Salariazo unipersonal
El problema del gasto público tiene más que ver con la superpoblación y el clientelismo, que con las remuneraciones de los funcionarios de carrera.
Por ser el presidente Eduardo Duhalde un político profesional notorio por su afición a las encuestas de opinión, sería de esperar que no cometería aquellos pequeños errores que pueden arruinar hasta la imagen de apariencia más sólida. Sin embargo, al aumentar mediante un decreto de «necesidad y urgencia» su propio salario poco antes de advertir a los demás estatales que «no hay dinero» para pagarles los suyos – eventualidad que según el sindicalista Rodolfo Daer desataría «un gran estallido»-, se las ingenió para provocar un escándalo que ha repercutido no sólo en el país sino también en el exterior donde la contradicción así supuesta ha sido tomada por evidencia de un grado de torpeza apenas concebible. Aunque con toda seguridad existen importantes razones de Estado que lo impulsaron a llevar su sueldo mensual de 2.550 pesos en mano a 3.000 pesos, al país le hubiera convenido que Duhalde encontrara una forma menos urticante de mejorar sus finanzas personales. Si bien la transparencia es casi siempre deseable, en ocasiones determinadas, entre ellas las actuales, es mejor no exagerarla. Asimismo, si realmente necesitaba el dinero, sus amigos habrían estado más que dispuestos a aportar a un fondo especial, que no tendría que ser «reservado», destinado a ayudar a integrantes del gobierno en apuros.
En un mundo más sensato, el ajuste salarial nada espectacular que Duhalde acaba de decretar en beneficio propio carecería de significación. Aunque el país está quebrado, todavía está en condiciones de darse el lujo de asegurar a los funcionarios jerárquicos ingresos que sean equiparables con los percibidos por los ejecutivos de muchas pymes. Es más: puesto que la crisis actual se debe en gran medida a la costumbre demente de pagar incluso a los jefes de grandes reparticiones públicas salarios muy inferiores a los que ganarían en el sector privado, práctica que, como es natural, sólo ha servido para estimular la corrupción, la politización y la ineficiencia, la recuperación nacional será imposible mientras sigan deprimidas las remuneraciones de quienes cumplen funciones clave. Puede que al permitirse un aumento Duhalde haya querido insinuar la necesidad urgente de desnivelar los salarios del sector público, pero por tratarse de un populista es más probable que se haya limitado en pensar en las molestias que el decreto que había firmado su antecesor, Adolfo Rodríguez Saá, ocasionaba a sus colaboradores más íntimos.
Aquella iniciativa de Rodríguez Saá – hombre que al igual que los demás presidentes recientes y el actual es dueño de un patrimonio muy respetable- era de inspiración tan demagógica como las muchas otras que a través de los años han contribuido a achatar los salarios del sector público. Tales topes han sido anunciados con el propósito de convencer a la ciudadanía de que el gobierno de turno era consciente no sólo de la necesidad de reducir el gasto público sino también de la importancia de la equidad, de suerte que los que más cobraban tendrían que soportar los ajustes más profundos. Sin embargo, el problema planteado por el gasto público tiene más que ver con la superpoblación y el clientelismo, que con las remuneraciones de los funcionarios de carrera y, de todos modos, el país estaría en condiciones de sostener incluso el sector público existente si éste fuera más eficaz. Lo entiendan o no los políticos populistas, no es concebible un sector público adecuado sin funcionarios jerárquicos que sean por lo menos tan capaces como sus homólogos de las grandes empresas multinacionales, de forma que es imprescindible que puedan disfrutar de ingresos que no sean grotescamente inferiores a los disponibles en el sector privado. Sin embargo, mientras que la Argentina se ha transformado en una de las sociedades menos equitativas del planeta, el apego hipócrita de sindicalistas y políticos a la idea de la igualdad económica, cuando del Estado se trata, se ha hecho más firme por momentos, lo cual nos ha llevado a la situación aberrante actual en que la decisión del presidente de la Nación de aumentar su propio sueldo a 3.000 dólares mensuales pueda ser motivo de debates airados y de los comentarios indignados de quienes parecen creer que debería conformarse con un salario que ellos mismos rechazarían con desprecio.
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