Políticos pecaminosos

Aunque en su condición de presidente de la República, Fernando de la Rúa es el jefe formal de la «clase política» nacional, gremio hacia el cual siempre ha hecho gala de un grado de lealtad conmovedor, optó por calificar de «muy valioso» el documento emitido por la asamblea episcopal en el que los obispos se dieron el gusto de criticar con vehemencia poco común a «la dirigencia» del país. Según la Iglesia Católica, los partidos políticos ya han dejado de «ser escuela de civismo para sus adherentes e instrumentos de selección de los más aptos para la consecución de los cargos públicos», afirmación que se inspira en el presupuesto de que hasta hace muy poco tanto la UCR como el PJ eran organizaciones meritocráticas dominadas por hombres y mujeres ejemplares que jamás pensarían en enriquecerse o en privilegiar a sus parientes, amigos y aliados ideológicos. Para solucionar los problemas así supuestos, dicen, los políticos deberían prestar atención a «la conciencia colectiva de los argentinos», en la cual «se advierte un fuerte deseo de privilegiar la ética y la idoneidad y de alentar a los honestos».

Se trata de una lectura un tanto optimista de la realidad del país porque, de estar en lo cierto los obispos, una ciudadanía comprometida con las virtudes aludidas, además de «la solidaridad», aprovechará las próximas elecciones para castigar a los malos y premiar a los buenos, pero la verdad es que no se da ningún motivo para creer que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, el electorado se dejará guiar por criterios morales. Es más, puede atribuirse la indignación que tantos sienten por la corrupción al malestar causado por una crisis económica prolongada. En la primera mitad de los años noventa, cuando la corrupción pareció aún más escandalosa que en la actualidad, el entonces presidente Carlos Menem pudo anotarse una serie de triunfos electorales a raíz de la convicción generalizada de que, aunque con toda seguridad robaba, también era capaz de garantizar el crecimiento económico.

Los males diagnosticados por los obispos son evidentes y a nadie se le ocurriría negar que al país le iría mucho mejor si todos los políticos fueran personas honestas, de valores claros, que hicieran de la política el «principal instrumento de gestión del bien común, de modo que sea ella la que dirija y encauce también a la economía en el marco de las instituciones republicanas vigentes», pero sucede que las eventuales mejoras en dicho ámbito no servirían para mucho a menos que los dirigentes afrontaran las dificultades del país con realismo. Lo entiendan o no los obispos -y todo hace pensar que no lo entienden en absoluto-, la grave crisis en la que se ha precipitado el país tiene menos que ver con las deficiencias morales de los dirigentes que con su compromiso con un orden socioeconómico cada vez más desactualizado, uno que, para colmo, debe mucho a la visión en el fondo corporativa de la propia Iglesia Católica, institución que, lejos de intentar ayudar a preparar a la ciudadanía para hacer frente a las exigencias del mundo moderno, raramente deja pasar una oportunidad para subrayar la malignidad del «liberalismo» y del «capitalismo salvaje».

La corrupción sistemática, el internismo enfermizo y la voluntad patente de muchos políticos de anteponer sus propios intereses sectoriales a aquellos de la comunidad en su conjunto son consecuencias acaso inevitables del colapso de las «doctrinas» populistas tradicionales. Conscientes de que las estrategias por las cuales han luchado no sirven para atenuar los problemas actuales y reacios a emular a sus equivalentes europeos que, después de varios años de luto, lograron adaptarse a las nuevas circunstancias, son muchos los políticos desilusionados que han elegido aferrarse a lo ya «conquistado». Conforme a los obispos, les faltan imaginación y creatividad, pero puede que la causa básica de su fracaso consista en que a su modo son demasiado imaginativos y creativos, demasiado propensos a reivindicar «modelos» que saben utópicos pero que por lo menos les permiten afirmar que sus proyectos se inspiran en «la doctrina social de la Iglesia», no en las recetas que se han aplicado, para indignación de muchos obispos católicos locales, en todos los países del Primer Mundo.