Rechazan dos demandas por la violencia del 2001

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Violencia en la calle Esquiú, donde Abaca fue herida de muerte y a Bravo le dispararon en el cuello el 19 de diciembre de 2001.

CIPOLLETTI (AC).- Un juez civil de Cipolletti rechazó en un mismo día dos demandas entabladas contra el Estado rionegrino por los violentos hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Un caso es el del Misael Bravo, que fue herido en el cuello y arrastra consecuencias irreversibles, y el otro corresponde a dos comerciantes que fueron saqueados en la madrugada, cuando las fuerzas de seguridad se fueron del lugar del estallido. En Cipolletti la protesta de diciembre de 2001 no fue más violenta que en otros sitios, pero tuvo la única persona muerta de la región, Elvira Abaca, que fue alcanzada por una bala cuando caminaba el 19 de diciembre por la calle Esquiú, en medio de enfrentamientos entre la Policía, la gente del barrio y comerciantes, especialmente los de un supermercado. En ese mismo episodio Bravo, que tenía 34 años, recibió el disparo en el cuello. La víctima demandó a la provincia por daños y perjuicios, y pidió un resarcimiento de 1.350.000 pesos. Acusa a la Policía de la represión que terminó provocándole la herida. Adujo que como consecuencia del balazo, sufrió “una incapacidad total” para continuar trabajando en el galpón de empaque en el que se desempeñaba entonces. En su descargo, la provincia consideró por eso que “no hay base para el reclamo ni desde la perspectiva de la responsabilidad civil ni en función de la noción de falta de servicio” y consideró que la causa, iniciada en mayo de 2005, había prescripto. Así lo entendió el juez Marcelo Gutiérrez, que no sólo sostuvo que por el plazo estaba prescripto, sino que además estableció que la víctima debe pagar más de 100.000 pesos a los abogados y los peritos. La otra causa fue iniciada también en 2005 por dos pequeños comerciantes, Mariano Tosoni y Oscar Fernández, cuyo local fue saqueado en la madrugada del 20 de diciembre de 2001, cuando la Policía, luego de mantener un enfrentamiento de horas con pobladores del barrio 1.200 Viviendas, se retiró del área. Da a entender que con esa acción, se creó en el lugar una “zona liberada” que propició la acción de los más violentos. La provincia también sostuvo que el asunto estaba prescripto, pero no fue por eso que el juez lo rechazó sino porque “no se advierte omisión antijurídica; y por consiguiente son una actividad legítima y lícita las inherentes a las decisiones operativas adoptadas por las autoridades de seguridad en el terreno, y durante la vigencia del estado de sitio que entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001”. Y estableció que ambos comerciantes paguen 66.000 de honorarios profesionales.