Sesionaron de apuro para evitar el aumento a jueces

Los diputados neuquinos aprobaron anoche un cambio en la ley para evitar otro aumento. Severa crítica del TSJ

NEUQUEN (AN) - Los diputados provinciales modificaron anoche, de apuro, la ley con la que se quiso evitar el conflicto salarial en la Justicia y que amenazaba con crear uno nuevo, al interpretar el Tribunal Superior que la norma otorga aumentos de hasta 2.000 pesos para los magistrados. La cúpula del Poder Judicial, en una dura acordada, llegó a decirles los legisladores que habían incurrido en “defectos de técnica legislativa”.

Los diputados, que se enteraron por “Río Negro” de la advertencia del Tribunal Superior, consideran que la ley que sancionaron hace diez días es clara y resuelve el conflicto, pero de todos modos resolvieron, en cuestión de horas, reunirse por la noche para “aclarar lo que está claro”.

Una vez que leyeron la acordada del Tribunal y los inéditos términos que escogieron sus vocales para expresarse en el documento, los legisladores se reunieron, hacia las nueve de la noche, en la sala de comisiones y, en un hecho con pocos precedentes en los últimos años, cerraron el ingreso a la prensa.

La sesión fue convocada para una hora más tarde, pero lo que parecía sencillo se complicó porque los vocales de la cúpula judicial no sólo cuestionaron la fórmula del cálculo de la antigüedad, que es lo que dispararía los sueldos de los jueces, sino casi toda la ley. Y les reprocharon a los diputados que se hayan apartado de un acuerdo que firmaron hasta los presidentes de los bloques políticos.

Todo se inició porque debía blanquearse, por cuestiones previsionales, una porción del sueldo de los jueces que desde 1991 se liquidaba en negro y que llega a los 2.900 pesos en el caso de los vocales del TSJ.

Para no dañar la intangibilidad de los ingresos de los magistrados, se buscó una fórmula que supone un aumento proporcional a los descuentos de ley.

Pero como los empleados de la justicia están “enganchados” a los sueldos de los jueces, hubo que acordar con su gremio un esquema que les signifique mejoras a los trabajadores.

Hubo un modelo de solución pactado por los tres poderes del Estado y las organizaciones de jueces y empleados, pero finalmente la ley no respetó exactamente lo que allí se había escrito.

Los vocales del Tribunal Superior detectaron que la nueva norma blanquea el adicional de la discordia y establece que no será bonificable, pero no lo quita del cálculo de la antigüedad, que es del 2 por ciento anual, lo que abre la puerta a nuevos reclamos de los jueces.

La cúpula del Poder Judicial también les hizo notar a los diputados que en la ley nada se dice sobre las demandas que jueces y empleados iniciaron para obtener el blanqueo, en el caso de los primeros, y el “enganche” sobre esa suma, en el de los trabajadores rasos.

Lo que debería haberse incorporado -dijo el TSJ- es una cláusula que establezca que sólo desistiendo de la demanda podrán incorporarse al nuevo esquema salarial.

“La solución a la que se ha arribado pierde toda legitimidad y fundamentación política: una de las partes del conflicto -magistrados, funcionarios y agentes demandantes- ha logrado la plena satisfacción de sus requerimientos y la otra -el Estado provincial- no ha obtenido más que una precaria pacificación social y laboral, a costa de una seria afectación de los intereses del Poder Judicial, sumiéndolo en una difícil situación financiera”, escribieron los vocales en la acordada.

Cuestionaron la actitud del Tribunal Superior de Justicia

NEUQUEN (AN).- Los presidentes de los bloques del MPN y la Alianza, Julio Falleti y Raúl Radonich, cuestionaron la “especial interpretación de la ley” y el no contemplar “el espíritu del acuerdo que luego se convirtió en ley” que realizó el Tribunal Superior de Justicia y que obligó a los legisladores a sesionar para “aclarar aún más lo que está claro”.

Según Falleti, “partimos de un acuerdo abarcativo para solucionar un problema de fondo y siguen los jueces sin interpretar el sentido de la ley”. La sesión entonces será para “salvar este error involuntario porque el concepto y el espíritu del legislador era que se interprete que de estos sueldos no se tocaba una moneda”.

Del acuerdo participaron el TSJ, los diputados y el gremio. Al interpretar el máximo tribunal que la suma debía ser bonificable sentó precedente para el caso de que algún magistrado presente un recurso administrativo. Falleti cuestionó la actitud del TSJ por considerar que “este acuerdo fue un convenio entre las tres partes y ahora no se pueden abrir”.

El aliancista Raúl Radonich opinó por su parte que el tribunal realizó una “interpretación muy especial que de ninguna manera se desprende ni del texto ni del espíritu de la ley”. Afirmó que para hacer cumplir una ley “hay que interpretarla y para interpretarla hay que ir a su espíritu que fue claro”.


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