Quitan concesión de líneas de trenes a los Cirigliano

TRAGEDIA ferroviaria DE ONCE

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El 22 de febrero murieron 51 personas en la estación Once por el choque de una formación de TBA.

El gobierno nacional rescindió ayer la concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires en las líneas Sarmiento y Mitre, a tres meses de la tragedia en la estación de Once, en la que murieron 51 personas y otras 703 resultaron heridas. Familiares de las víctimas celebraron la decisión pero dijeron que seguirán exigiendo justicia contra los responsables penales del accidente. (Ver pág. 3) El anuncio significó un quiebre en la relación entre el Gobierno y los hermanos Cirigliano, dueños de la empresa y vinculados al poder desde inicios del kirchnerismo. Están involucrados en la causa por dádivas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, para la compra de un avión Lear Jet. (Ver aparte) La quita de la concesión fue adoptada por la presidenta Cristina Fernández mediante un decreto y anunciada por el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien aseguró que la medida fue tomada por deficiencias en la prestación del servicio y no como consecuencia del accidente ferroviario. El funcionario informó que las líneas Mitre y Sarmiento quedarán a cargo de un consorcio compuesto por las empresas Ferrovías y Metrovías, que aún mantienen sus licencias, bajo supervisión de la secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El gobierno, que intervino TBA seis días después de la tragedia del 22 de febrero y prolongó la medida en tres ocasiones, consideró que “este era el momento adecuado” para quitarle la concesión. La administración kirchnerista postergó esa decisión pese a las críticas de los familiares de las víctimas mortales, referentes de la oposición y los gremios ferroviarios. De Vido insistió en afirmar que la tragedia “no tienen nada que ver” con el decreto del gobierno de quitarle la concesión a TBA. Pese a ello, el Estado nacional intentó ser parte querellante en la causa por el accidente, pero la Cámara Federal anuló la decisión del juez federal Claudio Bonadío, que lo había admitido como tal. “La rescisión del contrato que estaba vigente desde el 23 de mayo de 1995 es culpa del concesionario, a raíz de las deficiencias técnicas del servicio”, aseveró en conferencia de prensa. De Vido dijo que TBA recibió 250 multas por 70.000.000 de pesos durante su gestión, que “no fueron aplicadas”. El gobierno designó el 28 de febrero como interventor de la empresa a Raúl Baridó, un hombre de la Sindicatura General de la Nación, que elaboró un informe acerca del nivel de cumplimiento de las concesiones que tenía TBA desde 1995. De Vido explicó en ese informe que los incumplimientos registrados fueron “por culpa exclusiva de la concesionaria” y pidió que la rescisión adoptada no sea “mezclada con la causa penal” que lleva adelante el juez Bonadio, ya que “es una medida administrativa”. Luego de hacer una reseña histórica respecto del deterioro que sufrieron los ferrocarriles desde la aplicación del Plan Larkin en 1958, el ministro aseguró que al asumir Néstor Kirchner en 2003 el servicio estaba en un estado “devastador”, por lo que el gobierno destinó subsidios. Precisó que destinó “alrededor de 13 mil millones de pesos desde 2004 a 2011” a las líneas regenteadas por TBA y que en las líneas Mitre y Sarmiento viajan diariamente 600.000 personas por día e insistió en que desde 2003 el gobierno invirtió $ 7.631 millones en obras de infraestructura. (Redacción Central y DyN)