Prioridades distintas

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pedía lo imposible al exigirles a los poderes del Estado –en primer lugar el Ejecutivo, pero también el Legislativo– que actuaran en conjunto para solucionar “los problemas de la gente, como las jubilaciones, la seguridad, las cuestiones laborales y los vinculados con la salud”, ya que no existirá jamás una sociedad en que se haya resuelto absolutamente todo, pero si lo que quería decir era que tanto el gobierno como muchos opositores deberían prestar más atención a los temas concretos que inciden directamente en la vida de los 40 millones de argentinos, pocos pensarían en discrepar con el juicio así supuesto. Parecería que virtualmente todos los integrantes de la clase política nacional están tan obsesionados con sus propios asuntos, como la campaña furibunda contra ciertos medios de difusión en el caso del gobierno, o en el de los opositores las vicisitudes de sus respectivas internas, que no les queda tiempo para pensar en lo que podría hacerse para mejorar la calidad de vida de los demás habitantes del país. Por supuesto que no se trata de una novedad. Buena parte de la infraestructura del país fue construida hace muchas décadas sin que quienes vinieron después se dieran el trabajo de mantenerla, y ni hablar de reemplazarla, con el resultado de que en muchos lugares es penosamente anticuada. Lo mismo puede decirse del sistema previsional, el de salud, la legislación laboral y así largamente por el estilo. A pesar de lo mucho que se haya dicho acerca de sus deficiencias y de la necesidad de tomar medidas urgentes a fin de modernizarlos, muy poco ha cambiado en los últimos años. Como corresponde, lo que más preocupa al presidente de la Corte Suprema es la condición precaria en que se encuentra el Poder Judicial debido, insistió, a la falta de recursos. Señaló Lorenzetti que “los jueces federales tramitan 3,2 millones de causas y muchas son expedientes voluminosos, como los de derechos humanos. Están vacantes 183 cargos. Si no hay jueces no puede haber fallos”. El resultado de la situación que describió es que, salvo cuando sea cuestión de causas que involucran a los Kirchner o, tal vez, los beneficiados por lo que el ministro de Economía, Amado Boudou, calificó de “justicia exprés”, aquí la Justicia suele proceder con lentitud exasperante, como si el objetivo fuera prolongar los trámites hasta que la biología se las arreglara para cerrar definitivamente un expediente engorroso. Será éste el destino de una proporción significante de los aproximadamente 400.000 juicios iniciados por jubilados que reclaman la actualización de sus haberes; parecería que, con un grado de cinismo apenas concebible, los encargados del sistema han decidido ahorrar dinero apostando a que dentro de poco la muerte les exima de la necesidad de abonarlos. Para dificultar todavía más la tarea de la Justicia –la que, huelga decirlo, no es la única institución que para funcionar como es debido tendría que disponer de recursos decididamente mayores que los que efectivamente percibe– propende a aumentar la cantidad de causas a raíz de la “excesiva judicialización” de tantos temas preocupantes. En vista de que la clase política nacional está dominada por personas que se prepararon estudiando derecho, que ello haya ocurrido no es demasiado sorprendente pero, con escasas excepciones, los que creen que la mejor forma de resolver un problema, como los que angustian a millones de jubilados, es llevándolo a la Justicia son víctimas de una ilusión cruel. La verdad es que “la judicialización” de los conflictos que Lorenzetti denunció en la apertura de la cuarta Conferencia Nacional de Jueces sirve para atenuar su impacto social al hacer creer a los afectados que tarde o temprano un juez producirá un fallo que les sea favorable, de suerte que no tendrán más opción que la de esperar con paciencia hasta que la Justicia se haya pronunciado. Si no fuera por la alternativa así supuesta, los conflictos serían más intensos, pero también sería mayor la presión sobre los funcionarios y políticos para que hicieran un esfuerzo auténtico para resolverlos, lo que, en una sociedad en que los dirigentes suelen destacarse más por su locuacidad que por su talento administrativo supondría un cambio que con toda seguridad sería muy positivo.