Pueblos originarios temen por pérdidas de tierras en Río Negro

El problema radica en que está frenada la segunda etapa del relevamiento de comunidades que están a cargo del gobierno nacional.



A más de 10 años de la vigencia de la Ley 26.160, que debiera transparentar el uso ancestral de la tierra, referentes de pueblos originarios dieron cuenta de los compromisos incumplidos por el gobierno nacional, y se encuentran preocupados porque tienen miedo de potenciales despojos territoriales en Río Negro.

El problema radica en que está frenada la segunda etapa del relevamiento de comunidades que están a cargo del gobierno nacional, según denunciaron los representantes Ignacio Prafil, Luis Pilquimán y Mario Barrio; acompañados por Valentina Currupil, actual titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).

Datos

50
son las comunidades indígenas que hasta ahora se relevaron en Río Negro. Inicialmente se estima incluir en la segunda etapa a 60 pero se cree que hay 160 en territorio rionegrino.
13
son los años desde que entró en vigencia la Ley Nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Prafil puntualizó ante Río Negro que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene que decidir el traslado a la Provincia de veedores para constatar que las comunidades a relevar tiene las autoridades constituidas “en forma real”, y deben constituirse los Consejos de Participación Indígena (CPI).

De acuerdo a la información que poseen los representantes aborígenes tras contactos con el INAI, es que los técnicos de la Nación “no vienen por falta de viáticos” pese a que en marzo pasado se realizaron asambleas en la Línea Sur, Alto Valle y Zona Atlántica.

Según este referente político-territorial “no es una porfía nuestra, existe un derecho, contamos con el apoyo del gobierno provincial que puso toda la voluntad para que eso se cumpla, y el relevamiento lleva tiempo”.

Si bien aclaró que los fondos para realizar el operativo están depositados, a su entender “se corre el riesgo de que alguien venga a hacer un desalojo” y además “los meses pasan, se viene el invierno, y la prórroga de la Ley tiene fecha de vencimiento”.

Los representantes mapuches consideraron que existe “falta de voluntad política” del ente nacional e insistieron con que “las demoras ponen en riesgo situaciones inestables”.

Precisamente, la norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Tal cual lo afirmado por Prafil fue prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021, y en este marco se crea un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas por un monto de 30.000.000 de pesos.

El fondo – a cargo del INAI- debe ser destinado a afrontar los gastos que demanden un relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas, las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales, y los programas de regularización dominial.


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