Quieren borrar la burocracia para agilizar trámites sociales
La Defensoría del Pueblo de Río Negro envió un proyecto a la Legislatura para agilizar tiempos administrativos y afrontar más rápido situaciones de emergencia que actualmente se dilatan.
Las bases que permitan terminar con el papeleo innecesario, reduciendo tiempos administrativos de 60 a dos o diez días ante una urgencia médica o social, quedaron sentadas en una propuesta que la Defensoría del Pueblo le trasladó a la Legislatura rionegrina.
El diseño de este Modelo Participativo para mejorar la eficiencia en los procesos burocráticos y promover un sustancial cambio, surgió de un análisis que hizo ese organismo de control en los últimos tiempos sobre el nivel de reclamos y de pedidos de solución que llegan a sus oficinas.
“Es habitual recibir requerimientos de personas que necesitan un medicamento oncológico o una prótesis, y en el momento que les están prescribiendo ya están viniendo porque esto demora mucho tiempo”, advierte la titular Adriana Santagatti.
A su entender, las fallas están dentro del marco legal que es la Ley de Procedimiento Administrativo donde “el reinado está en el expediente y que impide que se pueda dar una rápida solución al problema” dentro de un modelo autoritario que contienen órdenes, prohibiciones y mandatos.
Puso como otros ejemplos casos relacionados con los niños y adolescentes en conflicto con la Ley, de consumo de estupefacientes o en la entrega de un pasaje en colectivo para personas con una discapacidad.
El método de resolución planteado -desde la Asesoría Jurídica a cargo de Juan Bautista Justo- para abarcar todas las áreas del Estado apunta a crear la formación de grupos de trabajo con la participación de miembros de distintos organismos dentro de un modelo participativo de cooperación, consenso y negociación donde se aplique la oralidad en las decisiones, un control ciudadano al estilo de los juicios por jurados, y la digitalización de los procesos.
Santagatti considera que “debemos respetar las normas y el expediente electrónico es un paso sustancial pero no termina de definir el problema de la gente” por lo tanto “deben existir los grupos de trabajo donde se reúnan distintas áreas para sacar un trámite en dos días”.
En su opinión podría emplearse para fomentar una modificación estructural al momento de aparecer una complejidad de consumo de estupefacientes. Apunta que en la atención a un niño no sólo interviene la Senaf sino debe tener participación el Ministerio de Salud, y en las adicciones, una internación “no resuelve por si sólo las cosas” sino se trabaja sobre la familia y “sobre las condiciones que dieron lugar a esa adicción, porque cuando esta persona termina el tratamiento y vuelve a su medio (familiar) puede reincidir”.
Sobre 5.194 personas que se atendieron este año en la Defensoría, un 10,5% fue por problemas con obras sociales, hospitalarios, salud mental y adicciones.
El desafío de los pasajes para discapacitados
Datos
- Sobre 5.194 personas que se atendieron este año en la Defensoría, un 10,5% fue por problemas con obras sociales, hospitalarios, salud mental y adicciones.
- Los cambios al sistema “on line” de tramitación de pasajes en colectivos para discapacitados sigue generando inconvenientes entre los beneficiarios y las soluciones llegan tarde, con el perjuicio para quienes deben viajar principalmente por razones de salud.
- Las idas y vueltas están vinculadas a la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que impuso que las gestiones se deben realizar acudiendo a su sitio web. Además, las empresas se aferran a esta alternativa para evitar inconvenientes propios.
- En este crítico marco, la defensora impulsó una actuación de oficio a partir de la cual se realizó un diagnóstico de la situación.
- Observó que este método originó a los beneficiarios múltiples inconvenientes dado de que existen ciudadanos que carecen de acceso a internet, otros que por su discapacidad no pueden realizarlo y usuarios que debieron recurrir a un cyber donde se les cobraba para realizar el trámite.
- Santagati, en representación de sus colegas del interior, estuvo reunida en Buenos Aires con integrantes de la CNRT que admitieron que una resolución ante una queja aparece a los 60 días, y que todo se define en una multa a la empresa que hace caso omiso a la reglamentación, pero no se asegura la efectiva emisión del boleto.
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