Asoma un debate agitado en Río Negro por el proyecto para modificar el régimen penal juvenil

La anunciada decisión de incluir a la agenda del Congreso para las sesiones extraordinarias de febrero un proyecto destinado a bajar la edad de imputabilidad y fijar reglas más severas para los menores que delinquen, desató ó en la región un áspero cruce de opiniones, como anticipo de la polémica que podría envolver el trámite legislativo.

Todavía no está disponible el texto que buscará imponer el gobierno nacional, pero según las declaraciones previas la intención es modificar la ley que hoy fija en 16 años la edad mínima para llevar a juicio al autor de un delito y reducirla a 13 o a 14 años.

En realidad La Libertad Avanza busca impulsar un nuevo régimen penal especial para adolescentes que actualice la ley 22.278. aprobada durante la última dictadura. Pero el centro de la cuestión y el dato que crispa el debate es la edad de imputabilidad.

Algunos dirigentes políticos de oposición y profesionales del derecho mostraron recelo por el “sesgo punitivista” que encuentran en la propuesta, mientras que los voceros del gobierno subrayan la necesidad de dar urgente respuesta al malestar de la sociedad con la “impunidad” actual ante los delitos graves protagonizados por menores que no cumplieron todavía los 16 años.

El diputado nacional rionegrino por el PRO Sergio Capozzi dijo que reducir la edad es “una medida necesaria, pero no suficiente”, porque no está resuelto en qué “institutos penales” se alojarían los eventuales condenados. Dijo que “hoy las cárceles son simples lugares de castigo y no cumplen con el mandato constitucional”.

Para el legislador de origen barilochense, “algo hay que hace frente a las aberraciones que es están viendo. Hoy te matan por una campera o un celular, y no tienen sanción”. Opinó que tiene que haber condenas para menores de 16 años, pero “que las cumplan en un lugar acorde, lo que significa invertir en infraestructura y en tecnología”.

Menos inclinado a profundizar en los detalles, el senador nacional Martín Soria (Fuerza Patria) criticó a “los liber opas del gobierno, que cuando encuentran una complicación” como las incendios o la resistencia contra la reforma laboral “tiran títulos para dividir a la opinión pública”. Soria se negó a opinar sobre la edad mínima de imputabilidad porque sería una forma de “seguirle el guión a estos delirantes”.

Desde el ámbito jurídico aparecieron posiciones como la del presidente del Colegio de Abogados de Bariloche, Ezequiel Palavecino, quien dijo que reducir la edad de punibilidad “no es solución, pero es la medida más sencilla para un Estado que retrajo y recortó muchas herramientas útiles para la prevención” del conflicto social, como las políticas de niñez y adolescencia. “Donde hay pobreza va a haber más violencia”, observó.

El déficit está en la prevención

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El diputado nacional Marcelo Mango (Fuerza Patria) reconoció que “sí hace falta un nuevo régimen final juvenil, pero centrar el tema en la edad no es el camino”. Sostuvo que antes hace falta “revisar a fondo las acciones de prevención, de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, porque hoy está todo abandonado”.

Sostuvo que “se necesita una mirada integral y no punitiva”. Mango dijo que hace 20 años desde Cipolletti, cuando trabajaba con Alberto Weretilneck en el municipio, elaboró un programa de “prevención social del delito”, dentro de una iniciativa nacional de “comunidades vulnerables” y que allí hay lineamientos que se pueden reflotar.

Consideró que “el momento es muy complejo”, que existen nuevos fenómenos como “el narcotráfico, que recluta a menores” y que el abordaje debe ser “más amplio de lo que se habla hasta ahora, con el acento puesto en los vínculos sociales y familiares”.

Este medio buscó también la palabra del senador nacional por LLA Enzo Fullone y a la diputada de Fuerza Patria Adriana Serquis. Los dos aseguraron estar abocados a otros temas y prometieron algún pronunciamiento recién para la semana próxima.

Entre quienes sí fijaron su postura estuvo el legislador provincial por el partido PRO Juan Martín, quien dijo que urge atender la situación de las “víctimas desprotegidas” ante la repetición de “delitos cada vez más violentos y organizaciones criminales que se aprovechan de vacíos legales para reclutar a menores y garantizar impunidad”.

