Riego deficiente del Idevi le costó caro al Estado

VIEDMA (AV)- El Estado volvió a perder al verse obligado a indemnizar con 90.000 pesos a un chacarero de la colonia agrícola del Valle Inferior, quien perdió un monte frutal como consecuencia de deficiencias registradas en el sistema de riego.

Merced a conseguir un convenio transaccional de finalización de litigio con el accionante, la provincia logró reducir el importe a esa cifra respecto de los 254.173 reclamados inicialmente, como sugerencia de un trabajo pericial practicado sobre una parcela que pertenece al sistema del denominado Instituto del Valle Inferior (Idevi) .

Sin embargo, la provincia deberá abonar 30.000 pesos en Lecop, mientras que el importe restante se cancelará mediante el pago de tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de 20.000 pesos, de acuerdo a las disponibilidades de denominación monetaria que tenga la Tesorería de la provincia.

Por otra parte, el Estado se comprometió a entregarle en comodato por un período de 10 años una vivienda oficial para que la habite con su grupo familiar, siempre que ésta no supere los 30.000 pesos al valor de mercado.

Inicialmente se le había ofrecido al accionante una suma total de 60.000 pesos, pero este no aceptó bajo el argumento de la depreciación monetaria y el nivel de reclamo original, por lo tanto la propuesta debió ser mejorada.

El caso -que se dio por cerrado con este acuerdo transaccional- se estaba ventilando desde hace casi un lustro en el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Primer Circunscripción Judicial.

A ese juzgado había concurrido el productor Daniel Alippi denunciando la pérdida de su cosecha y solicitando pericias para determinar si el sistema de riego que por entonces administraba el Idevi -antes de la conformación del Consorcio de Riego- se mantuvo en forma deficiente.

Al parecer, el funcionamiento produjo inconvenientes ya que el nivel del canal colector estuvo por encima de los canales de drenaje registrando así un daño irreparable en un monte de duraznos.

Según alegó, en los lotes cuatro y cinco de la parcela 225 del Idevi, se producían normalmente 4.500 cajones-hectáreas y luego del daño se redujo a 200 cajones-hectáreas afectando además la sobrevida del monte frutal. En ese momento, las pericias aludidas confeccionadas por el experto Ricardo Sánchez en octubre del año pasado, se estimó un daño emergente de 254.173 pesos desde el año 1998 sin considerar intereses, daño moral y costos y costas del juicio.

El acuerdo fue homologado por el Poder Ejecutivo provincial mediante decreto Nº 900 que firmó el gobernador Pablo Verani por recomendación de la Comisión de Transacciones Judiciales que integra la Fiscalía de Estado, representantes del Ejecutivo y miembros de la Legislatura.

La comisión consideró que como resultado de las medidas preliminares del experto «determinaron que no resulta aconsejable a los intereses provinciales esperar la promoción de la instancia procesal».

Los que más van a la Justicia

El rango de juicios que debe atender la Comisión de Transacciones Judiciales está encabezado por planteos formulados por empleados públicos activos y pasivos ante las podas salariales que produjo la administración Verani desde 1995 en adelante.

En segundo término le siguen demandas contra el Instituto Autárquico Provincial (IAPS) y la compañía Horizonte Seguros como consecuencia de la falta de pago de seguros de vida y por accidentes.

En menor medida se encuentran en el seno de la comisión juicios por daños y perjuicios en general por deficiencias en servicios que brinda el Estado, como mala praxis hospitalarias, prestaciones en el sistema de agua potable y mala calidad de viviendas del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV).

La comisión comenzó a funcionar unos seis años atrás y fue creada con la intención de buscar acuerdos transaccionales que pongan fin a pleitos contra la provincia y que en la práctica podrían significar mayores compromisos para el erario público.

El único inconveniente con que se encuentra el Estado para abonar los juicios, tras los acuerdos de reducción de montos, son las herramientas de pago. En consecuencia, en la mayoría de los casos se les ofrece bonos provinciales para cancelar deudas como los Río III y Cedepir II. Como están en «default» porque la provincia dejó de pagar los cupones, ingresan a un sistema de canje de la Nación, que ésta acepta porque están en manos de particulares y no del Estado rionegrino. (AV)