El nuevo RIMI para inversiones en riego y mallas antigranizo: una oportunidad que abre un debate técnico

Con la sanción de la Ley de Modernización Laboral comenzó a tomar forma un nuevo régimen de incentivos fiscales para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones en sistemas de riego y en estructuras de protección mediante mallas antigranizo. La medida apunta a un objetivo tan simple como estratégico: aumentar la productividad agrícola mediante la incorporación de infraestructura que permita optimizar el uso del agua y reducir los riesgos climáticos que afectan a muchas producciones regionales.

El RIMI para riego y mallas antigranizo no surge como una política sectorial aislada, sino como parte de un paquete más amplio de medidas fiscales orientadas a estimular inversiones productivas. En un país como Argentina, donde amplias regiones productivas dependen del riego para sostener su actividad, cualquier política pública que incentive la inversión en infraestructura hídrica merece al menos una mirada atenta.

El RIMI introduce básicamente tres instrumentos fiscales:

• El primero es la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para las inversiones vinculadas al riego y a las mallas antigranizo. Equipos, instalaciones y determinadas obras de infraestructura pueden deducirse fiscalmente en plazos más cortos que los habituales. Esto permite que el productor recupere más rápido, vía reducción del impuesto, parte de la inversión realizada.
• El segundo instrumento es la devolución anticipada del IVA asociado a la inversión. En proyectos intensivos en capital, el crédito fiscal del IVA suele transformarse en un saldo inmovilizado durante largos períodos. El nuevo régimen busca evitar ese problema permitiendo su recuperación en plazos más breves.
• El tercer elemento es la reducción del IVA aplicable a la energía eléctrica utilizada para riego, que pasa a tributar la alícuota reducida. Dado que en muchos sistemas de riego el costo energético representa una parte significativa del gasto operativo, este cambio puede tener un impacto relevante en la estructura de costos.

En términos conceptuales, el esquema es correcto. Las inversiones productivas intensivas en capital suelen enfrentarse a un problema clásico: el esfuerzo financiero se realiza en el presente, mientras que los beneficios económicos se materializan a lo largo de muchos años. Los incentivos fiscales buscan justamente reducir ese desfasaje temporal.

En el caso del riego, el impacto potencial es significativo. Sistemas modernos de riego presurizado, redes de distribución eficientes y tecnologías de control pueden aumentar la productividad, mejorar la calidad de los cultivos y reducir la vulnerabilidad frente a variaciones climáticas.

En regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde la fruticultura depende estructuralmente del riego, la protección antigranizo y heladas, la modernización de estos sistemas no es simplemente una mejora tecnológica: es una condición para sostener la competitividad frente a otros países productores.

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Análisis técnico: los interrogantes que abre el RIMI

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La norma establece que las obras de infraestructura vinculadas al riego podrán amortizarse con una vida útil reducida al 60% de la prevista en la legislación general. En el caso de las mejoras que se incorporan físicamente al suelo, como canales, acequias, nivelaciones o reservorios, estas inversiones suelen considerarse inmuebles por accesión, es decir, obras que pasan a formar parte del inmueble rural.

Si se adopta ese criterio, y considerando que este tipo de mejoras se amortiza en 50 años en el régimen general del impuesto a las ganancias, la aplicación del nuevo régimen implicaría una amortización en aproximadamente 30 años. El beneficio fiscal existe, pero sigue reflejando la naturaleza de largo plazo de este tipo de inversiones.

No obstante, la redacción del régimen deja abierta una discusión técnica interesante. La norma se refiere a “infraestructura afectada directamente al riego”, una expresión que podría permitir interpretaciones más amplias en algunos casos. Determinadas obras, como redes entubadas, estaciones de bombeo o instalaciones presurizadas, podrían eventualmente encuadrarse como instalaciones productivas con vidas útiles más cortas.

La forma en que se interprete esta cuestión tendrá impacto directo en el ritmo de amortización de las inversiones y por lo tanto, en la magnitud real del incentivo fiscal. Es probable que este sea uno de los primeros debates técnicos que se generen cuando el régimen comience a aplicarse en la práctica.

En este contexto, la reglamentación del régimen tendrá un rol clave para brindar previsibilidad en su aplicación, dado que la norma utiliza conceptos amplios como, “sistemas de riego” o “infraestructura afectada directamente al riego”. Sería deseable que se establezcan criterios claros y los más explícitos posibles a efectos de otorgar mayor seguridad jurídica a los productores al momento de planificar inversiones que implican compromisos de gran capital a largo plazo.

Más allá de estas cuestiones interpretativas, existe un aspecto estructural que terminará condicionando el alcance real de la medida. El verdadero desafío probablemente no esté solo en el diseño del beneficio tributario sino también en la posibilidad real de financiar las inversiones que se pretende incentivar.

Ese es el punto que terminará definiendo si este nuevo régimen logra convertirse en una herramienta efectiva para modernizar la infraestructura en las economías regionales o si quedará limitado a un alcance más reducido.

(*) Contador Público – Ex AFIP – Ex Dirección de Rentas de Río Negro – Ex Presidente de la Comisión Arbitral (COMARB) – Especialista en Tributación.
Email: robertogil-65@hotmail.com

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