Preocupa la salida de Venezuela de la Corte IDH

CARACAS (AFP).- Venezuela salió ayer de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora, lo que según grupos humanitarios deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del Estado. El retiro se formaliza, según los procedimientos, un año después de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez –fallecido en marzo de cáncer– denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento en que se fundamenta la Corte, con sede en San José, cuando emite sus sentencias. La decisión provocó una ola de críticas de organismos de derechos humanos locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), pero el gobierno argumenta que la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “siguen órdenes” del “imperio” (EE. UU.) y se han prestado a “perseguir a gobiernos progresistas”. La CIDH “se convirtió en un instrumento para la protección de los intereses geopolíticos de USA (Estados Unidos) en América y para perseguir gobiernos progresistas”, escribió en Twitter el presidente Nicolás Maduro . Aunque la Corte ahora sólo podrá conocer demandas contra Venezuela sobre violaciones a derechos humanos ocurridas antes de ayer; el Estado no puede retirarse de la Corte IDH, órgano autónomo de la OEA, sin dejar a la propia organización regional. Un día antes de que se concretara la salida de la Corte, la oposición venezolana denunció ante la Corte IDH la elección del 14 de abril por considerarla fraudulenta, y luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara inadmisibles sus impugnaciones. Venezuela no permite desde 2002 visitas de la CIDH, que puede seguir evaluando y emitiendo reportes informativos sobre la situación de los derechos humanos en ese país. La corte lamentó “profundamente” la salida efectiva de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos, y formuló “un llamado a Venezuela a reconsiderar esta decisión” para que “las víctimas de posibles violaciones a derechos humanos que puedan ocurrir después del 10 de septiembre cuenten con acceso a la CIDH”. Las activistas de la ONG venezolana de derechos humanos Cofavic, Liliana Ortega y Hilda Páez, destacaron que los principales perjudicados son los venezolanos, por el grave problema de impunidad que persiste en el país. “En Venezuela, donde existe una absoluta falta de independencia del Poder Judicial y un Tribunal Supremo dedicado a convalidar políticas del gobierno que socavan derechos fundamentales, esto es particularmente escandaloso”, opinó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Venezuela es el segundo país en denunciar la Convención –también llamada Pacto de San José– después de que lo hizo Trinidad y Tobago en 1998. Pero Estados Unidos, Canadá y países del Caribe ni siquiera la han firmado o ratificado, por lo que tampoco reconocen la competencia.