Sin sanciones por paro del transporte

El municipio de Bariloche no envió los contratos para saber si multarán a empresarios.

Redacción

Por Redacción

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Empresarios de Tres de Mayo y Codao dejaron sin servicio a Bariloche durante una jornada.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A casi un año del paro patronal que dejó sin servicio de transporte a toda la ciudad el municipio no envió aun los contratos de concesión requeridos por la dirección Comercio Interior para determinar si corresponde sancionar a las empresas. La denuncia presentada por la Asociación de Consumidores Patagónicos, Acopa, exige el resarcimiento a los usurarios perjudicados por el lock out de transporte que realizaron las empresas Tres de Mayo y Codao que en abril de 2010, a la par de la sanción que pudiera corresponderle a las prestadoras. A la par, decenas de usuarios promovieron denuncias independientes que tampoco fueron resueltas aún. Las presentaciones se encuadraron en los artículos de la ley 24240 que establecen la obligatoriedad de informar con anticipación a los usuarios las modificaciones del servicio y penaliza el incumplimiento de los recorridos mínimos. El caso fue evaluado en primer término por la oficina municipal de Defensa al Consumidor, Omiduc, que lo derivó a Comercio Interior tras el fracaso de la instancia de mediación. La presidente de Acopa, Aurelia Scheppis, aclaró que la demora obedece a la complejidad de los trámites administrativos y que depende de la obtención de los contratos de la concesión –por entonces vencida– para determinar el alcance del incumplimiento. Scheppis aseguró que la organización sostendrá la demanda de retribución a los usuarios hasta las últimas instancias aunque reconoció no saber cómo se regularía ese resarcimiento dado que “es un derecho nuevo” y que “no hay antecedentes en Río Negro”. En su presentación Acopa reclamó que se restituya a todos los usuarios damnificados por el paro patronal el equivalente a cinco canastas familiares. Por su parte el titular de la Omiduc, Guillermo Perea, informó ayer que el flamante cuerpo de Inspectores labró unas 500 actas de inspección sobre los 3.000 comercios de la ciudad, desde el 17 de enero hasta la fecha, y destacó la buena respuesta recibida. Un 10% de esas actuaciones arrojaron incumplimientos a la ley de Lealtad Comercial de las cuales 7 ya derivaron en multas. “Con las recomendaciones brindadas desde la Oficina y al presencia del cuerpo de inspectores en la calle hubo un cambio sustancial en la forma de exhibir los precios” aseguró Perea. El funcionario detalló que ya recibieron unas 1.800 consultas por incumplimientos contractuales de usuarios y consumidores y se iniciaron unos 600 expedientes con distintas instancias de mediación mientras que otros fueron derivados a Comercio Interior para que determine las sanciones del caso.


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