El “costo covid”: crece una pelea que afecta a 15.000 trabajadores en la región

Clínicas y sanatorios dicen que no pueden dar aumentos porque no se actualizan sus aranceles. El acuerdo actual vence el 30 de este mes y ATSA prevé medidas.

Clínicas y sanatorios afirmando que los costos superan ampliamente a los ingresos. Obras sociales asegurando que pagan lo posible y que no son responsables de las distorsiones. Empresas de medicina prepaga camino a la Justicia porque el gobierno no les permite aumentar las cuotas. Y en medio de esas presiones cruzadas, miles de trabajadores y usuarios del sistema de salud esperando que las respuestas estén a la altura de las circunstancias.

La segunda ola de covid-19 no sólo está acercando a la Argentina a las 100.000 muertes. También hizo que aumentaran las tensiones por el financiamiento de la red sanitaria, con emergentes palpables en Río Negro y Neuquén.

El viernes pasado fue la Federación de Clínicas y Sanatorios Privados de Río Negro (Feclir) la que hizo visibles los reclamos, con un documento orientado principalmente al PAMI.

La entidad expuso las importantes diferencias entre los montos reconocidos por el instituto nacional para la atención a personas mayores con covid-19 y los costos de un día en terapia intensiva.

Esta semana el eje está posicionado en otro sector fundamental del sistema privado: los empleados.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) le comunicó el lunes al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que, sin una debida actualización de los aranceles de las prestaciones, el sector no podrá afrontar la discusión paritaria correspondiente al 2021.

En Río Negro y Neuquén son alrededor de 15.000 los trabajadores de clínicas, sanatorios y hospitales privados, cuyos salarios se rigen por un acuerdo nacional que tiene fecha de vencimiento el próximo miércoles 30.

Esa cercanía temporal hizo que la presión aumentara y desde la delegación rionegrina de ATSA advirtieron que será difícil evitar medidas de fuerza si no existe un incremento en los sueldos que se equipare al menos con el aumento de la canasta básica alimentaria.

“Es el segundo año con más sobrecarga de trabajo en toda la historia del sistema de salud. Si llegamos al 30 sin acuerdos, se harán asambleas en cada una de las instituciones para resolver cómo continuamos con el reclamo”, dijo a RÍO NEGRO la secretaria general del gremio en la provincia, Gloria Ovejero.

Referentes de Feclir que también dialogaron con este diario indicaron que ellos también consideran legítimo el pedido de los trabajadores, pero que la realidad financiera impide firmar un acuerdo con garantías de cumplimiento y por eso necesitan que se actualicen los aranceles de las prestaciones atrasados correspondientes al 2020 y lo acumulado al primer semestre de 2021. Además están pidiendo la continuidad de las medidas de ayuda para el sector implementadas por el gobierno nacional hasta tanto dure la pandemia.

La FAPS presentó un documento al ministro Moroni, detallando los aumentos de los costos laborales y de insumos relacionados con la pandemia. También reflejaron una caída general del 30% en la cantidad de pacientes atendidos mensualmente en prácticas ambulatorias o en patologías no covid (en el caso de internaciones), como consecuencia de las restricciones implementadas y de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.


Una estructura de erogaciones alterada


Desde la Federación de Prestadores -que agrupa a nueve asociaciones y cámaras de la salud privada de todo el país- advirtieron que es “particularmente crítico” el gasto en medicamentos para el tratamiento de pacientes con covid-19.

“Tanto es así que llegó a revertir la estructura de costos de un sanatorio: lo que era 74% costo laboral y 26% costo no laboral, ahora es 52% costo laboral y 48% costo no laboral, actualizando anualmente los salarios acorde con la inflación”, se indicó en un comunicado oficial.

Desde FAPS detallaron que, por ejemplo, “un día de terapia intensiva de un paciente covid respirado tiene un costo de alrededor de 100 mil pesos diarios para una clínica mientras que, en promedio, los financiadores -con todos los módulos covid incluidos- abonan un arancel que no supera los 55 mil pesos”.

“Esta diferencia puede agravarse dependiendo el financiador, pero está claro que, con estos números, ninguna clínica puede subsistir mucho más tiempo”, afirmaron.


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