“Pretende convertir en ‘derecho’ lo que claramente es un delito”

Carta abierta al juez Juan Pablo Chirinos Tiene razón el intendente de Roca, Dr. Martín Soria, al criticar al juez Juan Pablo Chirinos quien, en el marco de la primera causa por el delito de usurpación que llega a la etapa de juicio oral en Río Negro, ha intentado direccionar las audiencias de debate con el fin de favorecer a los usurpadores, con el claro objetivo de dejar sin condena penal a los responsables de la toma de Villa Obrera del 2009. Se apresta, de este modo, a “legalizar las tomas de terrenos públicos y privados en la provincia”. Nuestro intendente fue categórico: “La justicia social es una aspiración política, no es una rama del derecho penal, Dr. Chirinos”. Y tiene razón. Nuestra ciudad ha sido un municipio pionero; gracias a la visión del “Gringo” Soria logramos instaurar un banco municipal de tierra social para paliar la necesidad habitacional de los que menos tienen. En nuestra ciudad, como corresponde, nada se regala. Luego de sortear las encuestas sociales, las familias deben abonar una cuota mínima para acceder a un terreno social. Por eso, en nuestra ciudad no tenemos veinte tomas y quienes usurpan sólo pueden perseguir oscuros fines políticos o económicos. De este modo, Dr. Chirinos, a pesar de ser habitual en Ud., aquí se le está complicando responsabilizar al Estado. Pretender exculpar a quienes atentan contra la forma en que todos elegimos vivir y desarrollarnos e imponer con medidas judiciales actos de disposición o de administración que nuestra Constitución delega a otros poderes del Estado no sólo es un desvío de poder, sino que se inscribe también en un claro mal desempeño del cargo. Estos conceptos, básicos para cualquier abogado, deberían volver a ser meditados fuertemente por su señoría, que cree que “impartir justicia” es hacer política con sus sentencias vanguardistas. Lo que Ud. parece no entender, Dr. Chirinos, es que fue elegido por una corporación de abogados para aplicar el derecho vigente al caso concreto. En eso consiste su trabajo, que cuando es ejercido con corrección y responsabilidad hasta puede resultar merecedor de todos los privilegios que se le otorgan –entre los que se encuentran sus voluptuosas remuneraciones, el no pago de impuestos y su inamovilidad en el cargo–. Pero, si lo que desea es hacer política, tampoco hay problema. Sólo que en tal caso, amén de renunciar previamente a su cargo en la Justicia, debería también confesar abiertamente a qué partido político actualmente está sirviendo y tener el coraje de competir en una elección general. Es muy probable que como joven exfuncionario del gobernador Verani siga el camino tomado por varios de esa vertiente, hoy claramente devotos albertistas. Los vecinos de Cipolletti no se olvidan del asesinato del comerciante Claudio Araya, apuñalado por Juan Ramón Geldres, un preso que gozaba de las extrañas salidas laborales que como juez de Ejecución Penal usted le permitió a ese malviviente. En aquella ocasión, el Dr. Chirinos tomó una reveladora posición política al responsabilizar públicamente, una vez más, al Estado: “No tenemos la colaboración (de Baratti) como la teníamos con Alberto –Weretilneck–” (según sus propios dichos en marzo del 2013). Más recientemente volvió a garantizar impunidad, responsabilizándonos a todos en la causa de los chicos que murieron quemados en el 2007 tras incendiarse el calabozo de la subcomisaría de Mainqué –donde estaban detenidos–, sentenciando que esas muertes fueron también, obviamente, “responsabilidad del Estado”. Por ello es repudiable su interesada actuación en la causa penal contra los activistas que propiciaron la toma de Villa Obrera del 2009, resultando verdaderamente penosa su descarada intención de favorecer a quienes violando la ley buscan beneficiarse personalmente, usurpando y pretendiendo apropiarse de bienes ajenos (algunos públicos y otros privados). Ud., señor juez Chirinos, pretende convertir en “derecho” lo que claramente es un delito. Seguramente porque le resulta mucho más “progre” tratar como víctima al delincuente y como culpable al Estado, total el que paga es siempre el pueblo. Le recuerdo que su abultado sueldo –junto al de sus colegas– no lo pagan los delincuentes, lo pagamos los vecinos que cumplimos la ley, abonando –entre otras cosas– los impuestos. Sin dudas, el vacío de poder y la falta de legitimidad en que se sumerge hoy Río Negro resultan propicios para que jueces como su señoría, con fantasías dirigenciales, surjan desde sus cómodas y acomodadas poltronas para decirnos cuándo, cómo y dónde disponer de los bienes del Estado. El problema es que detrás de sus decisiones supuestamente vanguardistas se esconden siempre los negocios de unos pocos, el lucro de unos vivos a costa del Estado y el despilfarro de los bienes que son de todos, que nos pertenecen a todos, pero mucho más a nuestros hijos. Celia Graffigna Vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante Roca

Celia Graffigna Vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante Roca