Reciprocidad

la semana en San Martín

FERNANDO BRAVO rionegro@smandes.com.ar

El intendente Juan Fernández le plantó bandera a la administración provincial y es posible que en breve hagan lo propio otros jefes municipales, descontentos con la curiosa interpretación de la “reciprocidad” que tiene el gobierno de Jorge Sapag. Desde luego, si es que cuaja un movimiento de intendentes molestos con las alturas del poder provincial, sólo podrían formar parte del club aquellos que aún puedan exhibir el manejo de sus propias cuentas sin mendigar a cada rato unos pesos. Sería una liga bastante reducida. Las autoridades provinciales andan reclamándoles a los intendentes que eficienticen su administración y cumplan las metas fiscales convenidas a principio de año, pero al mismo tiempo defeccionan en aquellos recursos que deberían enviarles por fuera del automatismo de la coparticipación. En su discurso del 9 de julio, Fernández lanzó un reproche que lleva de suyo el aval del pasado reciente: la misma objeción del kirchnerista hizo al gobierno de Sapag la gestión anterior del MPN en San Martín de los Andes, aunque en tonos menos públicos tratándose del mismo palo político. Dijo Fernández: “invertimos cada año 3.500.000 pesos para el cumplimiento de leyes delegadas por Provincia, de los cuales el año pasado sólo recibimos 450.000 pesos. Este año no hemos recibido ningún aporte por esos convenios. La semana pasada, por nota, se nos informa que la provincia no transferirá más fondos por esas leyes. Esto nos pone en una situación crítica, que exige elevar nuestro reclamo y trabajar para ser cada día más eficientes en la administración de los recursos”. Lo que no dijo Fernández es que está dispuesto a denunciar los convenios. Y lo triste es que se trata de dineros destinados al abordaje de problemáticas sociales. Pero lo dicho es la punta del iceberg. La provincia también acude a Buenos Aires por dineros, y lo que se advierte aquí es el síntoma de la culminación de las vacas gordas. La desaceleración económica a nivel nacional combinada con alta inflación crónica, se transfieren a esta provincia (como a otras) con la forma del achique de recursos, y desde la provincia llega a los municipios, sin perjuicio de admitir que muchos de ellos han hecho desastres en los últimos lustros, apañados por el propio gobierno emepenista. Luego, los municipios –los pocos que están en condiciones– deben salir a enfrentar las flaquezas provinciales o a saldar el incumplimiento de los convenios, como denunció Fernández. Ese cuadro obligará, tarde o temprano, a revisar la Ley de Coparticipación entre la provincia y las ciudades. Pero, sobre todo, a rever ese porcentaje del 15% del total que se reparte a las comunas. Recuérdese que esa coparticipación se integra con determinados impuestos nacionales, provinciales y regalías. Hasta aquí, los argumentos que subyacen para evitar el debate van en dos direcciones. Por un lado se desalienta el asunto al sostener que se trata de una ley marco, que debe contar con la luz verde de todos los intendentes. Esa idea lleva implícito el considerar a los intendentes como unos inmaduros, incapaces de ponerse de acuerdo. Se afirma también que resultaría vano actualizar la coparticipación entre la provincia y los municipios, si antes no se revisa el mismo esquema fiscal entre la nación y las provincias. Hay algo de cierto en esa última interpretación, pero ocurre que los municipios –al menos algunos de ellos– deben hacerse cargo cada vez de más cosas, al tiempo que crecen en población y complejidad. Esa levadura de obligaciones no se ve reflejada en el tratamiento coparticipable, aun cuando en términos absolutos puedan haber recibido más dinero de un año a otro. La filípica de Fernández puede que no sea la última. Ni la única.