Gestionan un pagaré a tres años para no cerrar la planta de Arroyito

El gobierno de Gutiérrez pretende que se produzca agua pesada para abastecer las generadoras por las próximas tres décadas y esperar nuevas inversiones. Por la suspensión de la cuarta central nuclear no se necesitará el funcionamiento de la PIAP. A largo plazo, insisten en que lo ideal sería producir fertilizantes.

19 jul 2018 - 00:00

Las puertas del despacho del gobernador Omar Gutiérrez se abrieron ayer para recibir a los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), quienes enfrentan con incertidumbre su futuro laboral desde que el gobierno nacional canceló la construcción de la cuarta central nuclear, para la que iban a producir refrigerante.

El mandatario les aseguró que están “en tratativas” con Nación para que compre las 22 toneladas de agua pesada que están actualmente en stock, una medida que permitiría ingresos económicos para cubrir los salarios hasta fin de año. En el mediano plazo, la posibilidad más concreta es la producir las 300 toneladas que utilizarán las centrales nucleares de aquí hasta el fin de su vida útil, lo que demandaría una inversión adelantada por parte de Nucleoeléctrica Argentina. “Para que garanticemos el trabajo en la PIAP por los próximos tres años deberíamos convencerlos para que nos compren la demanda de los próximos 30 años, porque las centrales existentes consumen aproximadamente entre 10 y 11 toneladas anuales ”, planteó.

La PIAP está paralizada desde el año pasado y recibió su estocada más fuerte en mayo pasado, cuando el gobierno nacional canceló la construcción de la cuarta central nuclear para la cual iba a ser proveedora. Con su horizonte drásticamente reducido, las gestiones ahora están direccionadas a darle una sobrevida de tres años generando agua pesada para las tres centrales existentes, Embalse, Atucha I y Atucha II hasta que finalice su vida útil.

¿Y después? “También estamos trabajando en elaborar un proyecto que atraiga a inversores para llevar adelante la reconversión de la PIAP. Todos entendemos que la solución pasa por tener la planta abierta y trabajando”, dijo Gutiérrez. El proyecto apunta a darle un uso dual, como planta de agua pesada y productora de fertilizantes. La inversión necesaria para ello superaría los 500 millones de dólares y demandaría no menos de tres años.

Los trabajadores de la planta llegaron ayer a Casa de Gobierno a las 11, luego de cuatro meses de gestiones para mantener una reunión con el gobernador. El mandatario los recibió en su despacho junto al ministro de Energía, Alejandro Monteiro, y el de Trabajo y Desarrollo Social, Mariano Gaido, en un encuentro que se extendió hasta el mediodía.

Gutiérrez destacó “la actitud constructiva y positiva” de los empleados de la planta así como “la búsqueda conjunta con el gobierno nacional y provincial para la construcción de soluciones”.

El delegado de la PIAP, Pablo Sosa, evaluó que la reunión fue “positiva, porque significa que está abierto el canal de diálogo”. Aseguró que el gobierno se comprometió a ayudarlos a gestionar reuniones con funcionarios nacionales para acelerar el contrato de venta de las 22 toneladas lo antes posible. Es que, si bien los salarios de junio fueron pagados, hay incertidumbre sobre lo que pasará con los de julio y agosto.

Sosa agregó que la provincia garantizó que se depositarán esta semana los haberes de los 22 trabajadores suspendidos.

Ministros del gabinete nacional se reúnen con gobiernos que no son
de Cambiemos para convencerlos de reducir sus gastos y bajar el déficit fiscal.
El ministro de Energía
en la cumbre del ajuste
El ministro de Energía en la cumbre del ajuste
El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, asistirá hoy en representación de la provincia a la reunión con los ministros del gobierno nacional en donde se discutirán pautas para el presupuesto 2019 y las metas de ajuste fiscal requeridas por el FMI.
La administración de Mauricio Macri evalúa absorber el 66,7% de los 300.000 millones de pesos que deben recortarse y dejar el restante 33,3% a las provincias. A partir de allí, cada una debería reducir su gasto según su índice de coparticipación. El de Neuquén es del 1,54%, por lo que el recorte que le tocaría podría ser de 1.540 millones de pesos.

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