Sin atenuantes

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Tanto en nuestro país como en muchos otros, hoy en día es habitual que las autoridades traten con tolerancia actos delictivos cuando éstos se producen en el contexto de un conflicto político o sindical, actitud que en parte puede atribuirse a la conciencia de que durante el Proceso la política, lejos de ser tomada por un atenuante, fue considerada un agravante, pero también en parte al temor a eventuales represalias. Así las cosas, ha ocasionado cierta sorpresa el fallo del Tribunal Oral de Mar del Plata que acaba de condenar a cinco años y medio de prisión a un piquetero llamado Emilio Alí que, acompañado por otros militantes, había aprovechado un paro nacional que se celebró en mayo del año pasado para irrumpir en un supermercado de la ciudad y exigir bolsas de alimentos. Puesto que a lo ancho y lo largo del país muchas personas han hecho lo mismo, además de bloquear carreteras, romper los vidrios de bancos y tirar piedras contra la policía con la más absoluta impunidad, es de suponer que Alí había dado por descontado que semejante conducta no le plantearía riesgo alguno, pero a pesar de las ruidosas protestas de sus simpatizantes los tres jueces marplatenses no compartieron aquel punto de vista.

Podría decirse que Alí, quien pidió disculpas por lo que hizo, ha tenido mala suerte, pero dadas las circunstancias era claramente necesario que algunos jueces se animaran a recordarles a los activistas que el hecho de que el país esté experimentando una crisis angustiante y que abunden los ejemplos de injusticia no significa que es suficiente imputar cualquier acto a las exigencias de la «lucha social» como para juzgarlo permisible. Antes bien, en tiempos como los actuales en los que resulta sumamente fácil formular denuncias genéricas, achacando todo lo malo al «modelo» o a la influencia del Fondo Monetario Internacional, es preciso que los encargados de administrar la ley reaccionen con mayor severidad porque de lo contrario serán cada vez más los tentados a hacer gala de su desprecio por la ley. Se trata de un principio evidente, pero muchos dirigentes, resueltos a impresionar a la ciudadanía con su sensibilidad social, se han negado a comprender que si optan por pasar por alto los desmanes presuntamente relacionados con el estado del país los militantes más combativos procurarán obligarlos a prestarles atención cometiendo actos más violentos. Por razones nada misteriosas, a menos que las autoridades insistan desde el primer momento en que ciertas formas de protesta son inadmisibles, los conflictos continuarán cobrando más intensidad por momentos hasta que al gobierno le sea necesario elegir entre resignarse a la anarquía por un lado y, por el otro, ordenar a policías y gendarmes reprimir con dureza. En tales circunstancias, la permisividad judicial puede resultar tan peligrosa como la flexibilidad gubernamental: en las ocasiones en que tanto el gobierno nacional como los provinciales han cedido frente a bandas de piqueteros, lo único que han logrado ha sido asegurar que en otras partes del país surjan grupos similares que reclamen las mismas concesiones.

La existencia de supermercados cerca de zonas sumamente pobres los ha convertido en blancos favoritos de los activistas profesionales, elección que muchos políticos de actitudes populistas parecen haber aceptado como perfectamente lógica, acaso porque de este modo pueden insinuar que en última instancia no son ellos mismos sino los comerciantes los responsables de la situación del país y por lo tanto los que deberían remediarla. Sin embargo, si estos dirigentes reconocen que es malo o, si se prefiere, injusto que algunos puedan comer bien y otros no, también deberían subrayar que correspondería al Estado o, en su defecto, a organizaciones caritativas distribuir alimentos o brindar a los carenciados los medios necesarios para comprarlos. Con todo, aunque no es razonable esperar a que los supermercados sustituyan al Estado en este ámbito o en cualquier otro, son muchos los políticos y otros que, a pesar de su costumbre de reivindicar el papel tradicional del sector público, por omisión tratan de hacer pensar que a su entender «la solución» para los problemas sociales más urgentes del país debería ser aportada por empresas privadas determinadas.