Reformar sin trampas

El gobierno postergó finalmente para la semana que viene el anunciado proyecto de reforma judicial, que en los papeles pretende modernizar, profesionalizar y hacer más accesible el servicio de Justicia, pero en cuyo trámite hay razones para suponer que se pretende desvirtuar su sentido.

El Poder Judicial, especialmente el fuero federal asentado en Capital, se ha transformado desde los años 90 en un campo de batalla entre facciones políticas y económicas. Es allí donde se ventilan conflictos entre poderes, las principales acusaciones a funcionarios de distintos gobiernos y se investigan los grandes hechos de corrupción del país. Desde el menemismo, este sector de la Justicia fue colonizado por lobbies y factores de poder, gracias a una relación turbia y malsana entre operadores políticos, servicios de inteligencia y magistrados deshonestos.

Las causas judiciales e investigaciones se han transformado a menudo en un insumo más de esas luchas de poder. Filtraciones, manipulaciones, aprietes, han servido para direccionar resoluciones que tienen el objetivo de complacer al poderoso de turno. Se visualiza en cada cambio de mando donde, según algunos observadores, Comodoro Py es más efectivo que las encuestadoras: los investigados de ayer son absueltos hoy y los antiguos acusadores, desalojados del poder, transitan los pasillos de Tribunales y ocupan el banquillo de los acusados. En ese juego, donde procesamientos y condenas se vuelven armas políticas arrojadizas, el 95% de las causas graves de robos y defraudaciones al Estado, que no son ninguna fantasía, quedan impunes.

Las causas judiciales e investigaciones se han transformado a menudo en un insumo más de las luchas de poder.

El gobierno de Alberto Fernández ha prometido terminar con esta dinámica. Para ello propondría crear un nuevo fuero penal federal, disolviendo el poder de los 12 juzgados federales de Capital en 47 juzgados. Pretende traspasar competencias a la Justicia de la CABA, para eliminar conflictos de jurisdicción, ya que en la capital conviven hoy la Justicia nacional, el fuero federal y el porteño. El reordenamiento generaría movimientos y casi una veintena de vacantes, cuya cobertura está en la mira de todos ya que afecta expedientes sensibles.

Además, se plantea crear un comité de “notables” que analizaría cambios en la Corte Suprema (por ejemplo, ampliar la cantidad de miembros y salas) y en el Consejo de la Magistratura, el órgano que supervisa y establece medidas disciplinarias a los jueces. También se estudian modificaciones en la conducción de la Procuración (la jefatura de los fiscales, que lideran la investigación en el sistema acusatorio), cuyo titular actual fue designado en la época del macrismo.

Es clave un acuerdo político que permita una discusión transparente y pública sobre estos cambios, basada en diagnósticos sólidos y con participación de todos

Ya la selección de notables está teñida de sospecha, al filtrarse la intención de incorporar a juristas que han sido defensores de la expresidenta Cristina Fernández en causas de corrupción. Y la presentación de la reforma vino acompañada por un proyecto para revisar la designación de jueces federales que fueron trasladados en el gobierno de Macri, donde hay magistrados que deben decidir en causas que involucran a la actual vicepresidenta. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dice que “a nadie se le va a sacar una causa en la que lo están investigando, sea Cristina, Macri o Alberto Fernández” y que “el juez natural será respetado”. Pero las suspicacias existen.

Resultaría inaceptable que el proceso que se inicia quedase atrapado por la lógica elitista y partidaria que ha transformado a la Justicia en escenario de pujas de poder e intereses particulares, o sea usado como vehículo de intereses para diluir causas y, sobre todo, para garantizar impunidad. Es clave un acuerdo político que permita una discusión transparente y pública sobre estos cambios, basada en diagnósticos sólidos y con participación de todos los sectores (también organizaciones de la sociedad civil y universidades), para definir el rol que debe cumplir la Justicia en una sociedad democrática, buscando fortalecer principios como la independencia, transparencia, profesionalismo, rendición de cuentas y cercanía con el ciudadano que debieran orientar al servicio de justicia.


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