Presión por los presos de La Tablada

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno de la Alianza para la revisión de las condenas por el ataque al cuartel militar de La Tablada cometido en 1989 ingresó ayer en Diputados, pero el justicialismo ya anticipó que, aunque dará quórum para tratar el asunto, lo votará en contra. El PJ, por otra parte, sostuvo que es partidario de un indulto para los presos.

Pese a la distancia, el caso La Tablada dio ayer un nuevo disgusto a De la Rúa: el presidente finalizaba su disertación en la Real Academia de la Lengua en España, cuando Claudia Masot, militante de la asociación HIJOS, le espetó un ruego por los presos, que llevan 49 días en huelga de hambre. «Malditos, no dejéis morir a esos hombres», imploró Masot, que luego fue retirada del salón.

En Buenos Aires, el ministro de Justicia y hermano presidencial, Jorge de la Rúa, reiteró que «el Gobierno tiene la clara decisión de cumplir con los compromisos internacionales».

Se refería a la asignatura pendiente que desde hace años tiene Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que recomendó dar a los condenados por el ataque al cuartel la posibilidad de apelar las sentencias.

Ayer, cuando dos de los presos del caso regresaron a Caseros tras ser hospitalizados como consecuencia del largo ayuno que llevan a cabo, ingresó al Congreso un proyecto elaborado por el ministro De la Rúa que, en realidad, sólo faculta a los presos a interponer un recurso de revisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Este mecanismo, ya utilizado por el ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, no admite la aplicación de la llamada «ley del dos por uno», por lo que los detenidos seguirían tras las rejas.

Aun así el presidente provisional, Mario Losada, y el ministro De la Rúa coincidieron en señalar que el proyecto del PEN tendiente a conceder una segunda instancia coincide con los «reclamos» de tratados internacionales.

El ministro de Justicia aseguró que la integridad psicofísica de los presos «es una prioridad absoluta» para el Gobierno y calificó de «excelente» el estado de los presos Rodríguez y Aguirre.

«No hay situación de riesgo respecto de ninguno», aseveró el ministro, a quien rápidamente retrucó el vocero de los presos, Adrián Wittenberg: «No se puede creer que digan que se encuentran en perfecto estado de salud cuando hace 49 días que están en huelga de hambre».

El gobierno argentino deberá responder, desde hoy hasta el viernes en Ginebra, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre el cumplimiento en el país de temas relacionados con esa temática. La situación de los presos seguramente será considerada.