Procesan a Romera por vender un lote del IPPV
El juez Martín Lozada llevará a la Justicia al jefe comunal bolsonés por considerarlo "presunto autor del delito de estafa" por la compraventa de un terreno que no pertenecía al municipio.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El juez Martín Lozada dictó el procesamiento del intendente de El Bolsón, Oscar Romera, al que considera «presunto autor del delito de estafa» por haber vendido a una vecina un lote cuyo titular era el IPPV.
Fue la propia mujer quien denunció al jefe comunal y lo llevó ante la Justicia por la «venta indebida del lote».
En consecuencia, el juez de Instrucción de Bariloche evaluó que el imputado «abusó de la confianza que -por su calidad de intendente-, despertó en la denunciante, quien no dudó a la hora de celebrar la compraventa respecto de un lote que le fue presentado por el imputado a sabiendas de que no poseía ningún derecho susceptible de ser transferido respecto de aquél».
Consideró que Romera «actuó con conocimiento e intención, debido a que poseía el dato preciso en torno a la ajenidad del predio en cuestión. Tan es así que reconoció expresamente ese soporte cognitivo a la hora de prestar declaración indagatoria en presencia de su defensor, y que lo hizo con intención, puesto que pese al conocimiento, en perjuicio patrimonial de la vecina de apellido Ortega incurrió en la maniobra investigada».
«No lo comprendo, hace 4 años que me están involucrando en cuanto hecho raro aparece en el pueblo», dijo ayer Romera al ser consultado por «Río Negro».
«Por este caso fui a declarar e incluso presenté pruebas de que esta señora hasta había pagado cuotas, ¿de qué estafa me hablan?», se preguntó.
«En realidad, traté de darle respuesta ante un problema grave que tenía (y que lo sigue teniendo), donde se comprometía a pagar un precio simbólico de $150 por mes», subrayó agregando que «hasta le dimos un empleo en el municipio».
En cuanto a las otras causas penales que sigue en su contra el mismo juez Martín Lozada, Romera recordó que fue sobreseído de la denuncia «por el aumento de mi sueldo, donde no tiene competencia la Justicia. Ya habían intervenido a los concejales con la correspondiente ordenanza. Me llamaron para cerrar la causa», destacó.
En cuanto al caso de instigación a la violencia por los hechos del «sábado negro», cuando guardias municipales sacaron de la plaza Pagano a feriantes golondrinas el 2 de febrero de 2008, Romera aseguró que «menos yo, todos los demás implicados fueron sobreseídos». Según el jefe comunal, «es una estupidez esto de judicializar todo».
En el mismo sentido, se encuentra investigado por el supuesto ejercicio abusivo de sus funciones «al designar como empleado municipal a una persona que no poseía idoneidad ni aptitud para el ejercicio un cargo público, toda vez que registraba una condena penal en su contra». Hay que agregar «las amenazas contra noteros del equipo periodístico de CQC», con un escándalo de repercusión nacional.
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