Rechazan la forma en que se identificó a los procesados

NEUQUEN .- El juicio oral y público contra una decena de gremialistas por la irrupción en el bloque del PJ en 1997 comenzó ayer con un pedido de la defensa para que declare la nulidad de la identificación de los presuntos responsables, a raíz de que ese trámite fue cumplido en su momento por policías bajo identidad reservada.

El tribunal de la Cámara en lo Criminal dos rechazó el pedido de nulidad del reconocimiento y de la indagatoria de los procesados. Pero tanto el fiscal como los jueces aclararon que esto no implica que no se tomen en cuenta los argumentos del defensor a la hora de valorar la prueba, el primero para acusar y los segundos para dictar sentencia.

Ayer comenzó el juicio contra Julio Fuentes, Horacio Fernández, Baltazar Alvarez, César Sagredo, Víctor Zárate, Néstor Cides y Jorge Fuentes de ATE y a María Eugenia Figueroa, Pablo Ferrer y Oscar Di Diego de ATEN a quien se los responsabiliza de daño leve y atentado a la autoridad agravado, hechos ocurridos el 7 de octubre de 1997 en la Legislatura.

La sede de tribunales fue vallada y se dispuso una fuerte custodia policial dado que los gremios habían convocado a una movilización hacia ese lugar en apoyo de los dirigentes enjuiciados. En apoyo también llegaron ayer desde Buenos Aires el secretario general de CTA, Víctor De Genaro, y la secretaria general de Ctera, Marta Maffei. Ambos dirigentes estuvieron presentes en la sala durante la primera audiencia. En la sala estuvieron además Inés Ragni y Lolín Rigoni, Madres de Plaza de Mayo.

Fuera del recinto, unas 300 personas, en su gran mayoría trabajadores estatales y docentes, realizaron una manifestación y permanecieron allí hasta el final de la audiencia. El abogado de ATE, Mariano Mansilla, debió pedir la interrupción de la audiencia para poder solicitarle a los manifestantes que permanecieran en silencio dado que dentro del recinto no se podía escuchar lo que decía el fiscal.

El fiscal Jorge Otegui presentó cinco hechos. En el primer involucró a Julio Fuentes y a Horacio Fernández: la rotura de la puerta de ingreso a la Legislatura por la calle Corrientes. El segundo contra Fernández por tomar del brazo y arrastrar hacia el interior de la Casa de las Leyes a un sargento de la policía. El tercer caso, que si bien lo presentó dijo que lo retiraría por falta de pruebas, se refirió a la rotura del vidrio de una ventana del PJ. Aclaró al respecto que «no hay autores identificados».

El cuarto hecho fue por la rotura de la segunda puerta de ingreso por el que se responsabiliza a Horacio Fernández. Finalmente a todos los procesados se los sindica como autores de amenazas a los diputados Enzo Gallia, Amílcar Sánchez y María Salto.

Fue luego de la presentación de los cargos que Mansilla solicitó la nulidad de dos actas: una por la cual se efectuó el reconocimiento de los imputados y otra que deja constancia de las indagatorias a la que éstos fueron sometidos. Sobre la primera dijo que el reconocimiento lo realizó el juez en la dirección de Informática de la policía. Cuestionó que no se convocó a la defensa y que no consta en el acta el nombre de las personas que efectuaron el reconocimiento. En cuanto a las indagatorias, cuestionó que no se le dijo a los imputados cuáles eran las pruebas que había en contra de ellos.

Estos pedidos de nulidad ya habían sido presentados cuando la causa se elevó a juicio y el tribunal los había rechazado. El fiscal Otegui recordó que en ese momento opinó en contra de hacer lugar al primero de los planteos y que sí estaba de acuerdo con el segundo. Pero recordó también que el tribunal había rechazado ambos. Dejó aclarado que al momento de valorar la prueba, tendrá en cuenta los cuestionamientos de la defensa.

Tras un breve intercambio de opiniones entre ellos, los jueces Antonino Gagliano, Emilio Castro y José Víctor Andrada rechazaron los pedidos de nulidad.

Julio Fuentes, Horacio Fernández, Jorge Fuentes y Oscar Di Diego hicieron uso del derecho de no declarar. Sí declararon Víctor Zárate, Néstor Cides, César Sagredo, Baltazar Alvarez, Pablo Ferrer y María Eugenia Figueroa. Todos negaron haber provocado daños en la Legislatura y haber amenazado a los diputados.

Definen nuevas medidas

NEUQUEN .- Los gremios ATE y ATEN resolverán hoy qué medidas llevarán adelante con el objetivo de apoyar a los dirigentes que están siendo sometidos a juicio. Si bien estaría descartado un nuevo paro, la intención es garantizar la presencia de un grupo importante de trabajadores frente a la sede de tribunales.

ATEN aprovechó la presencia de distintos secretarios generales del interior que llegaron a esta capital para realizar un plenario. Del mismo surgió que cada seccional adopte las medidas que considere necesarias para seguir con el apoyo a los enjuiciados.La seccional local maneja distintas alternativas: convocar a un retiro a partir de determinada hora; que sólo se retiren los delegados o garantizar presencia frente a la sede de la cámara en los contraturnos.

ATE por su parte, hoy a las 12 inaugurará su nueva sede sindical. La ceremonia servirá también para discutir cuáles serán las medidas a tomar. Por el momento estaría descartado el paro y lo que se buscaría es concentrar a los afiliados al igual que ATEN.

Para la jornada de ayer, ambos gremios habían convocado a un paro.