Regularizan la situación de la Hostería Mascardi y evitan la clausura 21-01-04

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Unión de Personal Superior de la ex-Gas del Estado envió ayer a dos representantes con plenos poderes para saldar la deuda que mantienen con Parques Nacionales y evitar la clausura de la Hostería Mascardi que, merced a la temporada, registra un nivel de ocupación óptimo.

El establecimiento funcionó durante largo tiempo sin habilitación y acumuló una deuda superior a los 40.000 pesos que los enviados gremiales se ofrecieron a pagar ayer mismo, sobre el límite del plazo impuesto por la conducción del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) para alcanzar un entendimiento.

El intendente a cargo, Juan Salguero, informó a «Río Negro» que «el tesorero de UPS, Daniel Villar, y el asesor Luis Fernández llegaron con un poder por 60 días para renegociar la deuda» y consensuar la diferencia entre lo que reclama el organismo y lo que reconoce el gremio.

El funcionario señaló que los más de 40.000 pesos estimados por la APN corresponden al canon de una explotación comercial y aseguró que el gremio cuenta con la habilitación correspondiente para trabajar con turismo. «Ahora tienen que pagar la deuda y luego se redefinirá el período de aplicación del canon -anual o temporal- y el tipo de explotación», explicó. La histórica hostería operó durante todo el verano pasado sin habilitación ni permiso alguno y mantuvo sus puertas abiertas pese a las reiteradas actas de constatación que recibió por distintas irregularidades. La administración del alojamiento y los demás servicios se encontraban a cargo de una persona que ayer fue desconocida por los representantes de UPS.

Salguero no pudo brindar precisiones sobre el litigio dominial que mantiene el Estado Nacional con el gremio por la propiedad del establecimiento pero, en cambio, señaló que presentaron todos los papeles de dominio en regla y que «para nosotros son los propietarios».

El inmueble fue puesto a remate por el Ministerio de Economía de la Nación en el marco de un farragoso litigio judicial que comenzó a mediados de los 90. El edificio fue contruido por Gas del Estado en una parcela de inigualables condiciones paisajísticas cedida por Parques Nacionales en los años 60 para uso exclusivo de la empresa estatal. Las condiciones de cesión de las tierras establecidas por la APN impedirían la explotación comercial del inmueble hasta que se resuelva su situación dominial.

Tras la privatización de la empresa estatal, el edificio y las tierras fueron vendidos en 584.000 dólares al sindicato del sector, para uso de sus afiliados. El gremio solo abonó 40.600 dólares y ofreció en garantía una hipoteca sobre el inmueble adquirido que la obligaba a pagar en término las cuotas para no perder la propiedad. Poco tiempo después la compradora entró en mora y fue ejecutada por la sociedad estatal mediante un extenso juicio que a partir de 1998 tomó en sus manos el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, en reemplazo de la liquidada Gas del Estado.

En 1999 la justicia falló en favor del Ministerio de Economía y ordenó el remate del inmueble en 1.280.000 pesos. La sentencia judicial fue apelada.