Salud privada: paro en suspenso y un convenio clave a punto de caer

Nueva conciliación obligatoria en el conflicto de los empleados de clínicas y sanatorios. Al mismo tiempo, PAMI negocia para evitar el cese de un vínculo que afectaría a los hospitales públicos.

Mañana no habrá paro de los trabajadores del sistema de salud privada de todo el país. El Ministerio de Trabajo de la Nación extendió la conciliación obligatoria y buscará que se llegue a un acuerdo en los próximos cinco días. Pero en la región hay otros conflictos simultáneos a ese reclamo salarial. Y si no tienen solución, podrían repercutir incluso en la red de hospitales públicos del Alto Valle.

La situación más compleja se presenta en Roca, donde la institución con mayor capacidad de internación en terapia intensiva anticipó a PAMI su decisión de interrumpir el vínculo, a partir de los valores que paga la obra social del Estado nacional.

RÍO NEGRO consultó ayer a referentes de PAMI en Buenos Aires sobre la posibilidad concreta de que los afiliados tengan que recurrir a alternativas fuera de la cobertura habitual para conseguir atención en ese centro, que es uno de los de mayor complejidad en la zona.

“Todavía no hay definiciones sobre el Sanatorio Juan XXIII. Se está negociando”, respondieron los voceros desde nivel central del instituto.

La información a la que accedió este diario indica que el convenio que garantiza la cobertura a los afiliados en las instalaciones del centro roquense vence este fin de semana.

De no existir un acuerdo, los afiliados tendrán dos caminos por delante, ambos difíciles de recorrer: deberán pagar de sus bolsillos las prácticas o la atención recibida en internación, o tendrán que recurrir a un hospital, donde la disponibilidad de camas existe, pero con las limitaciones propias de este tiempo de pandemia.

La decisión del Sanatorio Juan XXIII ya había sido anticipada semanas atrás por la Federación de Clínicas de Río Negro (Feclir), cuando se profundizaron los reclamos al gobierno nacional y a los financiadores del sistema de salud, para que reconozcan los mayores costos que tienen los prestadores desde la llegada del covid-19 al país.

Los referentes del sector privado aseguran que sin esos incrementos es imposible garantizar los aumentos salariales que piden sus empleados.

Sin embargo, los gremios que representan a los trabajadores sostienen que esos argumentos son falaces y por eso ayer -más allá de la conciliación obligatoria- ratificaron el plan de lucha.

Marcelo Rodríguez, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) en Roca dialogó con RÍO NEGRO y aseguró que “no vamos a aflojar hasta lograr la recomposición salarial de un 45%”.

“Quedó demostrado que nuestro reclamo es justo y legítimo, no es una cuestión de merecimiento, somos trabajadores con un valor irrenunciable”, expresó el dirigente.


Reprogramación y “gran marcha nacional”


Luego de conocerse la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que extendió la conciliación obligatoria, la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) reprogramó el paro previsto para este jueves para el próximo miércoles 4 de agosto.

Al mismo tiempo, desde la entidad se convocó para esa jornada a una “gran marcha nacional”.
A nivel regional también hubo expresiones de los referentes sindicales.

A través de un comunicado de prensa, desde el gremio ATSA de Rio Negro aseguraron que seguirán visibilizando la situación crítica que atraviesan los trabajadores del sector.

“Durante la última semana demostramos que tenemos una organización que nos respalda, que somos responsables y nuestra fortaleza es el camino para lograr los objetivos colectivos que nos proponemos; esto puede endurecerse con una marcha a nivel federal si no se consigue el 45%”, indicó Marcelo Rodríguez.

En la actualidad, un enfermero tiene un ingreso básico que ronda los 55 mil pesos -se debe sumar el 25 % de zona y restar el 18% de cargas sociales- por lo que su sueldo no supera los 57 mil pesos. Una mucama percibe de bolsillo 48 mil pesos.

El documento de Trabajo que extendió los plazos de la conciliación obligatoria deja en claro que si bien “persisten las causales que dieron origen al conflicto”, la prórroga de la medida dictada en junio es a raíz de “la importancia de la actividad afectada cuya prestación resulta esencial para asistir a la sociedad en el marco de la actual emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la Pandemia” y “en procura de lograr un acuerdo sobre el conflicto planteado”.


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