Sin responder, Cristina negó favorecer a Báez y apuntó a Macri por obras concedidas a su primo

La ex presidenta se despegó de Báez, atacó por contrataciones de la obra pública de Macri y denunció “persecución política”.



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La ex presidenta Cristina Fernández aseguró hoy en la Justicia que no es “amiga ni socia comercial” de Lázaro Báez, rechazó haber direccionado la obra pública en favor del empresario detenido y contraatacó disparando el presidente Mauricio Macri porque habría favorecido a la empresa constructora de su primo, Angelo Calcaterra, en la financiación de las obras del soterramiento del tren Sarmiento.

“Si los fiscales quieren investigar favorecimientos en la obra pública, que investiguen los favores a IECSA”, la firma de Calcaterra, por parte del gobierno nacional, disparó la ex presidenta durante la audiencia de declaración indagatoria que prestó ante el juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Tal como lo había expuesto su defensa en un escrito, Cristina consideró que el gobierno de Macri modificó, a través del decreto 797/2016, “el contrato original” firmado por su administración para hacer las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, donde se exigía “el financiamiento privado”, y procedió a otorgarle 45.000 millones de pesos de “fondos públicos” al consorcio adjudicatario de las obras integrado por “IECSA, del primo de Macri, la italiana Ghella y la brasilera Odebretch”.

A raíz de esos dichos, los fiscales Pollicita y Mahiques, según las fuentes, resolvieron en la misma audiencia que actuarán de oficio y radicarán mañana una denuncia penal para que se investigue, por cuerda separada, si allí existió algún delito.

La ex jefa de Estado está acusada de direccionar discrecionalmente las obras viales en favor de Báez por 16.000 millones de pesos, en medio de irregularidades en las contrataciones y sobreprecios y pese a que muchos emprendimientos no se concretaron.

Sin contestar preguntas, Fernández aclaró que iba a hacer una exposición en donde repitió varios de los argumentos planteados por su defensa en escritos previos.

Según fuentes judiciales, aclaró que en todos los gobiernos se pone “gente de confianza”, pero consideró “ridícula y sesgada” la acusación en su contra y afirmó: “No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez”.

También dijo que no tenía “ni idea” de esos contratos y aseguró que de la obra pública “se encargaba el Parlamento”.

Insistió en solicitar que se realice “una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos”.

Tal como lo había hecho semanas atrás, Fernández planteó que se declaren nulos el dictamen fiscal y el llamado a indagatoria porque el fiscal Mahiques es hermano de Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura.

Y denunció que su situación judicial es una “persecución política”, similar a la que ocurre en la región “contra gobernantes que se han esforzado por la inclusión social y los vulnerables”.

En su exposición, la ex presidenta recordó que la figura penal de “asociación ilícita” que en principio se le adjudicaba en la acusación fiscal “fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores”.

Fernández ingresó a las 10.13 al edificio de Comodoro Py 2002, de la Ciudad de Buenos Aires, por una puerta lateral, durante toda la audiencia se mantuvo “en calma” y se retiró a las 12.59 por el mismo sitio que había llegado.

Antes de que el coche arrancase y saliera de los tribunales, bajó la ventanilla de su lado y bromeó en diálogo sonriente con un colaborador que la despedía: “Sólo faltó (Ricardo) Lorenzetti”, en referencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Unos tres mil militantes la acompañaron a la distancia, apostados sobre la avenida Antártida Argentina, liderados por Martín Sabbatella y Luis D’Elía y dirigentes de La Matanza.


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