Río Negro reclama a Nación por el conflicto mapuche de Villa Mascardi
El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, pidió a funcionarios nacionales abordar el problema, que lleva 2 años y medio y preocupa a los pobladores. Mapuches apoyan ocupación.
Uno de los tantos cortes de la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi realizados por referentes mapuches. Archivo
Hasta noviembre de 2017, las personas que viven en Villa Mascardi nunca habían escuchado hablar de la comunidad mapuche Winkul Lafquen Mapu. Desde ese momento, la vida en ese rincón paradisíaco, enclavado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cambió.
Mientras los miembros de la comunidad mapuche defienden lo que consideran es un acto de recuperación de parte del territorio comunitario, para las residentes que viven desde hace varias décadas en ese lugar, la ocupación se transformó en una preocupación permanente.
El gobierno del expresidente Mauricio Macri, con su ministra de hierro Patricia Bullrich, en la cartera de Seguridad, no pudo o no quiso resolver el conflicto. Tampoco la administración del exgobernador Alberto Weretilneck hizo esfuerzos por tratar de interceder en la problemática.
En ese lugar ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 el homicidio de Rafael Nahuel, que sigue impune. Pasaron 2 años y medio, y el conflicto en Villa Mascardi sigue latente.
La semana pasada, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda, estuvo en Bariloche, junto con el secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad del gobierno nacional.
Explicaron que habían viajado por el conflicto que la comunidad mapuche Buenuleo mantiene con particulares por la propiedad de un lote de unas 90 hectáreas, ubicado en el cerro Ventana.
Sin embargo, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Gastón Pérez Estevan, les puso sobre la mesa el conflicto de Villa Mascardi, que tiene dos miradas encontradas.
“Le pedí a la gente de Nación que la comisionada de fomento de Villa Mascardi participe de la reunión de trabajo”, comentó el ministro a Río Negro. Inés Marabolis es la presidenta de la comisión de fomento y vivió situaciones de violencia en el lugar.
“Me pareció importante que les cuente en primera persona como viven los vecinos de Villa Mascardi, la preocupación que genera todo esto”, explicó Pérez Estevan.
Dijo que fue importante que los funcionarios de Nación hayan escuchado “de primera persona que es lo que está pasando en Villa Mascardi, la gravedad del tema y la necesidad del abordaje de ese asunto que para nosotros es absolutamente importante”.
Preocupación
El funcionario provincial sostuvo que hay “una situación legal detrás de todo esto”. “No nos vamos a poner a resolver quien tiene o deja de tener la razón en esta cuestión”, comentó. “La preocupación es la violencia diaria, los robos que están sucediendo en el lugar, el amedrentamiento y esta preocupación de que la gente viva amenazada, asustada”, afirmó Pérez Estevan.
“Son pocas personas (las que viven en ese lugar), pero lo cierto es que la están pasando muy mal y, por supuesto, que sobrepasa lo que se puede hacer desde un destacamento policial o desde la propia comisión de fomento”, manifestó.
“Queremos que la gente de Nación entienda el problema de Mascardi, el problema de la ruta nacional 40, a la altura de Villa Mascardi, el problema en la costa del lago y todo lo que esto implica para el turismo”, aseveró.
“Sabemos que muchas veces hay vehículos que reciben impactos de proyectiles de esta gente o los cortes de ruta”, afirmó. “Le pedimos a la gente de Nación que rápidamente lleven adelante la ejecución de algún abordaje para poder transmitirles tranquilidad a los vecinos”, resumió Pérez Estevan.
Marabolis dijo que había participado de esa reunión de trabajo con los funcionarios de Nación, que se hizo el jueves.
Contó que había planteado el problema de la falta de seguridad en Villa Mascardi, donde viven unas 60 personas en forma permanente. Aunque la jurisdicción de la comisión de fomento alcanza a unos 250 habitantes. Y afirmó que todas las denuncias por hechos de violencia se hicieron.
Otra mirada
Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, aseguró que la entidad reconoce a la comunidad Winkul Lafquen Mapu. “Nosotros desde ese reconocimiento, como Coordinadora hemos estado en ese conflicto desde el primer día”, aclaró. Y recordó que en ese momento, cuando ocurrió la grave represión de noviembre de 2017, a manos de fuerzas federales, impulsaron una mesa de diálogo.
“Ese es un dato no menor, para saber ¿cuál es la posición del gobierno de la provincia?”, observó Carriqueo. Dijo que es un asunto que dialogaron con el exministro de Gobierno Luis Di Giácomo y también con Rodrigo Buteler, que hoy esta al frente del Ministerio de Gobierno de la provincia.
“Nosotros entendemos que la comunidad tiene derecho a estar en ese territorio, que ese es un territorio que como todo Bariloche, como toda la comarca Andina, milenariamente es de comunidades mapuches”, aseguró. “Eso tiene que empezar a reconocer la sociedad de Bariloche”, enfatizó.
Dijo que hay muchas comunidades que han sido despojadas de su territorio. Por eso, advirtió que no es el único conflicto de territorio que hay en este momento.
“Nosotros hemos expresado nuestra posición política con el gobierno nacional anterior y con este mismo gobierno provincial: para nosotros no existe ninguna posibilidad que no sea que la comunidad esté en ese lugar”, aclaró Carriqueo.