Llamó a “actualizar las reglas cuando la realidad cambió” y consideró que “bajar la edad de imputabilidad no es criminalizar a los menores. Es asumir que quien comete un delito grave debe responder ante la ley”.

Martín dijo que acompañará la reforma impulsada por el gobierno nacional y se pronunció por diseñar “un régimen adecuado y proporcional, con un fuerte énfasis en la reeducación y la reinserción, pero sin mirar para otro lado”.

Discusión sobre los datos

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La senadora nacional Ana Marks (Fuerza Patria) dijo en tanto que sostener la baja de la edad para los menores punibles como una “necesidad urgente” se basa “en una premisa falsa y sin sustento estadístico”. Sostuvo que los delitos cometidos por menores de 16 años “son apenas un 5% del total, y de ese 5% la gran mayoría son excarcelables. Los delitos graves son poquísimos”.

Señaló que en otros países quedó demostrado que el castigo penal a los menores “agrava la reincidencia”. Llamó la atención sobre la ausencia de un sistema carcelario que cumpla con la ley y los tratados internacionales. “Sabemos lo que pasa en Río Negro: cárceles saturadas y en pésimas condiciones. Los menores van a terminar alojados en comisarías”, vaticinó.

Marks adelantó que votará en contra de rebajar la edad de imputabilidad y de cualquier ley “de punitivismo puro”. Insistió en que se impone “desarmar el mito de que los menores son los peores delincuentes” y dijo que la situación actual se resuelve “con más prevención, más presencia del Estado, acceso a la cultura, al deporte. Todo lo que este gobierno está rompiendo”.

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Pocos incondicionales de la medida entre abogados

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Entre quienes analizan el tema desde el mundo del derecho, cuesta encontrar partidarios incondicionales de una adoptar una regulación más severa para los delitos cometidos por adolescentes. El presidente del Colegio de Abogados de Roca, Carlos Gadano eludió ambigüedades y dijo estar “totalmente en contra” de reducir la edad de imputabilidad.

“El Estado no puede reprimir lo que no ha podido prevenir”, afirmó el jurista. A su entender, abordar la conflictividad social como lo hace el gobierno es errado y -según dijo- no le consta que haya “una mayor demanda social” para el agravamiento de las penas y la criminalización de los adolescentes.

Sostuvo que “hay un tema más importante que la inseguridad y es la situación que atraviesan todos los hogares que están en la pobreza y en la indigencia, y que son la plataforma de lanzamiento de la conducta de estos chicos”.

En la misma línea, su par del colegio barilochense Ezequiel Palavecino, aseguró que “no toda la gente piensa lo mismo” sobre la necesidad de bajar el umbral etáreo para juzgar y castigar los delitos, aunque hay un microclima “para hacer creer que es así, muchas veces impulsado desde los medios”.

Dijo que la discusión sobre la imputabilidad juvenil “corre el eje de lo que es un sujeto de derecho”. El abogado aclaró que una persona de 14 años “es todavía un chico y ponerlo preso viola la Constitución Nacional”. Refirió también que “la Organización Mundial de la Salud dice que el encierro no es una herramienta apta para resocializar”.

Palavecino dijo que hay muchas cosas que los impulsores del proyecto no aclaran y se preguntó “cuánto se tardaría en implementar” un nuevo régimen penal para menores de 16 años, porque necesita establecimientos específicos, equipos interdisciplinarios y una inversión difícil de imaginar cuando prevalecen hoy “la mala capacitación y los sueldos magros” en el sistema penitenciario.

El exfiscal ya jubilado Carlos López, de larga trayectoria en los tribunales de Bariloche,también se pronunció en contra de la propuesta. “Con mis 40 años en la magistratura te dijo que este tema se discute desde hace muchísimo -afirmó. Y yo soy uno más de lo que te voy a decir que lo central no es el número, sino qué hacer después con los chicos. Cómo contenerlos, cómo tratarlos”.

Dijo que responder por esta vía a los reclamos de mayor seguridad “es una medida política y casi demagógica”. López estimó que “si se hacen encuestas no van a salir tan así, están jugando al límite”.

Para el abogado, “es verdad que la ley viene de la dictadura, quedó desactualizada y hay que rediscutirla, pero sin olvidar que el país es firmante de tratados que velan por los derechos del niño. Y un menor de 18 es un niño, Ponerlo en una cárcel sería un despropósito total”.