Sigiloso traslado a Chile de los miembros del ex grupo Lautaro

NEUQUÉN (AN)- Dos ciudadanos chilenos que estaban detenidos en Neuquén fueron trasladados bajo inusitadas medidas de seguridad a su país, donde los acusan del asesinato de un policía.

El operativo de traslado, que recién trascendió hoy, comenzó en la Unidad 11 del Parque Industrial neuquino a las 16 del martes cuando una caravana de vehículos de Gendarmería trasladó a Freddy Fuentevilla (38) y Marcelo Villarroel (36) hasta el paso internacional Pino Hachado, adonde llegaron a las 22.

Allí los esperaban seis patrulleros policiales chilenos. Se hizo el trasbordo y, siempre por tierra, los detenidos fueron trasladados hasta Lonquimay.

En un helicóptero los llevaron hasta Temuco, donde fueron subidos a un avión policial que los depositó, a las 4 de la mañana de ayer, en Santiago de Chile. A las 11 se enfrentaron a un tribunal y quedaron imputados (formalizados, según el término que se utiliza en Chile) por el crimen ocurrido en octubre de 2007 y con prisión preventiva.

Al ingresar al Tribunales, Villarroel gritó «ustedes son los verdaderos criminales del Estado», y Fuentevilla dijo: «mientras existe miseria habrá rebelión; la subversión podrá dormir pero no desaparecerá nunca».

Ambos formaban parte del grupo Lautaro, que enfrentó a la dictadura de Augusto Pinochet y al cual se dio por desarticulado en la década del 90.

Luego del asesinato del cabo de policía Luis Moyano durante un asalto a un banco en la capital chilena, Fuentevilla y Villarroel escaparon a Argentina. En marzo del año pasado fueron detenidos durante una trifulca en un bar de San Martín de los Andes y condenados a tres años de prisión por tenencia de armas por la Cámara de Zapala.

Luego de una larga tramitación judicial y diplomática, Migraciones dio la autorización para que ambos sean expulsados del país.

Durante todo este tiempo se generó un movimiento de resistencia a la extradición. Al mismo tiempo a los acusados les atribuyeron numerosos intentos de fuga y a la novia de uno de ellos la investigaron por el presunto intento de ingresar explosivos a la cárcel.

Los medios de prensa de Chile informaron ayer que el fiscal Andrés Montes pidió seis meses para culminar la investigación del asesinato, pero el juzgado de garantías le otorgó cuatro.

Mientras tanto, los sospechosos permanecerán detenidos en una cárcel de alta seguridad. El fiscal consideró que dejarlos en libertad implica «un peligro para la sociedad».