Se reinició el juicio contra ex funcionarios en la gestión de Saiz

Accatino, Tait y Belacín se abstuvieron inicialmente de prestar indagatorias aunque hablaron dos testigos, incluyendo a la ex Escribana General de Gobierno.



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Accatino es uno de los imputados por haber tramitado cesiones de tierras fiscales en Río Negro.(Foto: Marcelo Ochoa )

Con nuevo tribunal, se reinició hoy el juicio por la irregular cesión de tierras fiscales en Río Negro en la gestión de Miguel Saiz donde están imputados tres de sus ex funcionarios -entre ellos, el ex ministro Juan Accatino. Ellos se abstuvieron inicialmente de prestar indagatorias aunque hablaron dos testigos, incluyendo a la ex Escribana General de Gobierno.

El debate se abrió el 13 de junio pero, inmediatamente, pasó a un cuarto intermedio por bajas en su integración, puntualmente la recusación a la camarista civil María Luján Ignazi y, después, se sumó la excusación del camarista laboral Rolando Gaitán, ambos integrantes como subrogante el tribunal penal presidido por Guillermo Bustamante. Se sumaron otros dos subrogantes: el camarista laboral, Gustavo Guerra Lavayén y el juez penal Carlos Mussi.

El presidente del cuerpo convocó a los imputados y les ofreció hablar en sus indagatorias para defenderse de las acusaciones. Se trata del ex ministro Accatino, y los ex funcionarios de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait.

A ellos se les imputan haber tramitado cesiones de tierras fiscales de Río Negro en forma irregular, procesándolos por “fraude a la administración pública por administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los imputados -argumentando recomendaciones de su defensor, Manuel Maza- no hablaron ayer y anticiparon que lo harán al final del debate.

Una ex empleada de Tierras fue la primer testigo aunque la situación más densa se originó con la ex Escribana General de Gobierno, Cecilia Bagli, que se ocupaba de las escrituras de las cuestionadas cesiones de tierras fiscales.

En el marco del relato del procedimiento, la ex funcionaria contó que “nunca se aplicó” aquel decreto referido a los 5 años de restricción del plazo para las reventas a terceros por parte del primer titular del inmueble, lo cual, originó un fuerte interrogatorio. Ocurre que las acusaciones y los procesamientos están centrados en el incumplimiento por parte de los ex funcionarios de esa normativa vigente.


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