Río Negro transferirá agentes a empresas privadas

VIEDMA (AV).- El Estado de Río Negro transferirá agentes públicos a empresas privadas y abonará sus sueldos por dos años.

Para esto, el gobierno provincial concluyó un proyecto de ley para trasladar y financiar puestos de trabajo en empresas privadas.

Los sueldos de los estatales cedidos serán abonados por el Estado durante dos años y, transcurridos ese plazo, la firma deberá incorporarlos como personal propio.

Además, el privado deberá sumar -por lo menos- igual cantidad de empleados con relación laboral a los agentes transferidos desde el Estado.

Con este subsidio para alentar nuevos puestos en la actividad privada, el régimen además pretende mantener instrumentos para renovar y reducir el plantel de la administración pública.

Actualmente, el gobierno provincial está limitado por la falta de fondos o bonos para realizar otras desvinculaciones o retiros voluntarios, que suman 4 mil en los últimos ocho años.

El borrador establece que la traspaso se centrará en el personal en planta permanente, por dos años improrrogables, sólo a solicitud del empleado, y el Estado garantizará el pago de los haberes y cargas sociales.

El proyecto aún no fue remitido a la Legislatura pero ya fue redactado por el ministerio de Coordinación, incluso se evalúa con funcionarios y empresarios del Valle Inferior.

Por ejemplo, el titular del DPA, Mario De Rege reunió anoche en su despacho al titular del Consejo Provincial de la Función Pública, Carlos Oliva, al secretario de la Producción de Viedma, Roberto Brussa y referentes de la actividad privada, entre ellos, el gerente general de Fridevi, Sergio Seisdedos, cuya empresa se habría mostrado interesada en el proyecto de traspaso de personal.

La planta de personal del sector público provincial se redujo en cerca de 4.000 agentes en los últimos ocho años.

Inicialmente, la más importante disminución correspondió a los retiros de más de 900 empleados del Banco de la Provincia de Río Negro y más de 850 agentes de la ERSA, ambos casos generados por sus sendas privatizaciones.

Los otros dos instrumentos en la disminución del personal fueron los programas desvinculaciones con fondos del Banco Mundial y el retiro previsional del decreto N¯7.

Los aportes de la entidad permitieron 1.100 desvinculaciones, con indemnizaciones de dos sueldos por cada año de servicio en la administración pública.

Después, el esquema de desvinculaciones se transformó en tercerizaciones, con indemnizaciones pagadas con bonos Bocep.

Sumaron unas 200 desvinculaciones pero el programa se suspendió cuando se terminaron los títulos nacionales.

Por otra parte, el retiro previsional alcanzaron 1.390 agentes. Ese sistema permitió acceder al beneficio a los agentes públicos de 45 años o mayores, con 20 años de servicios.