Reparos a la suspensión de los juicios populares en Río Negro

La Legislatura se encamina para suspender los juicios populares en Río Negro, pero será por un plazo menor al año planteado por la iniciativa gubernamental. Posturas de resistencia se reflejaron ayer en la comisión de Interpoderes, incluso quienes la apoyaron pidieron reducir el aplazamiento a seis meses.

La bancada oficialista no planteó su postura, pero alentaría también un período inferior.

Dos colegios de abogados -Roca y Cipolletti- y otras dos entidades profesionales  se opusieron directamente mientras que la organización de Magistrados y las que reúnen a los letrados de las otras jurisdicciones -Viedma y Bariloche- apoyaron con ciertos reparos, solicitando un acortamiento de la suspensión.

La defensa recayó exclusivamente en la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y el Procurador Jorge Crespo. Nadie del oficialismo habló. Fue curioso, pues la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo aunque ayer, en el inicio de la reunión, el diputado Lucas Picas -como presidente de la Comisión- aclaró que la propuesta de suspensión respondía a un pedido del Poder Judicial. También participaron el presidente de la bancada, Facundo López y el secretario Legal del gobierno, Guillermo Ceballos.

También fue llamativo que la única adhesión plena fue del legislador del FdT, Pablo Barreno, pero compartió esa suspensión en la imposibilidad general. “No se pueden por lo mismo que no se puede en las oficinas con personal hacinado”. No ahorró críticas contra el STJ que pidió reducirlo a “tres vocales” porque “cinco sobran”. Además, entendió que faltó la invitación al al gremio.

Lo de Barreno estuvo ligado a su origen gremial, pero tampoco existieron otras voces del bloque del FdT, que estaba representada por su titular, María Martini y Alejandro Ramos Mejia . En cambio, el macrista Juan Martín se puso en línea con los rechazos de los colegios roquenses y cipoleños. Aún así, el análisis legislativo propiamente dicho se iniciará la semana próxima con las reuniones de comisiones.

Las exposiciones se abrieron con Alfredo Pérez Galimberti del centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Andrés Harfuch de la Asociación Argentina por Juicio por Jurados. El primero insistió en la continuidad de los debates populares porque su parálisis sería inconstitucional, y pidió tener “creatividad frente a la crisis de la pandemia”. El segundo fue mucho más duro, partiendo que “es  mentira que no se pueden realizar” los juicios por jurados. Dijo que “Córdoba ya los hace y en Neuquén lo hará en un mes. Son avivadas de quienes nunca los quisieron” y apuntó a “sectores retrógrados y reaccionarios” dentro de la Justicia”. Por eso, entendió se tardó “de seis a siete años” aplicarlo en Río Negro cuando ya estaba la ley.

Oscar Pineda y Diego Vasquez de los colegios de Roca y Cipolletti siguieron con los rechazos. El roquense criticó la falta de respuesta judicial. “Hay que hacerse cargo de la situación”. Luego, el cipoleño continuó con el criterio que la suspensión es “una violación constitucional”.

Por los colegios de Viedma y de Bariloche, expusieron Cirilo Bustamante y Lorenzo Raggio donde se entendió la “excepcionalidad” del momento y avalaron aunque propusieron un plazo menor. El barilochense advirtió igualmente por la falta de realización de juicios tradicionales. Luego, Héctor Leguizamon Pondal, del Colegio de Magistrado, acompañó con igual observación de los tiempos.

La Justicia, la única defensa

El oficialismo no expuso su postura y, por consiguiente, la defensa quedó en la representación judicial.

El Procurador Crespo abrió para aclarar que no se trata de la supresión “del juicio por jurados sino de la suspensión” por un año. Explicó que  “ya están suspendidos de facto” por la pandemia  mientras aclaró el proyecto “es la respuesta institucional”, “la posible”, de “los tres Poderes” frente a la pandemia, una “situación extraordinaria”. Defendió su constitucionalidad “, y dijo que Córdoba puede hacerlos porque “tiene disposiciones sanitarias que no tiene Río Negro” mientras insistió que hay “trabas legales que no se pueden superar”.

Piccinini empezó con resaltar que el Poder Judicial está en total “acuerdo y consonancia” con el proyecto, pues “recoge la inquietud judicial”. Consideró que es una “respuesta razonable” para las “víctimas y quienes están privados de la libertad”. Consideró que” el debate amerita seriedad en las ponderaciones”, en respuesta a los dichos de Harfuch que la idea “era una avivada de sectores retrógrados”.

Justificó la iniciativa en la imposibilidad de realizar los juicios populares por las limitaciones edilicias  del Poder y, entre otras, las  normativas y los “recaudos sanitarios”.

Simultáneamente,  la presidenta defendió la legalidad que esos enjuiciamientos  se cumplan con jueces técnicos de la Constitución

Un contrapunto por la labor del Poder Judicial

La exposición del legislador Juan Martín (JpC) derivo en un contrapunto con la presidenta del STJ.

La jueza ya había cerrado y el  macrista pidió la palabra para expresar dudas pero se inclinó inicialmente por el rechazo, planteado por los los colegios de Roca y Cipolletti. Luego, el legislador reeditó críticas suyas al Poder Judicial, entre ellas, que “está en cuarentena” y “vive ajena a la realidad”. Habló de “pachorra” y que se debía “poner  más energía y creatividad por el presupuesto que maneja”.

Martín terminó y Pica cerraba cuando Piccinini pidió contestar. Primero desestimó recurrir a otro edificios -como había propuesto Martín- por el equipamiento necesario. Y después dijo que el Poder tiene “muestra de todo lo hecho en la cuarentena” y lo invitó para que lo revisarà “en la pàgina Web o que lo puede pedir”. Se formalizaron -dijo- 1.700 sentencias. “Todo este tiempo no se ha dejado de trabajar. Yo no falté ni un solo día”, contó.