto se refirió a que «quedó firme» porque la fiscalía intentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia que fue declarado inadmisible.

«Invito a la fiscalía a que se avenga a cumplir con esa orden tal como fue dispuesta. Con costas«, cerró el juez.

Lo último que se supo del caso fue que el fiscal Hernán Scordo se entrevistó con Olave, el denunciante. El listado de llamados telefónicos no fue utilizado en el sumario policial. La causa contra Czajka y el comisario Vázquez sigue abierta.