Reactivan la causa Skanska, el primer caso de corrupción K

La Cámara Federal de Casación ratificó la reapertura de la causa Skanska, el primer caso de presunta corrupción del gobierno kirchnerista. La Cámara reiteró la validez como prueba de una grabación en la que se alude al pago de sobornos por parte de la empresa constructora sueca para adjudicarse las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur durante la administración de Néstor Kirchner.

La decisión la tomó la sala IV del máximo tribunal penal del país que rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario, presentado por la defensa del exfuncionario Fulvio Madaro, uno de los imputados, contra la resolución que había decretado la validez de la prueba.

Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Liliana Catucci dejaron firme así la decisión que dio por válida esa grabación y derivó en la reapertura de la causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, con citaciones a indagatoria al ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al detenido ex secretario de Obras Públicas José López.

En la causa se investiga un millonario pago de sobornos por parte de la empresa sueca, que habría utilizado facturas apócrifas para encubrir pagos a funcionarios públicos. En la grabación, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico de la compañía Claudio Corizzo, a cargo de una auditoría interna, hablaban de coimas para la construcción de gasoductos en el norte y el sur del país.

Usando un micrófono oculto, Corizzo registró en 2006 a Azcárate diciendo: “Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, 200 millones de palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo, al tipo que hizo todo el tromping y al muchacho, al ‘pingüino’ de acá a dos cuadras?”.

El juez Norberto Oyarbide, que intervino en la causa, procesó en base a la grabación al entonces secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, a Madaro y a y el ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.

En 2011, la Sala I de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, había decidió anular la prueba. Se dictó el sobreseimiento de los funcionarios implicados, y la causa quedó paralizada. Ahora, el caso vuelve a ser investigado.

Los camaristas Borinsky, Ledesma y Catucci dejaron firme la decisión que dio por válida una grabación y derivó en la reapertura del expediente.

En la causa se investiga un millonario pago de sobornos por parte de la empresa sueca, que habría utilizado facturas apócrifas para encubrir coimas.