Premiados por el Estado

editorial

La ley de blanqueo de capitales promovida por el gobierno nacional alimenta el viejo apotegma que dicta que todos aquellos que no pagan los impuestos y esconden sus pequeñas o grandes fortunas al fisco, a la corta o la larga, terminan siendo premiados por el Estado.

No es una buena señal para los millones que, con un enorme esfuerzo, se acercaron a la AFIP a cancelar sus compromisos tributarios en todos estos años.

El nuevo blanqueo se suma a los más de una docena aplicados desde principios de los 90 a la fecha. Siempre se anuncia como el último para el gobierno de turno que define el beneficio para unos pocos. Pero parte de la sociedad argentina, socia oculta de la amoralidad del sistema, sabe que no existe un punto final para este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, muchos de los que hoy especulan con adherir al nuevo perdón fiscal están presionando para que se bajen las tasas de los costos punitivos bajo amenaza de no incorporar sus dólares al sistema a la espera de “mejores condiciones” para sus ahorros. Insólito, pero digno de un país poco serio en materia tributaria.

El proyecto que hoy está bajo análisis en el Congreso nacional lejos está de cumplir con los principios de capacidad contributiva e igualdad que establece nuestra Constitución, ya que fija alícuotas sustancialmente inferiores para quienes se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de aquellos que cancelaron las mismas en tiempo y forma. El plan oficial y las correcciones previstas por la oposición incluirán una importante condonación de deudas impositivas en términos de capital e intereses sobre el dinero a blanquear. Con este tipo de conductas, el Estado continúa privilegiando una finalidad meramente recaudatoria por sobre los parámetros de equidad más elementales que sostienen a una sociedad, como es el exigir idéntico impuesto a quienes exhiben igual capacidad contributiva.

Si bien desde el gobierno nacional aseguran que los beneficios concedidos por la nueva ley, todavía bajo estudio del Congreso, se apoyan en objetivos extrafiscales (honrar una deuda histórica que el Estado tiene con los jubilados, entre otros), el principal fundamento de su dictado es la imperiosa necesidad de recaudar más para hacer frente al enorme gasto público generado en todos estos últimos años.

La inequidad de este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno también afecta el plano social. Por lo general son los más pudientes los que poseen un mayor acceso a este tipo de beneficios. Por ejemplo, quien posea 5 millones de dólares no declarados en una cuenta en Suiza pagará al fisco mucho menos, en forma proporcional, que aquellas personas de sectores más humildes que tienen menos capacidad de evitar el pago de tributos teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de sus ingresos está destinado al consumo que paga el IVA. Lo mismo ocurre con los asalariados medios a los que se les retiene el 35% en concepto de Ganancias sin posibilidad alguna de recibir beneficios del agente recaudador.

Quienes defienden desde el poder político la validez de este nuevo régimen de regularización esgrimen en su defensa el hecho de la existencia de mayores controles –respecto de otras moratorias– sobre el origen de los fondos que ingresarán al país y que la ley será consensuada y sancionada por el Congreso de la Nación. Sin embargo, desde la lógica cartesiana en una sociedad ordenada, en términos jurídicos y tributarios, no hay cabida para validar con una ley lo inmoral.

El nuevo proyecto de blanqueo, como los anteriores, sumará antecedentes que erosionan los cimientos sobre los cuales se apoya la potestad tributaria (capacidad contributiva e igualdad); a su vez fomentará el desapego al cumplimiento de las leyes en el país y desalentará a los contribuyentes cumplidores que cancelan sus impuestos en tiempo y forma.

Lo paradójico es que hacia fines del año pasado fue el flamante titular de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, quien comunicó el fin de la moratoria impulsada por el kirchnerismo calificándola de “inaceptable desde el punto de vista técnico, político y moral”. Todo indica que las necesidades fiscales terminaron por vulnerar sus principios. Ironías de lo que es el pragmatismo en la política argentina.