Weretilneck y los cambios que evalúa para la Policía de Río Negro

En un mes, el gobernador electo asumirá y, entre las urgencias, figura la política de Seguridad. Cuáles son los nombres para mandar y las medidas en análisis, como la policía judicial.

En la campaña electoral, el gobernador electo Alberto Weretilneck se concentró en la problemática de seguridad y la ubicó entre las mayores preocupaciones ciudadanas, con críticas al gobierno provincial por la respuesta estatal y abriendo las iniciales diferencias con la mandataria Arabela Carreras.

Exactamente en un mes, el hoy senador asumirá el Ejecutivo rionegrino y, en consecuencia, se esperan modificaciones importantes en la política de Seguridad en Río Negro, empezando por sus conducciones.

No adelanta tampoco nombres para estas carteras aunque se pronostica de que el exjefe policial, Daniel Jara tendrá un espacio primordial y, actualmente, participa del diseño de lo que viene.

Según el análisis de Weretilneck, el ordenamiento de la Policía es un abordaje obligado para el comienzo de su administración y, en principio, esa tarea recaería en Jara aunque no lo cumpliría como el jefe de la fuerza.

Tenemos que empezar de cero en la Policía porque realmente está destruida. Es muy delicado lo que está pasando. No es problema de los policías, sino desde la institucionalidad, desde el ministerio hacia abajo».

Declaraciones públicas del gobernador electo Weretilneck, en agosto pasado.

El “disciplinamiento” de la tropa también se valdría de otras modificaciones, que comprendería desde mejoras en los salarios -con tratamiento diferenciales del resto de los estatales- hasta jerarquización para los cargos superiores.

En septiembre, la Policía rionegrina registró 8.637 uniformados, sumando 354 agentes a la cantidad de igual mes del 2021. El aumento se originó en el Agrupamiento Técnico, pues decreció el número en Seguridad, en cinco integrantes.

“En la Policía tenemos que empezar de cero, porque está destruida”, afirmó en agosto el futuro mandatario.

“Tiene varios problemas, empezando por la desmotivación”, aseguró, hace algunas semanas. “Habrá una política salarial distinta”, apuntó.


Policía de Río Negro: Política remunerativa


El régimen salarial está normado por la ley de Personal Policial (N° 679) aunque, en la práctica, el mismo se fue distorsionando con criterios y suplementos ajenos que se fueron sumando. Por ahora, Jara -siempre acompañado por Fernando Casas, quien fue su secretario general en la Jefatura- y otros convocados evalúan informes entregados por Seguridad y confeccionan correcciones, pensando en una rápida mejora diferencial para los uniformados.

Otro análisis se asienta en la suba de retiros por parte de oficiales superiores, lo cual, requiere una respuesta excepcional ya que la situación generó un inconveniente en la disponibilidad de mandos de recambios en las unidades.

Los registros indican para mediados del 2023 había requerido su retiro voluntario igual número de oficiales que en todo el 2022. Ese beneficio se puede solicitar con más de 20 años y se accede con un porcentaje jubilatorio, que se incrementa con mayor antigüedad.

En principio, la nueva administración piensa en la reincorporación de pasivos para los cuadros de conducción y, además, alteraciones de normativas para retener esa sangría de comisarios, especialmente causada por una pirámide salarial achatada y, por eso, decae la motivación en los ascensos y la continuidad en la institución.

Una histórica pauta remunerativa indica que la jerarquía superior -comisario general- percibe el equivalente a seis haberes de un agente inicial. En octubre, esta remuneración llegó a los 345 mil pesos -con los 90.000 pesos de aumento- mientras que aquel cargo mayor se aproximó a los 909 mil pesos.

Aquella relación cayó, pues el sueldo mayor representa tres remuneraciones mínimas y, entre ellos, existen 15 jerarquías. Las diferencias en los ingresos rondan solo un 5% entre los rangos de comisarios.


Policía de Río Negro: Reforma profunda


Además, Weretilneck introduce el debate de un cambio bien propio y más profundo, como la creación de la policía judicial, incluida en la Constitución Provincial. “Es un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial) de carácter profesional técnico-científico”, con la “misión de reunir las evidencias y pruebas útiles” para que los fiscales. Esta definición pertenece al esquema de Córdoba, que más parece interesarle al gobernador electo aunque aclara que es un tema aún para resolver con los miembros de la Justicia.

El objetivo -dice- es “perfeccionar y mejorar todo lo que es el área de investigación del delito” y su propósito sería “trasladar todas las áreas policiales de investigación al Ministerio Público”.

Mary Carmen Carrizo, es uno de los nombres que suenan para la Jefatura de la Policía.

Aparecen observaciones a su intención primaria de un traspaso general, es decir, de los gabinetes de Criminalísticas (técnicos) y de las brigadas de Investigaciones (policías de pesquisas en terreno). Distribuidos en la Provincia, esas unidades totalizarían unos 300 efectivos.

