¿Reformar o abolir la Constitución de 1853?



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Ya lo dijo la presidenta de la Nación: “No se hagan los rulos” con la reelección. Fue hace casi un año, cuando inauguró las sesiones legislativas del 2011, a propósito del “Cristina eterna” que había hecho correr “alguna compañera que siempre me quiso mucho”. Hoy, cuando hasta el mismísimo Amado Boudou habla sin tapujos de una eventual reforma constitucional, hay que observar que una afirmación no se contradice con la otra. Una cosa es el verdadero fundamento ideológico de los cambios que se proyectan para terminar con la Constitución liberal de 1853 y otra saber si Cristina Fernández desea seguir al frente del proceso. De lo que se habló durante la semana última, en una reunión de la militancia a la que asistió el vicepresidente, fue más de reforma que de reelección y resultó ser una verdadera cortina de humo que dispersaron los muchachos de La Cámpora para ver cómo caía la cosa, una ofensiva de vuelo corto que ahora se relativiza. Igualmente, nadie cree que lo que pasó en Mar del Plata haya sucedido sin la bendición presidencial. Dicho de otra manera, el cristinismo está utilizando la aún extraordinaria imagen pública de la presidenta para instalar el tema, incluso ocultando el verdadero sentido de la movida que pretende archivar los derechos y garantías individuales, hoy pasados de moda para cierto pensamiento. La figura de CFK es la referencia vital para que la cuestión siga para adelante, avanzando y retrocediendo, pero hacia adelante al fin. Luego, si es con ella o no al frente del proceso, a muchos teóricos de los cambios no les resulta relevante, si se ha conseguido el objetivo. En el aspecto estricto de la continuidad presidencial, tan cuidadosa de los tiempos como es Cristina, es seguro que ella dejará flotar la duda hasta el último instante. Política al fin, acaba de confesar a la hora de mostrar la herida de su operación de tiroides que “la estética me puede, pero bueno, dije: la política antes que la estética, querida”. Por eso, por su condición de dirigente de raza, la bola puede saltar para cualquier lado. Seguramente, la presidenta querrá calibrar hasta dónde el tema de la reelección puede dañar su imagen. Por un lado, “¿a quién no le gusta seguir batiendo récords?”, se preguntaba un kirchnerista de la primera hora, quien la conoce bien desde Santa Cruz y que apuesta a que su deseo sea de continuidad. Por otro, sería para ella un gran logro irse por la puerta grande y dejarle el camino abierto al “trasvasamiento generacional” del que tanto hablaba Juan Perón. Desde lo histórico-ideológico vale recordar que los derechos y garantías que consagra la Constitución de 1853 son casi los mismos que había establecido la de 1819. Nunca fueron tocados, ni siquiera en la última versión de 1994, en cuya redacción participó en forma muy activa el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. A lo sumo, esas normas fueron enriquecidas y complementadas por la reforma peronista de 1949, una pieza influenciada por la creciente intervención del Estado, que fue desactivada, salvo en los llamados derechos sociales, por la llamada Revolución Libertadora. En la Constitución que ahora se cuestiona filosóficamente se reafirma de modo irrestricto la igualdad ante la ley y se proclaman los derechos a la vida, a la propiedad y a la seguridad y se protegen de manera primordial las libertades individuales, políticas y económicas, las que se colocan por encima del Estado, salvo cuando los ciudadanos se apartan de las leyes y sus acciones colisionan contra los derechos de los demás. Según sus defensores, fue esa Constitución la que desató la fuerza de los espíritus creativos y posibilitó el importante despegue económico de la Argentina de fin del siglo XIX que llegó, enriquecido por una inmigración constante y trabajadora, hasta 1930. Desde lo formal, esa ley fundamental, la misma que impulsó decisivamente Juan Bautista Alberdi y la que aún rige a la Argentina en todas esas cuestiones, siguió los lineamientos de la Constitución estadounidense, tanto en el modelo (presidencialismo) cuanto en las formas (federalismo), aunque tomó como referencia esencial a los habitantes de Europa. Quienes hoy postulan la necesidad de salir de este esquema, sostienen que el mundo, especialmente América Latina, vive tiempos de cambios y que eso está sucediendo tras la década del 80, “perdida” por culpa de las exigencias de los países centrales que impidieron una mejor distribución de la riqueza y del período de los 90, signado por las privatizaciones de los servicios públicos que se pusieron, dicen, al servicio de los capitales internacionales para acentuar la dependencia y permitir la salida de la riqueza hacia el exterior. Para la concepción que quiere avanzar en una nueva Constitución, los cambios democráticos que se dieron en la primera década del nuevo siglo apuntaron a terminar con las llamadas políticas neoliberales y eso permitió que las grandes mayorías se expresaran en cada uno de los países de la región, con la diversificación conocida entre el bloque más populista (Venezuela, Ecuador, Bolivia) y el más racional (Brasil, Uruguay, Perú y desde el otro lado del espectro, Chile y Colombia). Consideran estos ideólogos que hoy no es posible soslayar la creciente intervención del Estado y dejar que los individuos tengan prevalencia sobre lo social. De allí que los más radicalizados del equipo gobernante apunten a cambiar lo que para ellos no va más en el mundo, con formas de democracia social más participativas, aunque por ahora estén disfrazando esa pretensión central con el maquillaje de la reelección o con un cambio hacia un parlamentarismo que permita mantener con las mayorías del Congreso a un mismo líder durante mucho tiempo.

Hugo E. Grimaldi DyN


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