Quedó inaugurada la delegación de la Procuración Penitenciaria de la Nación

ROCA

“Los presos están en las cárceles para ser reeducados, no para que salgan más resentidos. Como dice el artículo 18 de nuestra constitución, ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice’. Nosotros estamos para hacer que la Constitución Nacional y los pactos internacionales ratificados por el Estado Nacional se cumplan”, indicó Ximena García Sptizer, delegada para la región de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

La Delegación Comahue de la Procuración Penitenciaria de la Nación, encargada de proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad alojadas en cárceles federales de Río Negro y Neuquén, inagurará una oficina en la localidad rionegrina de General Roca el próximo viernes. El acto será a las 11 en el local ubicado en calle Buenos Aires 1666 y contará con la presencia del actual Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y de la delegada regional, Ximena García Spitzer.

En diálogo con rionegro.com.ar, García Spitzer, explicó que “la Procuración Penitenciaria de la Nación no depende del Servicio Penitenciario de la Nación sino todo lo contrario; está para controlarlo. Es un organismo del Estado que controla al mismo Estado, cuyo objetivo es defender los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Es como la “defensoría del Pueblo” de los internos; depende del Poder Legislativo y tiene presupuesto propio”

La Procuración Penitenciaria de Nación se creó en enero del 2004, en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, a través de la ley 25.875. Su objetivo fundamental es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal; o sea, de todas las personas privadas de su libertad, por cualquier motivo en jurisdicción Federal, que estén alojados en comisarías, alcaidías u otro tipo de locales, y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se estén internados en establecimientos provinciales.

En función de la gran extensión territorial de nuestro pais y la distribución de las unidades carcelarias, la Procuración Penitenciaria de Nación creó delegaciones territoriales para poder ejercer sus funciones de manera más eficiente y así es como surge la delegación Comahue.

La Delegación Comahue de la Procuración viene trabajando desde hace dos años en nuestra región. Tiene competencia en las unidades penitenciarias federales de Río Negro y Neuquén: la UPF Nº 12 en Viedma; la UPF Nº 5, en General Roca, y la UPF Nº 9, en la capital neuquina. En total, unas 900 personas privadas de su libertad y que cometieron delitos están alojadas en ellas.

En relación al trabajo que vienen realizando detalló que existe una línea telefónica habilitada a través de la cual los internos plantean las quejas contra el servicio. Los reclamos ante los que intervienen forman un todo complejo y heterogéneo: “Van desde malos tratos y tortura, abrigo o alimento, hasta cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana en un penal: solicitudes de trabajo o de estudio, pedidos de traslado por acercamiento familiar, reclamos por pertenencias o retribuciones económicas que no están recibiendo en término, certificados laborales o de estudios realizados, quejas porque están enfermos y el médico nos los atiende, o porque ya cumplieron su pena y todavía “siguen guardados”, dijo.

La Procuración toma contacto directo con el interno y todo lo que habla con él es totalmente confidencial para resguardar su seguridad. Si la denuncia es por malos tratos se presenta rápidamente un habeas corpus y se contacta a un médico -que trabaja para la Procuración- para que le brinde asistencia. Ante otros casos elabora un informe al SPN para que actúe en consencuencia. Pero en muchos, soluciona cuestiones básicas y cotidianas, tomando contacto con las distintas partes para dar mayor celeridad a algunos trámites.

“Básicamente lo que nosotros hacemos es controlar que se cumplan los lineamientos establecidos en la ley 24.660 de Ejecución Penal que determina los principios y modalidades de la ejecución de la pena y todo lo referente a las normas de trato, conducta, disciplina, beneficios, trabajo, educación, asistencia médica y espiritual, relaciones familiares y sociales, etc”, sintetizó.

“No podemos invisibilizar las cárceles ni a los presos que viven en ellas. Si la cárcel no rehabilita reproduce criminalidad. Si el interno cumplió su pena pero no fue rehabilitado, cuando sale vuelve a delinquir y provoca más víctimas. El hecho de que las cárceles sean “sanas y limpias”, como dice nuestra Constitución, es parte de la solución al complejo problema de la seguridad/ inseguridad aunque a menudo no suele verse de esa manera”, apuntó.

Ante el reclamo social de penas más duras para aquellos que cometen delitos y la naturalización de los malos tratos a las personas privadas de su libertad, García Sptizar recordó la frase de Gandhi que dice “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”. “Los internos son personas por más delito aberrante que hayan cometido. Y el Estado no puede pretender rehabilitarlo cometiendo delitos o violando los derechos humanos”, resumió.

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