Cuestionan el encierro de dos presos en el hospital

El Poder Judicial provincial dispuso que dos hombres, uno de ellos declarado responsable por un femicidio en Rincón de los Sauces, y el otro que se encuentra en prisión preventiva, a raíz de una investigación por un homicidio ocurrido en Neuquén capital, sean internados en Salud Mental del hospital Castro Rendón con custodia permanente. El jefe del servicio, Máximo Mantilaro, aseguró que no es el lugar apropiado para que permanezcan. “Tenemos un destacamento policial dentro de la sala de salud mental”, manifestó.

El profesional indicó que el área de internación no es un contexto de encierro, sino un ámbito terapéutico y de tratamiento, donde la restricción que implica la internación debe ser breve y excepcional.

Los dos casos llegaron al hospital por orden judicial y hay uno de ellos que es especialmente grave, debido a que el hombre ha sido denunciado por acosar a las pacientes y amenazar al equipo. Mantilaro insistió en que le ha informado a la magistrada que interviene en esta causa, Carolina García, sobre lo sucedido.

“La jueza dispuso la internación en noviembre. El delito lo cometió cuando era menor de edad y la ley le otorga el derecho a un año de tratamiento tutelar, previo a la sentencia. Ese año se cumple en abril de 2019. La sala de internación de agudos de Salud Mental no está preparada para alojar estas situaciones. Se ha convertido en una sala de seguridad. La presencia de custodia policial con arma reglamentaria dentro de la sala perjudica a la población internada. Esa seguridad no es suficiente. Están chequeados, registrados y denunciados todos los hechos que se sucedieron a partir de la presencia de esta persona acá, que pone en riesgo la integridad de terceros, que han puesto en riesgo particularmente a mujeres y al equipo de salud”, afirmó.

Y agregó: “no acata ninguna de las pautas de internación, agrede verbalmente a la otra persona que está en prisión preventiva. La jueza esto no lo está escuchando. Todo está a la espera de un supuesto traslado”.

Las camas con las que cuenta el servicio están distribuidas en dos piezas. Esta circunstancia ha derivado en que se restrinja el acceso a las mujeres que requieren atención por situaciones de padecimiento mental, porque se le asignó una habitación a cada uno de los hombres internados.

“Hoy si una mujer necesita acceder a nuestra sala, porque su cuadro lo amerita, no puede. Están privándole de un derecho a una mujer, eso es un costo directo. Aún así no ingresando mujeres, y teniendo restringida media sala, teniendo un destacamento adentro, no son eficaces las medidas porque las situaciones de amenaza y de increpar a otro pacientes continúan”, planteó Mantilaro.

Consultado sobre cuál sería el dispositivo que garantice la atención de ambas personas, el jefe del servicio dijo: “son dos situaciones distintas. Para la persona que cometió un delito siendo menor debe resolverse entre el ministerio de Seguridad y el ministerio de Desarrollo Social. Salud debe proveerle tratamiento ambulatorio y que viva en una casa bajo medidas de seguridad. El otro, que es adulto, debería resolverlo entre el ministerio de Seguridad y Salud, un lugar que sea internación. ¿Está ese se lugar hoy? No. La ley de salud mental hace la salvedad expresamente de que no se olviden de la población privada de la libertad e inimputables para el diseño de los dispositivos, que no son nuestra sala”.

Desde abril hay un detenido en el sector cuya presencia produjo situaciones de riesgo para el personal, los otros pacientes y el personal de seguridad.

“Tenemos un montaje de unidad policial dentro de una sala de salud mental. La primera afectación es que tuvimos que restringir las camas a mujeres”,

aseguró el jefe del servicio, Máximo Mantilaro.

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