Dictan la conciliación obligatoria y no habrá medidas en clínicas y sanatorios privados de la región

El gobierno nacional intervino a último momento, para dejar sin efecto el plan de lucha de los trabajadores y la suspensión de atenciones que habían anunciado los prestadores.

El gobierno nacional dictó esta tarde la conciliación obligatoria y las medidas de fuerza que iban a comenzar mañana en las clínicas y sanatorios privados de la región y del país quedaron desactivadas.

La decisión del Ministerio de Trabajo llegó a último momento en el conflicto, ya que este miércoles vence el convenio salarial vigente y desde julio debería fijarse un nuevo esquema salarial, con aumentos para los trabajadores del sector.

La intervención de la cartera que conduce Claudio Moroni no sólo dejó sin efecto el plan de lucha que había lanzado la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), sino que también hizo retroceder una medida que había anunciado horas atrás la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). Esta entidad, que representa a nivel nacional a más de 700 instituciones del subsector privado, había resuelto la suspensión de las atenciones programadas no urgentes durante mañana y pasado.

Clínicas, sanatorios, hospitales y otros centros de atención privados dan trabajo a unas 15.000 personas en Río Negro y Neuquén.

La seccional rionegrina de ATSA había anunciado hoy diferentes esquemas de retención de servicios, como señal de protesta ante la falta de avances en las paritarias nacionales.

En Bariloche, por caso, las asambleas de los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) habían decidido realizar la retención de 10 a 14 y de 14 a 18.

“Hace más de 490 días que venimos en la lucha contra el covid-19, en la primera línea como les gusta decir a algunos, y nos encontramos con que las cámaras de la salud privada se negaron a abrir las paritarias de sanidad como mecanismo de presión para lograr el aumento de la cápita de las obras sociales y prepagas”, dijo esta mañana Esteban Romero, referente gremial de ATSA en la zona cordillerana.

El dirigente gremial recordó que dos meses atrás ya vislumbraban un conflicto en puerta con la demora del cierre de la paritaria de 2020, que finalmente concluyó con una recomposición otorgada en mayo. Ahora plantean un aumento del 45%.

Desde el sector empleador sostienen que ese pedido de incremento salarial es legítimo, pero aseguran que no cuentan con los recursos necesarios para garantizar los pagos en tiempo y forma.

En ese sentido, hoy volvieron a reclamar al gobierno nacional y a todos los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga) “la urgente actualización de los aranceles prestacionales”.

“Nuestro principal compromiso como prestadores de salud es con la vida, con nuestros equipos de salud y con las instituciones”, expresó José Sánchez, presidente de la FAPS, y recordó que “siete de cada diez argentinos es atendido por el sistema de salud privada, que ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante la pandemia”.

La resolución del Ministerio de Trabajo insta a las partes a “dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.

La cartera laboral exigió a las cámaras empresariales “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona”.

Finalmente, se convocó a una audiencia para el próximo miércoles 7 de julio a las 13 en Ministerio de Trabajo, para continuar con las negociaciones.


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