Esta modificación requerirá un proceso complejo, con alteraciones legislativas y presupuestarias. Antes, Weretilneck y su equipo de Seguridad-Policial deberán también enmendar con premura otros déficits para la prestación del servicio, como el reequipamiento en la fuerza.


Policía de Río Negro: Los nombres que se evalúan para mandar


Daniel Jara fue subjefe y jefe de la Policía en el segundo gobierno de Weretilneck. Siguió con Carreras, pero fue eyectado al año de una convivencia complicada. Esa abrupta exclusión se transformó en un primer desencuentro entre la mandataria y el senador porque el policía ya estaba integrado a su círculo de mayor confianza.

El futuro gobernador  lo reposicionará en una plaza primordial en la estructura de Seguridad-Policía aunque todavía evalúa a su subordinado, especialmente en su tránsito  y manejo en la transición.

Así, Jara podría ser el ministro o regresar a la Jefatura aunque, por momento, se consolida un cargo al frente de una Secretaría en Seguridad. En esta última posibilidad, Weretilneck ubicaría a otro incondicional en la conducción del ministerio y   se menciona a Nicolás Land.

Daniel Jara fue subjefe y jefe de la Policía en el segundo gobierno de Weretilneck.

Ese esquema -según las especulaciones- se completaría con la Mary Carmen Carrizo en la conducción de la Policía. Ella comandó Brigadas de investigación, fue jefa de unidades regionales, directora de Judiciales y, actualmente, está adscripta en la Fiscalía General del Ministerio Público.

Son antecedentes que aporta a su promoción por su presente vinculación con los fiscales  y el proyecto de  creación de la policial judicial.


La cesión de áreas de investigación a la Justicia


“La Policía Judicial está prevista en la Constitución y, hoy, el Ministerio Público Fiscal cumple y conduce las tareas de investigación, con personal policial. Todavía hay que precisarlo con la Justicia”, encuadra Weretilneck al plantear la creación de la policía judicial.

El gobernador electo sólo admite “diálogos informales” con las autoridades judiciales , pero aclaró que falta la conversación “institucional”.

Frente a la cuestión, fuentes judiciales comparten esa transformación aunque aparecen observaciones en referencia a los modelos.

En sus dichos públicos, Weretilneck defiende la reforma porque se necesita “perfeccionar y mejorar todo lo que es el área de investigación del delito. Eso se tiene que hacer desde el Poder Judicial” al dejar abierto el diseño, menciona las experiencias de Chile, Córdoba y CABA.

En tendió que se debería “trasladar toda las áreas policiales de investigación al Ministerio Público Fiscal” y, entre las razones, planteó que los investigadores en la Policía tienen un problema y “es la inestabilidad. Se los asignan a esa función, se los capacita y se apasiona y, después por distintos motivos termina en otra ciudad haciendo una tarea totalmente distinta”.

“Un fiscal en Río Negro -agregó- tiene un desempeño en su cargo promedio de siete a nueve años entonces si logramos generar equipos de investigación alrededor de ellos se lograría perdurabilidad y así se otorgaría mayor rédito”.

En concreto, el futuro mandatario se inclinaría porque el traspaso comprenda a los Gabinete de Criminalística y, también, a las brigadas de Investigaciones . Se trataría de unos 300 efectivos.
Las primeras reacciones proponen la progresividad de la transformación, a partir de las necesarias modificaciones de normativas y de los presupuestos.

Los gabinetes se conforman con los técnicos en pericias mientras que las brigadas corresponden a los policías de investigación en el terreno.


El reequipamiento pretendido y la búsqueda de los fondos necesarios


El parque automotor y el equipamiento policial conformó otro cuestionamiento de Weretilneck. Esta postura tuvo su contrapunto público en agosto cuando el gobierno provincial respondió a las críticas del gobernador electo con una solicitada con la enumeración de su “fuerte inversión”, según expresó.

Esa posición de Weretilneck mutará en la presión para su reparación aunque falta el financiamiento para esa concreción, lo cual, no será sencillo por la escasez de fondos en el Estado rionegrino.

Vale la especulación que parte de los recursos puedan surgir de los nuevos contratos petroleros que el futuro gobernador se cumplirán a partir de febrero o marzo próximo. Esta posibilidad registra un antecedente propio porque en las gestiones del 2012-2019, con la primera renovación de las concesiones petroleras,   parte de los ingresos fueron destinados a la compra de patrulleros.

Hace algunas semanas, en Jacobacci, el gobernador electo insistió con “una fuerte inversión en equipamiento”. Lo hizo después de contar que “hay innumerables comisarías y destacamentos no tienen patrulleros, motos ni bicicletas. (los policías) Van a los lugares con sus vehículos particulares, no lo voy a ocultar”, admitió.

Con una reciente entrega, la administración de Arabela Carreras incorporó 103 patrulleros -con 57 automóviles y 46 camionetas- y 84 motos en sus cuatro años. Para la mandataria, esa concreción es importante al considerar “los dos años de pandemia”.

En esa ocasión, se anticipó el reparto de uniformes aunque, a un mes de la finalización del mandato, el ministerio de Seguridad no tiene la fecha de su cumplimiento.


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