Violencia
“Los hechos de violencia, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional tienen pruebas de que ha sido la comunidad la que haya roto los baños (por ejemplo)”, aseveró.
“No hay pruebas -agregó-. Se le endilga a la comunidad hechos que no ocurrieron. Me parece que hay una clara intencionalidad de seguir deslegitimando esa ocupación territorial de la comunidad Winkul Lafken”.
“La política del Gobierno de Río Negro no sé si es tan clara, tan transparente, lo que sí tiene una posición que dista de la que tiene la Coordinadora”, advirtió.
Puntualizó que la justicia “aborda desde una posición única los conflictos territoriales con las comunidades y en la provincia de Río Negro tenemos cinco desalojos que nosotros como Coordinadora hemos llamado a resistir”,
“Somos claros que la discusión no tiene que pasar por el Ministerio de Seguridad”, destacó. “Porque ahí deja entrever que la cuestión política no está siendo tomada como central en la discusión que es ni más ni menos que un reconocimiento histórico que tienen que tener todas las comunidades y todos los pueblos originarios en la Argentina”, aseguró.
No se hizo el relevamiento
El referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro Orlando Carriqueo dijo que el gobierno de la provincia “el año pasado gastó 2,5 millones de pesos para pagarle al equipo técnico que ellos eligieron y que no hicieron en todo el 2019 ni un relevamiento. Solo hicieron dos actas de constatación”.
Dijo que la plata está rendida, pero “se ha gastado en sueldos de funcionarios y en el trabajo territorial nosotros no hemos visto los resultados”.
Opinó que la Ley 26.160 de comunidad indígenas “es una herramienta que tienen las comunidades para reconocer su territorio”. Aunque, advirtió, “no es la solución definitiva tampoco. Es una herramienta que para muchas de las comunidades tiene una tremenda validez y para otras no alcanza”.
Carriqueo sostuvo que el relevamiento hay que activarlo. “Hay 64 relevamientos hechos en las provincia de Río Negro”, consignó. Aseguró que la amplia mayoría se hicieron, cuando el trabajo estaba bajo la dirección del Codeci y de la Coordinadora, apenas se lanzó la ley.
Dijo que la ley establece que cuando hay organizaciones, el equipo tiene que conformarse bajo la dirección de esas organizaciones comunitarias. “Y eso es lo que hoy el gobierno provincial y el anterior de (Alberto) Weretilneck se negaron a darle ese manejo administrativo del relevamiento a la organización indígena”, aseveró.
Comentó que hoy “la pandemia ha frenado todos los acuerdos de firma, pero nosotros estamos esperando que este relevamiento se termine definitivamente”. De todos modos, consideró que “el relevamiento es una parte del problema territorial”.
Una causa que sigue abierta
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano, Ricardo Guido Barreiro y Richar Gallego, resolvieron el 20 de febrero pasado -en un resolución unánime- conceder el recurso de casación que la fiscalía había presentado para que un tribunal superior revise los sobreseimientos que ellos habían dictado a favor de los hermanos Cristian German Colhuan y Joana Micaela Colhuan.
Los jóvenes habían sido procesados a principios del año pasado por el entonces juez federal de Bariloche, Leonidas Moldes, por el delito de usurpación de un predio ubicado en Villa Mascardi. La usurpación ocurrió, según la imputación, desde el 25 de noviembre de 2017 hasta cuando fueron indagados el 6 y 7 de noviembre de 2018.
Al admitir el recurso de casación, los sobreseimientos de los hermanos Colhuan, que el tribunal de Roca dictó el 19 de diciembre pasado, no están firmes. Por eso, la Cámara Federal de Casación Penal revisará el fallo de los jueces de Roca.
En cambio, el tribunal de Roca rechazó el recurso de casación que los defensores de Cristian Germán Colhuan, María Isabel Nahuel, Martha Luciana Jaramillo, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia y una adolescente habían presentado para que otros jueces revisaran el fallo que confirmó sus procesamientos por el delito de usurpación de un predio de Parques Nacionales, ubicado en Villa Mascardi. A los defensores les queda la alternativa de presentar una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El fallo que el tribunal de Roca dictó en diciembre pasado, que fue impugnado por los defensores y la fiscalía, consigna en un párrafo que cinco de los imputados obtuvieron el reconocimiento legal de la conformación del “Lof Colhuan-Nahuel”, en la calle Tejadas Gómez al 7170 del barrio Virgen Misionera de Bariloche.
Los jueces de Roca afirmaron que como “integrantes del Lof Colhuan-Nahuel, desdeñando la vía legalmente establecida para acceder al reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades indígenas, se establecieron (en noviembre de 2017) junto a otras personas en un sector de Villa Mascardi, situado sobre el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40”.
“Y pretenden permanecer allí invocando derechos que se arrogan como integrantes, ahora de otra comunidad -la denominada “Lafken Winkul Mapu”- que, vale aclarar, no se encuentra inscripta ni en el registro nacional que lleva el INAI ni en el provincial que controla el Codeci”, sostuvieron en el fallo de diciembre pasado, que revisarán los jueces de Casación Penal.
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